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Este jueves 29 de julio se cumple un mes de la trágica explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, en la cual murieron en el acto los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés; y dos semanas después falleció la docente Mónica Jara producto de las graves heridas. El sindicato docente ATEN realiza un paro provincial y reclama la renuncia de la ministra de Educación, Cristina Storioni; y el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza.
Como parte del avance de la investigación, el pasado 16 de julio se realizaron allanamientos en oficinas del Consejo Provincial de Educación (CPE), el Ministerio de Obras Públicas y la sede de la empresa constructora Arte Construcciones S. R. L, ubicada en Cipolletti, donde se secuestraron computadoras y documentación relativa -entre otras cosas- a la obra y la facturación.
Los materiales fueron trasladados a la sede judicial de Cutral Co y todavía no fueron abiertos, por lo que la fiscalía -a cargo de Sandra González Taboada- y la querella aún no pueden dar precisiones de lo secuestrado.
Uno de los nuevos abogados querellantes de la familia de Jara y Spinedi que fue dispuesto por ATEN, Darío Kosovsky, sostuvo a LM Neuquén que hasta el momento "se ha avanzado con los tiempos razonables, con medidas ágiles y haciendo lugar a las peticiones de la querella". Emanuel Roa Moreno es el otro letrado integrante del equipo, quienes trabajan en conjunto con el perito criminalístico Eduardo Prueger.
ATEN había solicitado la constitución como querellante, lo que en un primer momento le fue rechazado. Sin embargo, por estos días la fiscalía ya está analizando el pedido de reconsideración y ya adelantaron que su aprobación es inminente.
La representación legal de las familias de las víctimas estima que esta semana se abrirá y empezará a analizar toda la documentación secuestrada en los allanamientos realizados hace dos semanas, lo que aportará gran cantidad de información para determinar en detalle las responsabilidades de la tragedia y las obligaciones que debían cumplir las personas involucradas en la obra.
Aún así, con la documentación que ya fue entregada por parte del Ministerio de Obras Públicas, Kosovsky aseguró que "los controles (en la obra) eran muy laxos" y explicó: "Consta que se hicieron las visitas en el lugar, pero la documentación que acompaña las certificaciones de avance de obra no cumple con las exigencias normativas ni de pliego. Falta muchísima documentación relacionada con observaciones, defectos, problemas, elementos de protección personal de los trabajadores, contratos de los trabajadores".
"Empleados y funcionarios de Obras Públicas tenían muchas obligaciones que cumplimentar. El día que se produce la explosión la obra no estaba habilitada, entonces hay mucho que dilucidar, no sólo qué hacían ahí sino qué monitoreo hizo Obras Públicas para que eso no ocurriera", sostuvo el letrado.
La explosión en la Escuela albergue se produjo por una fuga de gas que todavía no se pudo determinar de dónde provenía. Esto constituye un elemento clave para el avance de la investigación ya que a partir de allí se podrá precisar cuál era el defecto de la obra que no fue advertido por los organismos provinciales.
Para esto, explicó el abogado, "hay que volver a hacer medidas de prueba que no se terminaron de completar la primera vez que se fue". Según adelantó, la fiscalía está próxima a emitir un nuevo decreto ordenatorio con distintas medidas de prueba, una de las cuales es una nueva pericia integral en el lugar, específicamente del sistema de gas.
"Es importante sobre todo para determinar cuál es el defecto de obra. Si había una fuga de gas es porque había un problema en la obra: porque en una obra en ejecución no puede haber una fuga de gas, menos en una obra terminada. No habilitada pero sí terminada, según Obras Públicas", agregó Kosovsky.
En línea con los objetivos del gremio docente ATEN, la investigación del cuerpo de abogados pretende "ir hasta el final y en la búsqueda de la responsabilidad de todos y cada uno de los que estaban obligados a que esto no pasara".