Desde ATE y el gremio de Vialidad Nacional advirtieron que el plan motosierra trasciende los despidos. "Se vuelve a la patria contratista de la obra pública", sostuvieron.
El cierre de 21 organismos nacionales por parte del gobierno de Javier Milei y el "plan motosierra" sigue dejando tierra arrasada con la motosierra en el Estado nacional. Las reparticiones más complejas son Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, donde se encendieron todas las alarmas. Los gremios advirtieron cómo serán los despidos y las nuevas funciones, además de las denuncias sobre una posible "caja negra" para la política.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación del Personal de Vialidad advirtieron sobre un desguace planificado del sector público y acusaron al gobierno de montar una “supercaja negra” para beneficiar negocios privados.
“Si estas medidas prosperan, es el golpe de gracia para la industria del país. El INTI y el INTA tienen más de 70 años de historia. Son organismos clave para la soberanía económica y el desarrollo industrial”, expresó el secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, en declaraciones a Radio Capital.
Según el sindicalista, el plan oficial implica la pérdida de autarquía, descentralización y federalismo en organismos que, como el INTI, eran autosustentables. “Se ven amenazados miles de empleos directos e indirectos. El INTI se autofinanciaba, gestionaba recursos, firmaba convenios estratégicos. Ahora todo eso se destruye”, añadió.
Respecto al cierre de Vialidad Nacional -que afecta a más de 5.300 trabajadores y 118 rutas nacionales de más de 40 mil kilómetros- fue uno de los anuncios más duros. “¿Qué van a hacer ahora los gobernadores ante la desaparición de Vialidad? Esto mutila el desarrollo del país. Sin Estado, no se construyen caminos donde no hay rentabilidad”, sostuvo Aguiar.
Además, apuntó a los mandatarios provinciales: “Espero que esta vez pongan la cara y no manden a levantar la mano para darle gobernabilidad a un presidente que se les cagó de risa. Milei no les devolvió nada, solo pobreza”.
En ese marco, Aguiar lanzó una denuncia política que ya resuena con fuerza: “Con la creación de esta nueva agencia de control de concesiones, lo que hicieron es habilitar una supercaja negra para la política de Milei”.
“Este presidente vive en una fiesta de egresados eterna desde que asumió. Es una marioneta. Están construyendo un Estado al servicio de intereses que no son los del pueblo”, remató el dirigente sindical.
Por su parte, Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, se refirió al golpe al organismo vial y los efectos del DNU. “Esto no nos sorprende, nos lo habían dicho en febrero como reestructuración. Ahora lo llaman disolución, directamente”.
Cattanzaro anticipó que el piso de despidos será de al menos el 30% de los 5.300 trabajadores, pero el decreto habilita un recorte del 50% o más. “La lógica del gobierno es despedir a contratados con indemnización, y a las plantas permanentes ponerlas a disponibilidad”, explicó.
También rechazó la idea de que Vialidad Nacional haya sido creada para “robar”, como sugirió el vocero presidencial Manuel Adorni. “Hace 93 años que existe Vialidad Nacional. Una causa judicial no puede ensuciar a todo un organismo. No se trata de defender a Cristina Kirchner, sino de pensar en un Estado más eficiente”, dijo.
Y completó: “Si hay corrupción, hay que modificar la ley de Obras Públicas. Pero cerrar un organismo es volver a la patria contratista, que siempre sobrevive a los gobiernos”.
Cattanzaro alertó que el país se encamina a un modelo de Estado débil y entregado a otros intereses que el Estado no puede regular. "Hay que hacer un Estado menos permeable a los intereses de los privados", indicó.
El trasfondo de los decretos presidenciales, según los gremios, supera el ajuste y los despidos, que ya se vienen anunciando desde que asumió Milei. Es también la concentración de poder y fondos públicos en nuevas estructuras que consideraron opacas, con menor control y fuerte impronta privatista.
En paralelo a las movilizaciones previstas, ATE y otros sindicatos planean judicializar los cierres, al tiempo que crecen las presiones sobre gobernadores que, en muchos casos, acompañaron con su silencio o su voto el plan de Milei.
La batalla por los organismos públicos empezó hace un año y medio, pero en estos días cambiará el mapa de las estructuras del Estado nacional, que en algunos casi ya estaban sin funciones. Detrás de la motosierra, según Aguiar y Cattanzano, crecen los fantasmas de negocios oscuros y una caja sin control.