Se conoce la sentencia contra la madre golpeadora de docentes en Neuquén: "Puede ir a la cárcel"

Este viernes a las 12, en la Sala 15 de la Ciudad Judicial de Neuquén, se conocerá la sentencia contra la madre acusada de golpear a la directora y la vicedirectora del IFD 12 y de amenazar a una docente de inglés del instituto, en abril de 2025. Fue un caso que conmocionó a la comunidad educativa, en medio de una escalada de violencia escolar.

El fallo llega en un momento en que las agresiones contra educadores se multiplicaron en las escuelas de la provincia, y en el propio ambiente docente se lo empieza a mirar como una señal. Es la primera gran prueba judicial de la nueva ley que castiga la violencia escolar.

Fiscalía y querella solicitaron que se declare responsable a Mariela Farías por lesiones leves y amenazas simples, en concurso real, ambos delitos dolosos.

El juez Juan Guaita decidirá sobre la declaración de responsabilidad de la madre acusada de golpear a una docente en un caso de violencia escolar.

Si bien la pena prevista para esa combinación de delitos no supera los tres años, la mujer registra una condena penal previa y otros antecedentes, lo que —según indicaron fuentes de la querella— haría que la eventual pena se cumpla de manera efectiva y no en suspenso. "Puede ir a la cárcel", dijeron fuentes de la querella a LM Neuquén.

Violencia escolar en el IFD 12: ¿Puede ir a la cárcel la madre?

El juicio se desarrolló ante el juez unipersonal Juan Ignacio Guaita, con la fiscal Lucrecia Sola a cargo de la acusación y el abogado Fernando Gómez como defensor de la imputada.

Lo que ocurrió en el IFD 12 el 21 y 22 de abril de 2025 se convirtió en un caso testigo, al menos en lo que podría resolver la justicia.

Farías amenazó primero a la profesora de inglés de su hija por haberle llamado la atención a la adolescente por el uso del celular en clase, y al día siguiente, pese a que el equipo directivo le había prohibido volver a ingresar, regresó a la escuela junto a una hija mayor de edad y golpeó a la directora y a la vicedirectora, a quienes arrastró por el suelo y tomó de los cabellos.

El episodio, filmado por un estudiante y viralizado en redes, no solo escaló en la Justicia: también empujó una respuesta legislativa. ATEN impulsó el proyecto que la Legislatura neuquina aprobó en julio de 2025, la Ley 3522 de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación, que recién este año fue reglamentada por el Gobierno provincial mediante el decreto 701/2026.

Los abogados querellantes que representan a las docentes y a ATEN.

La norma habilita a las escuelas a labrar actas y denunciar agresiones, y prevé sanciones que van desde multas hasta arresto contravencional.

"Somos optimistas que obtendremos una sentencia condenatoria y que, sumada a la sanción de ley aprobada, impulsada por ATEN, nuestra provincia puede dar una vuelta de página a situaciones que nunca debieron ocurrir", había señalado el abogado querellante Mariano Mansilla al cierre de los alegatos, junto a su equipo integrado por Agustín Otárola, Agustina Procoppo y Miguel Quiruga.

Un tema cultural de la época

El caso del IFD 12 no es un hecho excepcional, sino la punta más visible de un fenómeno que preocupa cada vez más al sistema educativo neuquino. En los últimos meses se sucedieron episodios de violencia en distintos establecimientos —entre otros, la escuela 200, la escuela 147, el jardín 29 de Centenario y el CPEM 9 de El Chocón—, al punto de que el propio Gobierno provincial reconoció en los fundamentos de la reglamentación de la ley un incremento de episodios conflictivos en las escuelas de toda la provincia en los últimos años.

La situación llegó a motivar, en mayo, una cumbre de urgencia entre el Ejecutivo provincial, la Justicia y los gremios ATEN y SADOP para diseñar una guía común de intervención, en medio de lo que todos los sectores coincidieron en describir como un problema que excede los muros escolares.

Semanas antes, ATEN había reclamado formalmente una reunión interministerial ante lo que calificó como una ola de violencia en las instituciones educativas.

Para buena parte del ambiente docente, lo que está en juego el viernes excede el destino judicial de una mujer. Es si la Justicia empieza a poner un límite a una dinámica que, dicen, se repite cada vez con más frecuencia (padres o madres que ingresan a las escuelas a resolver a los golpes un conflicto con un docente) y que muchos vinculan con una dificultad social más amplia para tramitar el enojo o la frustración sin recurrir a la violencia.

Se trata, sin embargo, de una lectura que circula en el ambiente educativo y gremial más que de un dato estadístico oficial.