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Falsificación de documentos, contrataciones ilegales, certificados truchos e inspecciones que nunca se realizaron son algunos de los hechos que derivaron en la explosión de la Escuela 144 de Aguada San Roque, según la Fiscalía y la querella de ATEN que investigan la tragedia ocurrida el 29 de junio de 2021, que provocó la muerte de Mónica Jara, Mariano Spinedi y Nicolás Francés. A dos años, los funcionarios imputados siguen cumpliendo funciones en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia.
A grandes rasgos, los ejes de investigación de la causa podrían dividirse en dos. Por un lado, el error técnico que provocó la deflagración en el establecimiento y, por el otro, la cadena (o red) de hechos de corrupción antes mencionados. Para la defensa, lo primero tiene como responsable a Francés. En cambio, la fiscalía y la querella apuntan a una serie de acciones y omisiones que derivaron en eso. Por ejemplo, entre varias otras cosas, en marzo del 2021 no se hizo la prueba de hermeticidad correspondiente; en mayo se emitió un certificado de finalización de obra cuando esto no había ocurrido; y la Escuela 144 fue incluida en el listado de establecimientos aptos para el inicio de clases.
La recolección de pruebas para poder comprobar ese cúmulo de irresponsabilidades -detalló el abogado Darío Kosovsky- incluyó desde el análisis de documentación y contenido de celulares y computadoras hasta peritajes contables para poder mostrar, por ejemplo, el pago que hizo la Provincia a las empresas tercerizadas antes de que culminen los trabajos, las cuales -a su vez- hicieron subcontrataciones irregulares.
"Era tan relevante lo que tenían que hacer (los funcionarios) que, si lo hubieran hecho, esto no hubiera sucedido", afirmó el abogado, quien sintetizó su teoría del caso explicando que en la estructura de imputación está "la mano que trabajó, la que supervisó, la que debía controlar, la que planificó y la que no controló lo que los demás hacían".
El plazo de investigación estaba fijado para el pasado 26 de abril pero, debido a la complejidad de la causa, se otorgó una última prórroga por cuatro meses, de modo que septiembre es el límite y se espera que a fin de año la causa pueda elevarse a juicio.
Los funcionarios públicos imputados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas y del Ministerio de Educación. Por otro lado, del Consejo Provincial de Educación están imputados Fabio Luna (director de Ruralidad) y Patricia Cresatti (Directora de Nivel). De la empresa, los señalados son Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, el arquitecto Diego Bulgheroni, y el constructor maestro mayor de obras, Eduardo Afione. Por decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el coordinador de Infraestructura, Gabriel Potás, ya no está imputado en la causa, pero su investigación continúa abierta ya que no fue sobreseído.
Los delitos incluyen estrago culposo, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Este jueves 29 de junio, al cumplirse dos años de la explosión en Aguada San Roque, ATEN convocó a un paro provincial y a una marcha por el centro de Neuquén, desde las 11.
Desde un primer momento, el norte del gremio ATEN es la justicia real y efectiva para las víctimas fatales. Pero un reclamo que se mantuvo latente (y sin respuestas) también fue la separación de los cargos de los funcionarios imputados, principalmente de los cuatro integrantes de Obras Públicas, quienes se mantienen con funciones.
El escándalo de los planes sociales de Desarrollo Social o las denuncias por abuso en la subsecretaría de Trabajo fueron, en sí mismos, motivos válidos para desplazar a algunos funcionarios de esas áreas. Pero las tres muertes en una escuela no fueron suficientes para el Gobierno, ni siquiera para mostrarse políticamente correctos. ¿Cuál es la diferencia? "Me parece que Obras Públicas es un área de mucho peso político", estimó Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN Provincial. "Por eso -siguió- evidentemente no se han tomado decisiones que signifiquen de alguna manera dar alguna señal de que esas conductas mínimamente deben ser investigadas también en el orden administrativo, no solo en el ámbito penal como lo estamos haciendo". Señaló que es el área "que tiene el mayor presupuesto de la Provincia" ya que es la encargada de certificar y supervisar todas las obras públicas del territorio neuquino, más allá de las educativas.
Así, el gremialista docente remarcó que "los imputados de la causa siguen cumpliendo con la misma función: siguen estando a cargo de contrataciones de obras, siguen a cargo de supervisión, de certificaciones" y comparó: "cualquier empleado público que tiene una falla presunta ya tiene un sumario. Después se determinará si hubo o no responsabilidad, pero ni siquiera hay un sumario interno, están siendo sometidos a un juicio penal y no se ha tomado ninguna medida".
Quizás porque, en general y a excepción de este caso, las consecuencias son poco palpables. Quizás porque comprobarlo demanda mucho tiempo y recurso técnico y humano. O quizás porque son prioridad los delitos de violencia cotidianos. Por alguna razón, expresó Marcelo Guagliardo, "la Justicia neuquina no está acostumbrada a investigar hechos de corrupción, no porque no los haya sino porque evidentemente no se los denuncia o directamente no se los investiga". Este punto, señaló, es uno de los motivos por los que se demoró la investigación: "Esa parte de la investigación es la más compleja y donde la misma justicia está menos preparada para investigar".
En la misma línea reflexionó Darío Kosovsky, quien marcó que -al margen del exhaustivo trabajo de las fiscales Sandra González Taboada y Gabriela Macaya- la infraestructura del Ministerio Público Fiscal no cuenta con los recursos necesarios para investigar dichos delitos. Por ejemplo, no tiene un servicio de investigaciones propio sino que recurre a la Policía, que maneja sus tiempos según otras prioridades del momento. "No tiene una estructura con alta especialización en delito complejo", subrayó.
Así, en este caso los peritos contables y otros recursos fueron aportados por la querella. "Nosotros hemos puesto a trabajar un equipo para analizar todo lo que es el material contable y de expediente vinculado con la contratación y todo lo que significó la ejecución de la obra en sí", afirmó Guagliardo.
"El gobierno tiene la obligación de empezar a dar respuestas para que estas situaciones no se produzcan nunca más. Para eso tenemos que seguir estando movilizados, reclamando al Gobierno de la Provincia las condiciones de seguridad necesarias para que las escuelas no sean un lugar para morir", afirmó Marcelo Guagliardo.