De los 16 casos, cuatro personas continúan desaparecidas. La mayoría de represores ya han sido condenados por lesa humanidad.
El noveno tramo del juicio La Escuelita abrió una dimensión inédita en la región: por primera vez, en el Alto Valle, se ventilará en un tribunal federal cómo operó el Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras latinoamericanas a partir que contaron con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.
Este proceso judicial también tendrá rasgos distintivos respecto de los anteriores dado que la acusación estará exclusivamente a cargo del Ministerio Público Fiscal, ya que no hay querellas. A su vez, cabe destacar que luego de la muerte de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, Dolores Noemí López Candan "Lolín" de Rigoni e Inés Ragni, que acompañaron cada instancia anterior, se abrió un cambio generacional en la escena judicial de los procesos de memoria.
Este martes 3 de marzo la primera audiencia tuvo lugar en AMUC, ubicada en Avenida Argentina, donde se repetirá cada martes hasta junio. Desde la mañana contó con la presencia de la APDH Alto Valle y el gremio docente ATEN, entre otras organizaciones que a veintiún días del 50° aniversario del golpe cícivo eclesiástico y militar, recordaron la importancia de seguir exijiendo "memoria, verdad y justicia".
Una de las particularidades de este juicio es que la mayoría de los imputados ya han sido condenados y están en sus casas con prisión domiciliaria. En este sentido, se conectaron mediante la plataforma zoom.
Se trata de ocho exintegrantes de fuerzas militares y de seguridad acusados por integrar el grupo de tareas que realizaba secuestros y tormentos cometidos en distintas localidades de Neuquén y Río Negro.
Sergio Adolfo San Martín (Inteligencia del Ejército, Destacamento 182).
Jorge Héctor Di Pasquale (Inteligencia del Ejército).
Hugo César Renes (Inteligencia del Ejército).
Carlos Mario Carreto (interventor en Catriel, vinculado a la VI Brigada).
Emilio Sacchitella (Gendarmería, San Martín de los Andes).
Miguel Ángel Cil (Gendarmería).
Miguel Ángel Ferrari (policía rionegrina, área de Inteligencia).
Adolfo Mellao (Comisario Inspector en San Martín de los Andes).
Se les atribuyen 16 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos cometidos contra víctimas de distintas ciudades y parajes de la región. Cuatro personas de la larga lista de víctimas continúan desaparecidas desde el día de su secuestro: Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz.
Los jueces federales Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián integran el tribunal, mientras que la fiscalía está representada por el fiscal general Miguel Angel Palazzani y los integrantes de la unidad de lesa humanidad David Maestre, Gabriela Schumacher y Juan José Cendagorta. En tanto, la defensa está a cargo del defensor público Pablo Repetto.
Según adelantaron organismos de derechos humanos que acompañan el proceso, el debate permite escuchar cómo funcionó el Plan Cóndor en el sur del país, lejos de los grandes centros urbanos que históricamente concentraron la atención judicial, como Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo. En este caso, el ojo de la Justicia se centró en la maquinaria militar a cargo del estado que se activó en medio del Alto Valle y las montañas del sur.
En cuanto a los casos y víctimas, el juicio a los represores contempla las privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra Graciela Vicente, Daniel Gallo, Stella Solanas y Carlos Pérez (de San Martín de los Andes); de Juan Carlos Molinez (de Junín de los Andes); de Mónica Elvira y Oscar Escobar, de Bariloche; Luis Mendoza (en Catriel); Matilde Segura y María Sepúlveda (detenidas en una chacra de Plottier), de Juan Ramón Colobig (de Neuquén), de Amalia Cancio y Juan Raúl Pichulmán (del barrio Sapere de Neuquén, detenidos en J.J.Gómez), de Leticia Veraldi (en Cipolletti); Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, secuestrados en Cipolletti.
Otra de las novedades del IX tramo del Juicio La Escuelita es que los militares y policías acusados por las desapariciones forzadas de Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz fueron imputados por el cargo de homicidio.
El caso Leticia Veraldi, la joven estudiante secuestrada cuando volvía a la vivienda de la familia de Noemía Labrune ya había sido analizado en un debate oral anterior en Neuquén. En aquella instancia, los responsables fueron juzgados por la detención ilegal y las torturas, pero no se avanzó en una acusación que contemplara su muerte.
Por su parte, también se juzgará la desaparición del matrimonio de estudiantes chilenos Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz quienes tenían 25 y 24 años al momento de su secuestro en Cipolletti, el 11 de diciembre de 1976, fecha desde la cual permanecen desaparecidos. Este caso, atravesado por el Plan Cóndor será debatido cuando se trate la responsabilidad de los oficiales de inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín.
Victoria, la hija del matrimonio de Cabezas y de la Cruz, tenía apenas cuatro meses cuando el obispo Jaime de Nevares logró que saliera del país a través del programa de protección a refugiados políticos del ACNUR. Décadas más tarde, en 2016, aportó información ante la justicia argentina en el expediente que investigó el Plan Cóndor.
Según expuso la fiscalía ante el tribunal, esos datos permitieron tender puentes entre el caso de sus padres y otros secuestros ocurridos en Neuquén, Cutral Co y Chos Malal, reforzando la hipótesis de una operatoria coordinada en la región.