Ese diferencial lo cobran los docentes hace dos años. Es un plus del 15% sobre los haberes que registran un máximo de tres faltas trimestrales.
Los docentes neuquinos cobran hace dos años un adicional docente del 15% trimestral si es que no superan las tres faltas justificadas en tres meses. Ese régimen aprobado por ley es una de las acciones que desde el ministerio de Educación destacaron como positivo para lograr una importante reducción de las licencias.
Además, vincularon ese descenso con una serie de medidas que comenzaron a implementarse desde el inicio de la actual gestión y que incluyeron la recuperación de la auditoría médica por parte del Estado, la puesta en funcionamiento del Sistema Integral de Salud Ocupacional (SISO) y la incorporación de auditores externo.
Según confirmó la ministra de Educación Soledad Martínez a LM Neuquén entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026 se contabilizaron 114.743 días menos de licencia médica en la provincia.
Esos números significan que se registraron 300 certificados menos por día y 9.500 ausencias menos por mes. Martínez aseguró que, medido en términos presupuestarios, el impacto acumulado de la reducción de licencias llega a $28.000 millones hasta septiembre de 2026, desde que asumió la actual gestión provincial.
La ministra sostuvo que la disminución no puede atribuirse a una sola herramienta, sino al conjunto de dispositivos implementados para controlar las licencias y, al mismo tiempo, relevar la situación de salud de los trabajadores.
“Entre todos los dispositivos que pusimos en marcha, entre los que contamos el sistema de auditoría, la ley que crea el fondo de incentivo docente de la Legislatura, más el dispositivo de salud ocupacional, pensando no solamente en la auditoría sino en el relevamiento de la salud psicofísica de los trabajadores de la educación, tuvimos una reducción porcentual muy importante de las licencias médicas”, explicó.
Uno de los datos que destacó la ministra es la duración promedio de las licencias de corto tratamiento. Según informó, cuando comenzó la gestión el promedio era de 15 días de inasistencia por certificado corto, mientras que actualmente ese promedio se ubica en siete días usufructuados.
Martínez vinculó esa modificación con los mecanismos de control implementados sobre las certificaciones médicas. El sistema alcanza a todo el personal del sistema educativo provincial, incluidos docentes, auxiliares y trabajadores administrativos. De acuerdo con la información brindada por Educación, a través del SISO se cargan en promedio 1.100 certificados médicos por día.
La funcionaria explicó que la carga de los certificados es censal, es decir, que todos los certificados presentados por los trabajadores quedan registrados en el sistema. A partir de allí se realizan los procesos de auditoría y seguimiento.
“Ese sistema estaba desarrollado por técnicos del ministerio de Educación y del Consejo Provincial de Educación (CPE), pero se le había entregado a una empresa que hacía la auditoría. Todo eso se recuperó, tenemos un control nosotros”, señaló Martínez.
La dirección Provincial de Salud Ocupacional, que ya existía dentro del Consejo Provincial de Educación, retomó así la conducción del sistema de auditorías médicas, que anteriormente se encontraba tercerizado.
El esquema actual se complementa con un equipo de auditores externos que trabajan mediante contratos de locación de servicios. Según el dato actualizado que brindó la ministra, actualmente son 17 profesionales.
Las auditorías abarcan distintas especialidades y situaciones vinculadas con las licencias, desde clínica médica hasta salud mental y psiquiatría.
Martínez explicó que parte de ese trabajo se realiza mediante controles domiciliarios y que se trabaja por muestreo, con el objetivo de constatar que el reposo laboral indicado en el certificado médico efectivamente se esté cumpliendo.
La ministra remarcó que el objetivo oficial no es solamente controlar las ausencias, sino también avanzar en un relevamiento de la salud psicofísica de los trabajadores de la educación.
En ese marco, también mencionó el trabajo de la dirección de Salud Mental y las juntas médicas que funcionan diariamente en el Consejo Provincial de Educación.
La situación es diferente en los casos de licencias por salud mental y tratamientos de largo plazo. Allí, reconoció Martínez, la determinación de la pertinencia de una licencia y eventualmente su levantamiento presenta una mayor complejidad. "Estamos trabajando en mejorar esos dispositivos con juntas médicas que desarrollamos todos los días", aseguró.
Fany Mansilla, secretaria general de ATEN, reconoció que el fortalecimiento de los mecanismos de control pudo haber tenido incidencia en la reducción de las licencias, aunque evitó atribuir el resultado exclusivamente al adicional docente.
“Lo que creemos es que se debe haber mejorado el contralor, entonces eso pudo haber impactado en la cantidad de licencias”, sostuvo la dirigente.
La mirada del sindicato está puesta además en la evolución que tuvo el propio adicional desde su creación. Mansilla destacó como un avance que las condiciones para cobrarlo se hayan modificado a partir de las negociaciones con el Gobierno.
Según explicó, inicialmente el adicional estaba atado de manera más amplia al régimen de licencias. Con las modificaciones posteriores, se fueron excluyendo determinadas licencias de la condición para percibirlo hasta llegar al esquema que, según la dirigente, actualmente deja como condición las tres faltas injustificadas.
Para ATEN, ese cambio fue significativo porque permitió desvincular el cobro del adicional de situaciones de salud justificadas. “Para nosotros el haber podido transformar el adicional, sacar la condición, es un gran avance”, sostuvo Mansilla.
El próximo paso que pretende impulsar ATEN es que ese adicional deje de cobrarse como un concepto separado y pase a integrar el salario básico docente. Mansilla explicó que el reclamo fue votado por unanimidad en la asamblea de memoria y balance del sindicato que se realizo el sábado pasado.
La diferencia no es solamente formal. Al tratarse actualmente de un adicional que se liquida por fuera del básico, no tiene el mismo impacto sobre otros componentes salariales vinculados con la antigüedad o la zona. Además, desde la mirada sindical, su incorporación al básico permitiría que ese porcentaje forme parte del salario de los docentes jubilados.
El sindicato también plantea que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) recibe aportes vinculados con esa masa salarial y que el adicional debería dejar de ser un concepto separado.