Polémica: el Gobierno quiere revisar mochilas y prohibir banderas en las marchas

Tras los graves incidentes registrados durante la marcha contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno Nacional analiza un endurecimiento de las reglas que regulan las manifestaciones públicas. La discusión se instaló luego de una jornada marcada por enfrentamientos, detenidos y acusaciones cruzadas.

El miércoles pasado, en paralelo a la sesión en el Senado en la que se debatía la reforma laboral, se produjeron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La escena dejó imágenes de tensión, con lanzamiento de piedras y bombas molotov por parte de algunos grupos, y una respuesta policial con gases lacrimógenos, carros hidrantes y bastones. El centro porteño se convirtió en un escenario de alta conflictividad política y social.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que su cartera evalúa nuevas herramientas de control que incluyen desde la revisión de mochilas hasta restricciones en el uso de banderas.

Nuevas medidas bajo análisis

En declaraciones radiales, Monteoliva sostuvo que su equipo estudia mecanismos para reforzar el protocolo vigente para protestas sociales. Entre las alternativas mencionadas figura la posibilidad de revisar mochilas en los accesos a concentraciones y limitar determinados objetos que puedan ser utilizados como armas improvisadas.

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La funcionaria planteó que algunas banderas fueron empleadas para extraer los palos y arrojarlos contra los efectivos. A partir de ese diagnóstico, el Ministerio analiza restricciones específicas para evitar ese tipo de situaciones. El objetivo declarado es reducir riesgos y prevenir episodios de violencia sin comprometer la seguridad de terceros.

Monteoliva aclaró que las medidas se encuentran en etapa de evaluación y que se busca implementar controles que no pongan en peligro la integridad física de quienes participan en las movilizaciones ni de las fuerzas desplegadas. El debate, de todos modos, ya genera controversia en sectores políticos y sociales que advierten sobre posibles limitaciones al derecho a la protesta.

Disturbios, represión y detenciones

La jornada frente al Congreso dejó un saldo de 71 personas detenidas en distintos operativos. Según la información oficial, 51 arrestos fueron realizados por fuerzas federales y 20 por la Policía de la Ciudad. De ese total, 54 personas recuperaron la libertad en las horas posteriores, mientras 14 permanecen bajo custodia en dependencias porteñas.

Los hombres detenidos fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación ubicado en Barracas, mientras que las mujeres quedaron en la alcaidía femenina de Palermo. Las liberaciones correspondieron a arrestos efectuados por la jurisdicción local.

Durante los enfrentamientos se registraron ataques con piedras y artefactos incendiarios contra el cordón policial. Las fuerzas respondieron con gases lacrimógenos y carros hidrantes para dispersar la protesta. Las imágenes de la represión y de los destrozos recorrieron el país y profundizaron la discusión sobre el uso de la fuerza en contextos de movilización social.

Identificación de manifestantes y acusaciones

En paralelo a las medidas en estudio, el Ministerio de Seguridad informó que logró identificar a cuatro personas acusadas de participar en los disturbios. La ministra difundió sus nombres y sostuvo que serán detenidas en los próximos días.

REFORMA LABORAL PROTESTA

Monteoliva afirmó que los hechos no respondieron a una protesta pacífica sino a una intención de generar inestabilidad. Esa declaración elevó el tono político del conflicto. Desde la oposición cuestionaron la exposición pública de los acusados y reclamaron garantías procesales.

El Gobierno insiste en que el refuerzo de controles, como la revisión de mochilas, busca evitar nuevos episodios de violencia. La tensión entre seguridad y derecho a manifestarse vuelve a ocupar el centro del debate público. Organizaciones sociales y referentes sindicales anticiparon que seguirán movilizándose contra la reforma laboral y que rechazan cualquier restricción que consideren arbitraria.