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La Defensoría del Pueblo de la Ciudad denunció a Autobuses Neuquén por la comisión de irregularidades ambientales, además de incurrir en el incumplimiento de una sentencia judicial que le ordenaba trasladar la base operativa de Laprida 7075.
El martes 11 de octubre se efectuó una audiencia judicial en el predio de la empresa con autoridades de Tribunales, el Gobierno municipal y la Defensoría del pueblo de la ciudad.
El defensor, Ricardo Riva, informó que “se constató el desguace de las unidades fuera de servicio y el acopio de líquidos contaminantes”, que es una de las causas por las que los vecinos dicen que es imposible convivir con la empresa de transporte.
Riva instó al municipio a hacer cumplir a la empresa la sentencia vigente. Preguntó, además, si esta situación será contemplada entre los condicionamiento de la concesión del nuevo contrato de concesión del transporte público de la ciudad, tras darse a conocer la intención de Autobueses de participar en la licitación.
A instancia de vecinos de los barrios Viejo Cauce y Peumahue, próximos a la base de los colectivos, en en el oeste de la ciudad, la Defensoría presentó un amparo a fines de 2019 contra la empresa y la justica ordenó en mayo de este año el traslado de la base de la empresa Indalo en un plazo de 110 días, hasta fines de agosto.
Entre los fundamentos del fallo judicial se indicó que el predio de la transportista estaba ubicada en una zona no apta para la actividad y afectaba la calidad de vida de sus vecinos. Riva explicó que la sentencia también marcaba la ilegalidad de la excepción que hizo el Municipio para autorizar ese predio para el fin que se le da.
La Justicia convocó a una audiencia en el predio del conflicto luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera la ejecución de la sentencia contra Autobuses.
"Se constató de manera sorpresiva un desastre ambiental en el predio", dejó trascender la Defensoría sobre lo ocurrido en el centro logístico de la empresa de colectivos.
Dos camaristas de la Justicia provincial participaron de la audiencia. Es decir, estuvieron mientras se producía el desguace de unidades fuera de servicio fuera del procedimiento formal; el acopio de líquidos contaminantes e inflamables; y restos de quema dentro del predio en cercanías a los tanques de combustible, describió la Defensoría. Agregó que también se constató la emanación de olores y la generación de ruidos molestos que afectan a la salud de la población y del ambiente, que fueron parte de los argumentos de la sentencia que ordenó el traslado.
“Estamos viendo que se hace muy difícil el cumplimiento de esta sentencia que logramos en el Poder Judicial. Hay que estar permanentemente exigiéndole al municipio sus obligaciones. Ni hablar con los particulares, como esta empresa, que llamativamente leí que se quiere volver a presentar a la licitación del servicio”, observó Riva.
"¿El municipio no le va a poner una calificación a este mal accionar? ¿Va a competir en igualdad de condiciones que el resto de las empresas cuando hizo padecer como once años a los usuarios de Neuquén?”, cuestionó el titular de la Defensoría.
Aseguró que espera una respuesta del subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, Francisco Baggio, a quien le envió dos notas con la denuncia de vecinos de la base Autobuses por la quema de neumáticos y los ruidos molestos procedentes de una compactadora; como del resultado de esta última audiencia judicial en el predio.
“Lo grave es que el municipio, que tiene el deber de cuidarnos a todos, no le exige a esta empresa el cumplimiento de las obligaciones ambientales, más teniendo en cuenta la proximidad de los vecinos que vienen padeciendo esta situación”, sostuvo Riva a LMNeuquén.