El presidente de la AFA había sido citado a indagatoria el próximo jueves 5 de marzo, por un presunto delito impositivo.
La defensa del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, solicitó que se declare la nulidad de su citación a declaración indagatoria prevista para el jueves 5 de marzo, en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por más de $19.353 millones.
El planteo fue presentado por sus abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, mientras que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante deberá resolver si hace lugar al pedido o ratifica la convocatoria.
La estrategia de la defensa se apoya en que aún está pendiente una apelación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico contra la decisión que rechazó el sobreseimiento por inexistencia de delito. Los letrados sostienen que resoluciones del Ministerio de Economía —como la 17/2024 y sus prórrogas— suspendieron ejecuciones fiscales contra asociaciones civiles, lo que, a su criterio, impediría encuadrar el caso en el ámbito penal. También fue apelada la prohibición de salida del país dictada para los imputados.
Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA se opusieron a ese argumento y el juez Amarante respaldó esa postura al considerar que la suspensión de ejecuciones no elimina la obligación tributaria ni habilita a omitir el pago.
La investigación judicial sobre el contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC sumó un nuevo eje: qué gestión concreta realizó Javier Faroni para justificar la comisión del 30% sobre los ingresos comerciales internacionales y el 10% adicional por logística. El interrogante surge a partir de declaraciones públicas del gerente de Marketing y Comercialización de la entidad, Leandro Petersen, quien afirmó que el área interna es la responsable de las ventas, activaciones y acciones con patrocinadores.
El acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino otorgó exclusividad a TourProdEnter LLC para representar comercialmente a la AFA en el exterior hasta 2026. El porcentaje pactado quedó fijado en 30% sobre ingresos internacionales más 10% por tareas logísticas vinculadas a los contratos en los que interviniera.
La discusión judicial ya no se centra únicamente en el monto, sino en la contraprestación. Si el área comercial de la AFA es la que negocia, cierra y ejecuta acuerdos —tal como sostuvo Petersen en entrevistas periodísticas— la pregunta que ordena el expediente es cuál fue el aporte específico de la firma intermediaria.
En los registros bancarios incorporados a la causa figuran giros vinculados a contratos con Adidas y otros sponsors internacionales. En varios casos, las transferencias ingresaron a cuentas en Bank of America y Citibank asociadas a la estructura investigada antes de ser redistribuidas. La Justicia intenta establecer si la empresa participó en la negociación de esos convenios o si operó principalmente como canal de facturación y cobro.
El ejemplo del contrato con Adidas en 2024 resulta central. El patrocinador técnico de la Selección argentina transfirió aproximadamente 25 millones de dólares en el marco del acuerdo vigente. Parte de esos fondos se canalizaron por cuentas vinculadas a la firma contratada. Los investigadores buscan determinar si existió gestión comercial adicional o si el vínculo entre la marca y la AFA se sostuvo en relaciones previas y en la estructura interna del área de marketing.
En el expediente también se analiza la ausencia de evidencia pública sobre generación de nuevos sponsors internacionales, organización de partidos amistosos o apertura de mercados inéditos atribuibles a la intermediaria. Fuentes del caso señalaron que no constan informes de gestión, reportes de captación de clientes ni documentación que detalle negociaciones iniciadas por la empresa.
La hipótesis que evalúa la Justicia es si el esquema pudo funcionar como una vía de desvío de fondos. La comisión del 30% aplicada sobre ingresos que superan los 300 millones de dólares en el período investigado implicaría cifras millonarias. Sin documentación que acredite una contraprestación específica, el análisis se orienta a determinar si se trató de una estructura formal que habilitó la retención de recursos generados por la propia AFA.
Un capítulo paralelo se abrió tras el allanamiento a la sede de la entidad en diciembre de 2025 y enero de 2026. Allí se encontraron órdenes de pago por al menos 300 millones de pesos a la firma Real Central, identificada en documentación societaria como propietaria de una mansión en Pilar. Los comprobantes refieren a “servicios de logística” y contienen menciones al sistema VAR. La Justicia intenta verificar si esos servicios existieron y si guardan relación directa con la operatoria comercial internacional.
El concepto “logística”, previsto en el contrato con un adicional del 10%, se transformó en otro punto crítico. Los investigadores analizan qué tareas concretas abarca ese rubro, cómo se certificaron y quién validó su ejecución. Sin detalles operativos, el porcentaje adicional se suma al cuestionamiento sobre la razonabilidad económica del esquema.
Desde la conducción de la AFA sostienen que el modelo responde a prácticas habituales en la comercialización deportiva internacional y que la estructura permitió centralizar la cobranza en el exterior. Sin embargo, las declaraciones del propio gerente comercial sobre el rol interno en la captación de sponsors introducen una contradicción que ahora forma parte del análisis judicial.