El colmo, por la cueva de alcohol les dieron un mes de prisión en suspenso al municipal y los tres policías

El caso fue revelado por LMN el 7 de julio de 2017. La fiscalía había reclamado dos años en suspenso, que es el máximo de la pena. La jueza consideró que no existían agravantes y le dio la mínima.

POR GUILLERMO ELIA - policiales@lmneuquen.com.ar

La cueva de alcohol Elena cerró con una pena irrisoria de un mes de prisión en suspenso para los tres policías y el municipal que colaboraban con el dueño del comercio para evadir los controles y poder vender en la clandestinidad. Además, le impusieron una inhabilitación de un año.

El caso fue revelado por LMN el 7 de julio de 2017, pero desde marzo de ese año el fiscal Diego Azcárate a pedido del Municipio y en conjunto con el departamento de Delitos habían comenzado a monitorear las actividades del comerciante Hugo Rojas.

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A mediados de marzo de este año se realizó el juicio y la jueza Ana Malvido declaró al municipal Héctor Aznal y a los policías Hernán Castillo, Guillermo Campos y Carlos Vergara responsables por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con violación de secreto de actuaciones, en calidad de autor.

La fiscalía de delitos económicos encabezada por Marcelo Jara y la querella del municipio representada por Javier Pino, solicitó la pena máxima que prevé el código penal que son de dos años en suspenso.

Pero este mediodía en la audiencia, la jueza Malvido entendió que no se daban por acreditados algunos agravantes y que tampoco era comprendido como un acto de corrupción por lo que dictó les dio la pena mínima que es un mes de prisión de suspenso y un año de inhabilitación.

La fiscalía había solicitado la pena de 2 años en suspenso para los cuatro condenados y su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos.

La maniobra

En el primer semestre de 2017, la cueva Elena, ubicada en Belgrano al 2300, comercializaba clandestinamente alcohol en horas de la madrugada. El precio de la botella de cerveza era un 40 por ciento superior por obvias razones y les vendía a todo el mundo, incluido menores de edad.

El que mantenía al tanto de la actividad del municipio era Héctor Aznal, un contratado que estaba en el juzgado de Faltas que es el organismo que libra las órdenes para allanar negocios a pedido del área de Comercio de la Municipalidad.

Aznal ni bien se enteraba de que había un pedido de allanamiento que iba a ser firmado por la jueza de faltas, de inmediato lo llamaba a Rojas para advertirle. Esto le daba al comerciante entre 24 y 48 horas de tiempo para que moviera la mercadería.

Pero no solo Aznal colaboraba con Rojas, sino también los tres policías que, además de avisarle al comerciante, demoraban el procedimiento.

“Después de un largo trabajo, creo que ha sido una cachetada a la sociedad, esta decisión en particular se ha quedado a mitad de camino. Es un pésimo ejemplo para la sociedad”, dijo Javier Pino, abogado querellante, representante de la Municipalidad

A su vez, Rojas tenía un hijo en el Poder Judicial que lo asesoraba desde lo legal y también a la hora de mover los cajones de cerveza le daba una mano.

Así fue que el municipio fracasó una y otra vez en sus allanamientos hasta que le dieron intervención al fiscal Azcárate y con la ayuda de Delitos lograron filmar todo el accionar y se ordenaron intervenciones telefónicas donde quedó al desnudo la red de complicidades.

El ardid que utilizó Rojas para eludir el accionar de Comercio era simple. Tenía su local conectado con otras viviendas en la cuadra por lo que podía mover los cajones de cerveza y hasta el frezzer sin mayores inconvenientes. Su hijo, está los registros, se ofrecía a ayudarle y caía en medio del allanamiento para verificar que los inspectores municipales no fueran más allá del detalle de la orden.

Así se manejó hasta que finalmente se consiguió allanar todas las viviendas y con las filmaciones y las escuchas se desarticuló la cueva y se llevó a juicio y condenó a todos cómplices, pero el comerciante zafó.

2 años Es la pena máxima que prevé el Código Penal.

por el delito que se les atribuyó, los condenados podían obtener hasta dos años de prisión en suspenso. Esta pena fue la solicitada por la fiscalía y el abogado querellante.

Toda una red de complicidades

El ardid que utilizó Rojas para eludir el accionar de comercio era simple. Tenía su local conectado con otras viviendas en la cuadra, por lo que podía mover los cajones de cerveza y hasta el freezer sin inconvenientes. Su hijo se ofrecía a ayudarle y caía en medio del allanamiento para verificar que los inspectores municipales no fueran más allá del detalle de la orden. Finalmente se consiguió allanar, y con las filmaciones y las escuchas se desarticuló la cueva.

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