La justicia investiga delitos de abuso sexual, grooming y corrupción de menores. Se analizó el 15 % de los celulares del entrenador imputado y otros dispositivos electrónicos.
La investigación contra el entrenador del Club Unión Vecinal, imputado por abusos y estafas, avanza y este jueves sumó grandes novedades cuando la Justicia de Neuquén confirmó la prisión preventiva.
El profesor de fútbol, D.E.M., está acusado de cometer delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaban bajo su supervisión en un club barrial. La causa incluye graves acusaciones por abuso sexual, grooming, corrupción de menores y delitos vinculados a pornografía infantil.
La decisión fue tomada por un tribunal de revisión luego de que la defensa solicitara revocar la medida cautelar y pidiera la libertad del imputado o el arresto domiciliario. Sin embargo, los jueces rechazaron el planteo y ratificaron que continúan vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Durante la audiencia, la asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal Gastón Medina sostuvieron que todavía quedan numerosas medidas de prueba pendientes y remarcaron la gravedad de los hechos investigados. Además, señalaron que la expectativa de pena en caso de una condena es elevada.
D.E.M. había sido acusado formalmente el 19 de marzo de 2026 y la formulación de cargos fue ampliada el 31 de marzo. De acuerdo con la investigación, los sucesos comenzaron en 2025, cuando el profesor de 28 años contactó a uno de los adolescentes para sumarlo a un equipo.
A partir de allí, generó un vínculo cercano que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo, que se extendieron hasta marzo de este año.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el análisis del material digital secuestrado. Según informó la fiscalía, ya fueron incautados más de 50 dispositivos electrónicos, aunque hasta el momento apenas se peritó alrededor del 15 % del contenido.
Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) indicaron además que del peritaje surgieron comunicaciones entre el imputado y familiares de una de las víctimas realizadas entre febrero y marzo de este año, posteriores a las restricciones de contacto impuestas judicialmente. Para la acusación, esto representa un incumplimiento de las medidas y refuerza el riesgo de influencia sobre víctimas y testigos.
La fiscalía también advirtió que el avance de las pericias podría derivar en la aparición de nuevas víctimas, debido a la enorme cantidad de información digital que todavía permanece bajo análisis.
El tribunal integrado por el juez Lucas Yancarelli y las juezas Carolina García y Natalia Pelosso consideró que la resolución que ordenó la preventiva estaba debidamente fundada y descartó arbitrariedades en la decisión original.
Los magistrados valoraron especialmente la cantidad de hechos investigados, la pluralidad de víctimas, la gravedad de los delitos y el avance de la investigación. También remarcaron la necesidad de resolver el caso con perspectiva de niñez y vulnerabilidad, priorizando la protección de los adolescentes involucrados.
Respecto al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal sostuvo que, si bien el domicilio propuesto reunía condiciones adecuadas, los incumplimientos previos del imputado impedían confiar en el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva.
La investigación continúa con nuevas entrevistas, análisis de evidencia digital y pericias sobre el material secuestrado.