La denuncia había sido rechazada, pero la Cámara de Apelaciones revocó esa decisión y dispuso que el expediente continúe.
Una denuncia por presunta violencia de género dentro de un Instituto de Formación Docente de Zapala quedó bajo análisis judicial después de haber sido rechazada en primera instancia. La presentación fue realizada por una trabajadora que aseguró haber sufrido durante unos dos años y medio situaciones de hostigamiento, maltrato psicológico y persecución laboral por parte del director.
El caso había sido cerrado inicialmente al considerarse que se trataba de un conflicto administrativo y disciplinario. Sin embargo, la mujer apeló y cuestionó que la denuncia fuera descartada sin escuchar testigos, producir pruebas ni convocar a las partes.
La Cámara Provincial de Apelaciones le dio la razón por mayoría y consideró que el expediente había sido cerrado de manera apresurada. Por eso, ordenó que vuelva al juzgado de origen y que el procedimiento continúe.
Uno de los episodios más graves relatados por la trabajadora habría ocurrido dentro del propio establecimiento educativo. Según afirmó, se encontraba en un laboratorio cuando el director comenzó a seguirla hasta una galería mientras gritaba y realizaba ademanes que ella interpretó como agresivos. La situación, sostuvo, se produjo delante de colegas y estudiantes.
Para la mujer, aquel episodio no fue una simple discusión relacionada con el trabajo. Aseguró que se trató de una situación de amedrentamiento y humillación pública que formaba parte de una conducta que se repetía desde hacía tiempo.
En su presentación también sostuvo que el director habría utilizado su posición dentro de la estructura jerárquica del instituto para desacreditarla profesionalmente, ejercer presión y generar temor.
La trabajadora insistió en que el conflicto excedía ampliamente una diferencia vinculada con decisiones internas del establecimiento. Según explicó en la apelación, recurrió a la Justicia porque buscaba poner fin a un hostigamiento que, de acuerdo con su denuncia, sufría de manera cotidiana.
También remarcó que entre ambos existía una relación desigual de poder, dado que el hombre ocupaba el cargo de director, y sostuvo que esa situación debía ser tenida en cuenta al momento de analizar los hechos.
Pese a esos planteos, el juzgado que intervino inicialmente interpretó que el problema debía resolverse por otras vías administrativas y decidió desestimar la presentación.
La decisión cambió cuando el caso llegó a la Cámara Provincial de Apelaciones. Por mayoría, los camaristas consideraron que el juzgado se había “apresurado” al rechazar la denuncia desde el comienzo, sin permitir que avanzara la producción de pruebas.
El tribunal entendió que correspondía continuar con el procedimiento para que la denunciante pudiera aportar los elementos que había ofrecido, se escuchara a eventuales testigos y el director tuviera también la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
De esta manera, la Cámara revocó la resolución y dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen para seguir su trámite. La resolución no establece que los hechos denunciados hayan ocurrido ni declara responsable al director. Lo que determinó es que una denuncia de estas características no podía ser cerrada de manera anticipada sin antes avanzar con las medidas previstas para esclarecer lo sucedido. El caso, que parecía terminado, continuará ahora en la Justicia.