Este viernes al mediodía fue declarada responsable del delito de amenazas simples y lesiones leves.
La mujer que amenazó a una docente y agredió físicamente a dos directivas del Instituto de Formación Docente Nº 12 de Neuquén fue declarada penalmente responsable luego del juicio realizado en su contra.
La resolución fue informada este viernes al mediodía en la Ciudad Judicial por el juez Juan Guaita, quien respaldó la teoría del caso presentada por la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco, junto con los abogados querellantes Mariano Mansilla y Agustina Procoppo.
La mujer fue declarada responsable como autora del delito de amenazas simples, en perjuicio de una docente, y como coautora de dos hechos de lesiones leves, en perjuicio de dos directivas del establecimiento, en concurso real.
El juicio se desarrolló esta semana, durante el miércoles y jueves. En su alegato de clausura, Sola sostuvo que se habían acreditado los dos hechos y la intervención de la acusada. Los abogados querellantes también habían solicitado que fuera declarada responsable y plantearon la necesidad de una condena que contribuya a que las docentes puedan regresar a las aulas sin temor a que situaciones de violencia vuelvan a repetirse.
Al analizar la acusación presentada por la Fiscalía y la querella, Guaita consideró acreditadas las amenazas y destacó que encontró más de diez elementos que permitieron determinar su entidad. Entre ellos mencionó los testimonios coincidentes de las docentes, el acercamiento físico de la acusada hacia la víctima durante la reunión, la decisión de suspenderla, el llamado al personal de seguridad, la posterior denuncia, la prohibición de ingreso de la mujer al establecimiento y la licencia que tomó la docente luego del episodio.
En línea con lo planteado por la fiscalía, el juez también valoró que la víctima manifestó haber sentido miedo y nerviosismo y que su estado fue corroborado por otras personas que participaron de la reunión. Consideró que ese conjunto de elementos permitía determinar que las expresiones de la acusada tuvieron entidad suficiente para constituir el delito de amenazas.
Respecto del segundo hecho, el juez respaldó la acusación fiscal y de la querella al considerar acreditada la agresión contra las integrantes del equipo directivo. Señaló que los testimonios de ambas víctimas fueron corroborados por un video y por la prueba médica realizada dentro de las 24 horas posteriores al episodio.
La teoría del caso del MPF fue que el primer hecho ocurrió el 21 de abril de 2025, cerca de las 14:20, cuando la imputada asistió a una reunión en el establecimiento educativo, debido a una situación vinculada con su hija, alumna de la institución.
Durante el encuentro, del que participaron una docente de inglés, la regente, la subregente y una maestra de grado, la mujer reaccionó de forma agresiva ante las explicaciones brindadas por la profesora, a quien insultó y amenazó. Entre otras expresiones, le manifestó que la esperaría afuera, que la golpearía y que averiguaría dónde vivía. La situación terminó con la intervención del personal de seguridad y la suspensión de la reunión.
El segundo hecho ocurrió al día siguiente, el 22 de abril, cerca de las 13:45. La acusada regresó al establecimiento acompañada por otra persona, ingresó al área de secretaría y, al no encontrar a la docente de inglés, agredió físicamente a la regente y a la subregente, quienes sufrieron distintas lesiones.
Sobre este segundo episodio, el juez coincidió con el planteo de la Fiscalía y la querella y rechazó el argumento de la defensa que intentó encuadrarlo como una riña. Consideró que la prueba mostraba una escalada de violencia que comenzó con amenazas y culminó al día siguiente con las agresiones físicas a las dos directivas.
La pena que deberá cumplir la mujer se definirá en una audiencia de cesura, que deberá fijar la Oficina Judicial. Las partes tendrán cinco días hábiles para ofrecer prueba para esa audiencia.