La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de detención contra el expresidente y otras personas por presuntos delitos vinculados a las protestas de mayo y junio.
La Fiscalía de Bolivia ha ordenado este miércoles la detención del expresidente del país Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
Así lo recoge un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno, según publica Infobae.
En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son "alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos".
Morales ha acusado al actual Ejecutivo de estar detrás de la orden de detención, asegurando que "buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".
El exmandatario ha reiterado que está "del lado de quienes sufren" y ha advertido de que "con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado".
"Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar", ha expresado en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La demanda del Comité Cívico Pro Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano 'El Deber'.
De acuerdo a un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo, el "coste" humano de esos bloqueos fueron 22 muertos y 88 heridos, si bien matizó que "se han manejado muchas cifras", recordando que es la Fiscalía quien debe brindar esta información e iniciar los procesos penales "que correspondan".
Según consignó Ámbito, la reducción de los cortes permitió que los mercados comenzaran a recibir nuevamente mercadería. En los últimos días disminuyeron las largas filas y los incidentes registrados en centros de abastecimiento, donde miles de personas intentaban conseguir productos básicos.
Carnes, verduras y otros alimentos volvieron a aparecer en los puestos de venta, aunque la recuperación económica sigue siendo limitada debido a la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población.
La situación del combustible continúa siendo más compleja. Incluso antes de los bloqueos existían dificultades de suministro y, pese a la reapertura de las rutas, todavía se observan extensas filas de automóviles, taxis y colectivos en las estaciones de servicio.
Uno de los factores que permitió mejorar el panorama fue la liberación del tránsito para cientos de camiones cisterna procedentes de Chile y Perú, que permanecieron inmovilizados durante semanas debido a los cortes.
Los vehículos comenzaron a descargar gasolina y diésel en el complejo de Senkata, ubicado en las afueras de La Paz, desde donde se distribuye el combustible hacia distintas regiones del país. Las autoridades esperan que el abastecimiento mejore progresivamente durante los próximos días.