Allanaron las oficinas del ex presidente español y hallaron objetos que lo comprometen en la causa en su contra por tráfico de influencias y corrupción.
Un operativo policial en las oficinas del ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero profundizó las sospechas en la causa que lo investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción.
Durante el allanamiento, los agentes secuestraron cajas de distintos tamaños —varias de ellas provenientes de una caja de seguridad— en cuyo interior se hallaron joyas y relojes de alto valor. A partir de estos elementos, la Justicia deberá determinar el origen de los bienes y establecer si están vinculados a posibles pagos indebidos o a la utilización de fondos de procedencia ilícita.
El expresidente español quedó aún más comprometido judicialmente tras conocerse estos nuevos detalles del sumario del llamado caso Plus Ultra, una investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción vinculada al rescate estatal de la aerolínea durante la pandemia.
Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el despacho que Zapatero utilizaba frente a la sede del PSOE en Madrid habría funcionado como un “centro operativo” desde donde se coordinaban instrucciones y movimientos relacionados con la trama. Durante el registro policial fueron secuestradas más de veinte agendas, discos duros, pendrives y una caja fuerte con joyas valuadas entre 30.000 y 50.000 euros.
Los investigadores sostienen que el exmandatario utilizaba también su domicilio particular para “gestiones sensibles y recepción de envíos”, con el objetivo de mantener la opacidad de las operaciones.
El caso gira alrededor del rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el gobierno español en 2021 por 53 millones de euros. Parte de esos fondos, según el sumario, habría sido transferida rápidamente hacia cuentas opacas vinculadas a negocios de oro y sociedades instrumentales utilizadas para ocultar movimientos financieros.
La investigación alcanzó al entorno familiar de Zapatero. La UDEF sospecha que empresas vinculadas a sus hijas habrían emitido facturas falsas para encubrir pagos ilegales.
Zapatero deberá declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Su entorno niega todas las acusaciones y sostiene que los indicios son “meras conjeturas”. Mientras tanto, el caso ya provocó un fuerte impacto político en España y aumentó la presión sobre el gobierno de Pedro Sánchez.
Es que el expresidente del Gobierno no sólo es consejero del actual presidente Pedro Sánchez. Para muchos, actuó todos estos años como un embajador "paralelo" ante el régimen de Venezuela. La Justicia busca determinar si estos hechos de corrupción, como el rescate de la aerolínea en plena pandemia también permiten escalar hacia Pedro Sánchez.
La investigación judicial sobre el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero avanzó tras el hallazgo de una caja fuerte con joyas, relojes y dispositivos electrónicos durante un registro policial en su despacho de Madrid, en el marco del denominado “caso Plus Ultra”.
Según el sumario, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron más de un centenar de piezas de joyería -entre anillos, collares, pulseras, pendientes, brazaletes y relojes de distintas marcas- además de discos duros, agendas y documentación vinculada a empresas y consultorías.
Entre los objetos secuestrados había relojes Omega, Longines y Dogma, así como conjuntos de joyas con piedras azules, verdes y granates. También aparecieron 17 agendas correspondientes al período 2020-2025 y carpetas relacionadas con compañías privadas.
La Policía ahora pedirá a un joyero especializado una valoración inicial para determinar el valor real de las piezas y definir si corresponde una pericia oficial más profunda. El entorno de Zapatero sostiene que las joyas provienen de herencias familiares, pertenencias de su esposa Sonsoles Espinosa y regalos recibidos durante viajes institucionales. Según esa versión, el valor total rondaría entre 30.000 y 50.000 euros.
La UDEF investiga si parte de esos bienes podría estar vinculada a presuntas maniobras de tráfico de influencias y movimientos financieros irregulares relacionados con el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión judicial definitiva sobre el origen ilícito de los objetos hallados.
El llamado “caso Plus Ultra” investiga el rescate de 53 millones de euros que el gobierno español otorgó en 2021 a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. La ayuda fue aprobada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) bajo el argumento de que la compañía era estratégica para el país, aunque desde el inicio hubo cuestionamientos políticos y judiciales porque la empresa tenía una participación reducida en el mercado aéreo español.
La investigación tomó un giro mayor cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzó a analizar posibles maniobras de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y facturación irregular vinculadas al rescate. Según el sumario, parte del dinero habría terminado en sociedades privadas relacionadas con empresarios cercanos al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene que Zapatero habría tenido un “liderazgo estratégico” dentro de una supuesta red de influencias que operaba entre España, Venezuela y otros países. La hipótesis judicial indica que el exmandatario habría utilizado contactos políticos para favorecer la aprobación del rescate a cambio de beneficios económicos indirectos.
Entre las pruebas analizadas aparecen contratos que otorgaban comisiones del 1% del rescate a empresas vinculadas a allegados de Zapatero, además de transferencias económicas hacia sociedades relacionadas con su entorno familiar. La UDEF también secuestró agendas, discos duros, joyas y documentación durante registros realizados en oficinas utilizadas por el expresidente.
Zapatero fue imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El caso salpica al actual presidente del Gobierno porque es asesor personal de Pedro Sánchez.