La campaña de Flavio Bolsonaro cuestionó duramente la decisión. El diputado Carlos Jordy denunció que la medida causó "tumulto" y agravó la jornada. La coordinación legal del equipo de Lula, en cambio, defendió la prórroga como una garantía del derecho al voto para los sectores más vulnerables.
De abogado defensor a ministro del máximo tribunal
Nacido el 15 de noviembre de 1975 en Piracicaba, estado de San Pablo, Zanin se graduó en derecho en la PUC-SP en 1999 y comenzó a ejercer la profesión en 2000. Se especializó en derecho civil y procesal, dio clases universitarias y trabajó con el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Su vínculo con Lula comenzó en 2013, cuando se convirtió en el abogado de la familia. Fue la figura central de la defensa del entonces expresidente durante el proceso de la Operación Lava Jato, argumentando que el juez a cargo era parcial. Su trabajo fue considerado clave para que Lula pudiera presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022.
En abril de 2023, con Lula ya en el poder, Zanin fue nominado para cubrir la vacante dejada por la jubilación del juez Ricardo Lewandowski. El Senado lo aprobó el 21 de junio de 2023 por 58 votos contra 18, y asumió el cargo el 3 de agosto, a los 47 años. Sus críticos señalaron desde el inicio la cercanía con el presidente como un condicionante de su independencia. En su audiencia de confirmación, Zanin respondió que un ministro del STF "solo está obligado por la Constitución".
Ya en funciones, integró el panel que juzgó la intentona golpista de 2022-2023 y respaldó el voto del juez Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro y otros imputados fueron condenados por cuatro votos contra uno.
Este domingo, su decisión sobre la prórroga volvió a poner sobre la mesa los interrogantes sobre los límites entre la independencia judicial y la lealtad política en el Brasil más polarizado de las últimas décadas.
