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Tras la condena a su hermano Pablo, ex coordinador de Casa de las Leyes, la ex vicegobernadora enfrenta el pedido de nuevas imputaciones. Los contratos bajo la lupa suman 110 millones de pesos.
La situación judicial de Gloria Ruiz, la ex vicegobernadora de Neuquén, podría complicarse aún más a partir de un pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos de ampliar la investigación en su contra por presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por la Legislatura durante su mandato, que suman un total de 110 millones de pesos.
El fiscal del caso Juan Narvàez presentó nuevos cargos contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz e incorporó cuatro nuevos imputados en la causa. Además, amplió las acusaciones que ya pesaban sobre la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.
Según se informó desde el Poder Judicial de la provincia, todavía no hay una definición por parte del juez con respecto a este pedido. Este lunes, tras la solicitud de la Fiscalía, el juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para completar la audiencia.
Se supo que aún resta que las defensas respondan a las imputaciones y que la fiscalía presente otro hecho bajo investigación. Una vez cumplidos estos pasos, el magistrado deberá definir si avala la formulación de cargos impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y si es necesario redefinir los plazos, dada la incorporación de nuevos imputados que podrían extender el proceso.
La primera definición judicial del caso se conoció la semana pasada. El 5 de junio, el juez de garantías Lucas Yancarelli condenó a Pablo Ruiz, ex coordinador del complejo cultural Casa de las Leyes y hermano de la ex vicegobernadora, a tres años de prisión en suspenso luego de que él admitiera su responsabilidad en los delitos de peculado y administración fraudulenta.
Ruiz admitió haber desviado fondos de la cuenta oficial de la Legislatura provincial a su propia cuenta de haberes del Banco Provincia de Neuquén (BPN) y haber realizado plazos fijos por más de 50 millones de pesos. Los fondos, que tenían como destino original el financiamiento de programas sociales y culturales de Casa de las Leyes, fueron confiscados por la Justicia y puestos a disposición del gobierno de Neuquén como reparación por el perjuicio económico sufrido.
Este lunes, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que ese dinero iba a ser destinado a sectores necesitados de la población, al tiempo que destacó el rol de la Justicia para investigar y condenar la administración irregular de fondos públicos.
La maniobra de Pablo Ruiz fue la primera acción denunciada por el MPF. La investigación, que incluyó el allanamiento de la Legislatura de Neuquén a fines de 2024, derivó luego en una serie de denuncias por irregularidades en la gestión de su hermana, la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz, que terminó siendo separada de su cargo por votación de los diputados provinciales bajo la figura de "inhabilidad moral".
Por su parte, Ruiz afirmó que las denuncias escondían una persecución política en su contra por sus posibles intenciones de postularse como gobernadora de Neuquén en 2027. La ex vicegobernadora, que fue candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas de 2025, ahora enfrenta otro revés judiciales, que se agravó esta semana con un pedido de ampliación de la investigación en su contra.
La Justicia de Neuquén enmarcó los hechos dentro del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y sostuvo que las distintas maniobras investigadas ocasionaron un perjuicio millonario al patrimonio del Estado provincial.
Uno de los hechos investigados incluye la contratación de la empresa Big Sur Marketing, un hecho por el que la ex vicegobernadora y sus secretarias ya habían sido imputadas en octubre de 2025.
Ahora, el fiscal Narváez amplió la imputación hacia el socio gerente de la firma, a quien le atribuyó haber prestado una colaboración indispensable para concretar una contratación directa que ocasionó un perjuicio económico de 45 millones de pesos al Estado provincial.
Según se informó, la empresa fue contratada por vía de excepción cuando no existían justificaciones para evitar los mecanismos establecidos por la Ley 2141. Esta maniobra, según indicaron, benefició a la compañía en perjuicio del Estado neuquino.
Por otro lado, se amplió la imputación hacia otro proveedor de Casa de las Leyes, por los contratos para la provisión de servicios gráficos, gigantografías, banners y materiales publicitarios. La Justicia investiga 16 contratos por un total de 45,5 millones de pesos que no se enmarcaban dentro de los protocolos vigentes en las normativas.
En esa maniobra, la fiscalía atribuyó intervención a Pablo Ruiz, ya condenado por este hecho, y a las entonces funcionarias Ricchini y Sánchez, mientras que el proveedor fue consignado como partícipe necesario.
Por otro lado, el fiscal del caso atribuyó a Gloria Ruiz haber intervenido, junto con Ricchini y Sánchez, en una contratación destinada a encubrir la continuidad laboral de su jefe de prensa luego de que fuera dado de baja formalmente de su cargo en abril de 2024.
Para la Justicia, el imputado había sido designado como asesor de Presidencia y posteriormente desvinculado. Sin embargo, continuó desempeñando funciones como responsable del área de prensa, tanto en la coordinación interna del personal como en la relación con medios de comunicación, asesores legislativos y cobertura de sesiones.
Para encubrir su trabajo, la Legislatura de Neuquén rubicó un contrato de locación de servicios con la pareja del jefe de prensa. Si bien el contrato exigía una serie de tareas de asesoramiento a la Legislatura, estos servicios nunca fueron prestados por la mujer, por lo que se especula que este acuerdo sólo buscaba canalizar pagos para el responsable de comunicación. que no podía ser contratado porque existen límites en la ley 2141 para exfuncionarios.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, se calcula que entre julio y noviembre de 2024 la Legislatura transfirió a esta mujer un total de de 19,5 millones de pesos por servicios que nunca fueron realizados.
Las novedades se suman a otras posturas negativas de la Justicia contra Ruiz. Este mes, la jueza María Eugenia Grimau declaró inadmisible un amparo presentado por la ex vicegobernadora que pidió la inconstitucionalidad de su destitución y el reintegro y pago íntegro de sus dietas, haberes y remuneraciones. Como medida cautelar, también había solicitado que se ordenara su inmediata restitución al cargo.
Pero la jueza rechazó ese pedido por dos cuestiones centrales: por un lado, el amparo no procede contra la actividad legislativa; y, por el otro, el tiempo transcurrido entre la destitución y la presentación del amparo había excedido los plazos.
