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El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, pidió que "se investigue a fondo el accionar del fiscal" de Chubut Fernando Rivarola, quien habló de "desahogo sexual" en un dictamen donde pidió un juicio abreviado para los imputados de violar en manada a una adolescente de 16 años en esa provincia.
“No toleramos más que se le dé la espalda a las víctimas. Es necesaria una reforma de la Justicia y que se investigue a fondo el accionar del fiscal en esta causa”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter, al hacerse eco de la noticia.
Rivarola valoró que la víctima se hallaba en un estado de semiinconsciencia, cambió la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple” y acordó con los abogados defensores de Ezequiel Quintana, Leandro Del Villar y Luciano Mallemaci la realización de un juicio abreviado. De esta manera, la pena podría ser de tres años en suspenso, por lo cual ninguno de los imputados iría a prisión.
Previamente, Rivarola pidió que se habilite la feria extraordinaria para sobreseer a Robertino Viglione, uno de los imputados, que al momento del hecho era menor de edad.
Anteriormente, otro de los acusados, Tomás Soriano, también menor de edad al momento del abuso, fue sobreseído.
Ante el repudio generalizado que desató el dictamen de Rivarola, el ministerio público fiscal de Chubut emitió un comunicado para respaldarlo.
"Recientemente trascendió una frase atribuida el fiscal Fernando Rivarola, cambiando el sentido de los términos, sacados de contexto, sobreexponiendo a la víctima y poniendo en riesgo aspectos cruciales del proceso penal", arranca el texto publicado en la página de esa dependencia judicial.
"El Ministerio Público Fiscal asiste a la víctima a través del SAVD, desde el comienzo de la investigación. Se trata de una joven, menor de edad, amparada por el derecho a la intimidad, al resguardo de su identidad y a la reserva de todas las actuaciones judiciales. En paralelo, tanto ella como su familia reciben detallada información del proceso, participan de las decisiones procesales, reciben protección y asistencia victimológica. Toda decisión asumida por la Fiscalía ha sido consensuada con ella", se agrega en la misiva.
En cuanto a la expresión "desahogo sexual doloso", el Ministerio Público Fiscal de Chubut manifestó: "En palabras simples, el abuso sexual es justamente un conducta que busca el desahogo sexual del autor sabiendo que lo hace sin el consentimiento de la víctima, que va a cometer una ataque sexual, que se trata de un delito, y consciente de ellos avanza sin consideración del daño que va a provocar en esta. Eso es dolo. Por eso, en el contexto de una exposición, el uso de la frase "desahogo sexual doloso", resume lo que escribimos en varios renglones al comienzo de este párrafo, fundamentalmente si se hubiera utilizado en el contexto de audiencias o escritos reservados a los que solo debieran acceder profesionales del derecho que conocen el alcance el término dolo. En las audiencias orales y públicas, la Fiscalía en particular y los operadores del sistema penal en general, procuran en sus planteos y resoluciones, aclarar los términos legales para que se comprendan por quienes no son abogados".
El caso ocurrió durante los festejos de la primavera de 2012 en Playa Unión, en Chubut, cuya investigación comenzó mucho después a partir de una publicación en redes sociales por parte de la víctima y que involucraba a varios “hijos del poder” de Chubut, en este caso nietos de un ex gobernador y de un senador de la Unión Cívica Radical y de un conocido empresario de la provincia.
La denunciante contó que fue drogada y abusada durante la fiesta del Día de la Primavera, hace ocho años. Hubo un sexto integrante del grupo que se quebró y declaró como arrepentido. Responde a las iniciales J. P. y no quedó imputado por su colaboración con la Justicia. Se sabe que su hermano es intendente de un pueblo rural del norte de la provincia y que solamente habría sido testigo de la violación masiva.
Los hijos del poder
Luciano Mallemaci: tiene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón.
Marcelo Ezequiel Quintana: con domicilio fiscal en Caleta Olivia, Santa Cruz, es otro de los apuntados por la joven de haber abusado de ella. Al momento del hecho era mayor de edad y actualmente tiene 29 años. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. Residía al momento de la denuncia en la ciudad de Buenos Aires.
Leandro del Villar: nacido en Puerto Madryn, tiene 28 años y era mayor de edad cuando, según lo denunciado, abusó de la presunta víctima. Según medios locales, jugó al squash y es corredor de karting aficionado. Su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP.
Tomás Soriano: uno de los acusados sobreseídos al ser menores al momento del hecho, nacido y crecido en Gaiman, provincia de Chubut, residía en Miami donde manejaba la compañía Patagonian Sea. Fue inhabilitado a salir del país. La joven lo acusó de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto donde cuatro hombres abusaban de ella. Es hijo de un poderoso empresario de la pesca. Cerca de T.S dicen que las pruebas en su contra eran sumamente endebles.
El sexto acusado no quedó imputado. Habría colaborado con la Justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención: de testigo del hecho. La víctima dijo que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut.