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Por Guillermo Elia
policiales@lmneuquen.com.ar
La Jefatura de Policía ya exoneró a uno de los efectivos vinculados a la cueva de alcohol Elena y tienen todo listo para echar a los otros dos ni bien termine toda la etapa de impugnaciones. Los policías, que se desempeñaban en la Comisaría tercera, se encargaban de avisarle al comerciante que estaba previsto un allanamiento del área de Comercio del Municipio y lo retrasaban lo más posible para que el hombre tuviera tiempo de mover los cajones de cerveza y el freezer.
El policía exonerado es Guillermo Campos y ya están todos los trámites administrativos internos listos para que sigan el mismo camino Hernán Castillo y Carlos Vergara, ni bien concluya la etapa de impugnaciones.
Todos ellos, junto al empleado municipal Héctor Aznal fueron condenados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con violación de secreto de actuaciones, en calidad de autor.
De manera casi inexplicable y con muy poco sentido social de lo que representa una condena por este caso, la jueza Ana Malvido dictó penas mínimas para los condenados. Les dio un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para trabajar en cargos públicos, cuando fiscalía y querella habían solicitado el máximo de la pena, dos años, y la inhabilitación perpetua para que de esta manera no trabajen nunca más en el Estado.
El caso que reveló LMN el 7 de julio de 2017, debió ser investigado en conjunto por el municipio, la fiscalía y el departamento de Delitos de la Policía. Fue así que los pesquisas obtuvieron filmaciones de la venta ilegal de cerveza de parte del dueño del comercio, Hugo Rojas, que tenía entre sus clientes a menores de edad.
A esas evidencias se sumaron las escuchas telefónicas y los mensajes de textos que permitieron dejar al desnudo toda la red de complicidades por las cuales los allanamientos del área de Comercio de municipio fracasaron a lo largo de dos años.
“Vamos a impugnar esa sentencia y presentaremos la apelación porque esto es inadmisible, nosotros pedimos el máximo y le dieron el mínimo, porque consideramos que esa pena no es justa para todo lo que implicó el caso. Esto es un cachetazo para la sociedad”, explicó Javier Pino, el abogado del municipio.
“La jueza minimizó el hecho y hasta pone en duda que se trate de un caso de corrupción cuando todas las pruebas lo mostraron claramente", dijo el abogado.
Desarticulan red de venta clandestina de alcohol