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NEUQUÉN
El kirchnerismo neuquino presentará un amparo colectivo en el Juzgado Federal Nº1, a cargo de Carolina Pandolfi, para intentar frenar la aplicación de la reforma jubilatoria, que acaba de ser convertida en ley por el Congreso Nacional.
La idea es que esto sea llevado a la Justicia hoy, según indicó Sergio Mayorga, abogado y asesor legal del concejal de Unidad Ciudadana, Marcelo Zúñiga. Explicó que la razón de presentar un amparo colectivo se basa en que lo promuevan organizaciones que representen a jubilados y beneficiarios de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
“El objetivo es que esta medida pueda ser aplicable a todos quienes se vean perjudicados en idéntica situación y que no necesiten presentarse ante la Justicia de manera personal”, precisó Mayorga.
“Queremos lograr que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la ley que afecta derechos adquiridos y reduce los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad: nuestros abuelos y nuestros niños”, dijo Zúñiga.
“Todo esto surgió a partir de reclamos que nos habían hecho vecinos de manera individual que pertenecen a la clase pasiva, además de los representantes de instituciones de adultos mayores y centros de jubilados. Ante este descontento y requerimiento, propusimos poner a disposición nuestro equipo jurídico y legal y determinamos que los más lógico era presentar un amparo colectivo”, indicó el concejal.
Sostuvo que si bien la reforma previsional fue una ley votada por una mayoría ajustada en el Congreso, los “perjudicados” de la futura aplicación de esta norma “pierden derechos adquiridos como también los pocos ingresos que se actualizaban por la ley anterior”.
Reforma
De promulgarse la nueva ley, los jubilados por la Anses recibirían desde marzo de 2018 un aumento de 5,7% en lugar de casi el 14% que correspondería con el criterio actual. Esto sucede porque la nueva fórmula, que combina un 70% de incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec y un 30% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), toma los índices de actualización sobre el tercer trimestre de 2017.
Para morigerar esa merma, el Gobierno estableció, a través de un decreto, el pago de $750 por única vez a los jubilados que “hubieren cumplido los extremos de edad y años de servicios exigidos por la ley vigente al tiempo de acceder al beneficio” y que en marzo próximo no cobren más de 10 mil pesos de haberes.
También fija que un bono de 375 pesos será para aquellos que hayan accedido a la jubilación a través de una moratoria y cuyos haberes tampoco superen los 10 mil pesos.
En el país
Ya existen otras presentaciones
Las presentaciones judiciales, como las que se harán en Neuquén, se basan en un informe que asegura que los jubilados perderán en 2018 un total de 4888 pesos. La mayor pérdida será de $628 en marzo, abril y mayo respecto de lo que cobrarían con la actual Ley de Movilidad.
Otra acción similar ya tuvo lugar en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, una iniciativa que impulsó el intendente Gabriel Katopodis.
El jefe comunal del PJ acompañó a los presidentes de 13 centros de jubilados ante la Justicia y dijo que no permitirá que el Gobierno “tome medidas que le quiten poder adquisitivo a los más débiles”. La medida presentada ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1, de San Martín, es en representación de todos los jubilados de la ciudad y solicita que se dicte la medida cautelar de no innovar debiendo el Estado liquidar los haberes conforme a la Ley 24.241.