Violencia de género en Neuquén: aumentaron los pedidos de ayuda y hubo 25 riesgos de femicidio

Los pedidos de ayuda por situaciones de violencia de género continúan en aumento en la ciudad de Neuquén. Entre enero y mayo de 2026, la Subsecretaría de las Mujeres recibió 317 consultas, otorgó 170 turnos de admisión y realizó 135 intervenciones territoriales en distintos barrios de la capital.

Dentro del trabajo realizado en el territorio, 25 situaciones fueron clasificadas como Código A, una categoría que se utiliza cuando existen indicadores de alto riesgo y la vida de la mujer puede estar en peligro.

Los datos forman parte del informe número 16 del Observatorio Municipal de Violencia contra las Mujeres, que reúne información sobre las personas asistidas, los tipos de agresiones denunciadas, la situación económica y familiar de las mujeres, las características de los agresores y el acompañamiento realizado por los equipos municipales.

Alejandra Oehrens, subsecretaria de las Mujeres, advirtió que se mantienen elevados los ingresos de casos graves y que esa realidad obliga a reforzar la presencia de profesionales en los barrios.

“Cuando hablamos de altas, nos referimos a que hay más ingresos con Código A, con riesgo de femicidio. Esto requiere que redoblemos el recurso humano en la calle y en el territorio”, explicó.

Maria Isabel Sanchez

La zona oeste concentró 105 intervenciones

La mayor cantidad de intervenciones se realizó en la zona oeste de la ciudad. De los 135 procedimientos territoriales registrados, 105 tuvieron lugar en barrios del oeste, 20 en sectores del norte y 10 en la zona sur.

El dispositivo alcanzó barrios como Valentina Norte Rural, Gran Neuquén Norte, Esfuerzo, Espartaco, Toma Norte, Villa Ceferino, Progreso, Cuenca XV, Cuenca XVI, Cordón Colón y Almafuerte, entre otros.

En la zona norte se trabajó principalmente en Ciudad Industrial y Colonia Nueva Esperanza, mientras que en el sur las intervenciones se concentraron en Don Bosco II y III, La Sirena y otros sectores cercanos.

La funcionaria relacionó esta situación con el crecimiento de la población y con la aparición de distintos consumos problemáticos que no se observaban con la misma frecuencia durante el año pasado.

Según el informe, muchas de las personas asistidas no cuentan con documentación, necesitan atención médica para ellas o para sus hijos y requieren ayuda inmediata. Ante esta situación, las intervenciones pueden incluir entrevistas, acompañamiento a comisarías, centros de salud y organismos judiciales, recuperación de documentación personal, búsqueda de alojamiento transitorio y asistencia para que las mujeres puedan realizar trámites sin quedar expuestas al agresor.

Más consultas y una demanda sostenida

Durante los primeros cinco meses del año, la Mesa de Entradas recibió 317 consultas. El principal canal de contacto fue WhatsApp, utilizado en más del 63% de los casos.

La demanda aumentó de manera progresiva: pasó de 57 consultas en enero a 89 en mayo. También se asignaron 170 turnos para entrevistas de admisión. La mayoría de las mujeres llegó a través de una consulta directa, mientras que una parte menor fue derivada por hospitales, centros de salud, escuelas, comisarías, juzgados y otros organismos.

La atención se brinda en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko y también a través de los equipos que recorren el territorio. La guardia funciona durante los fines de semana y feriados, además de mantener teléfonos disponibles todos los días del año.

Oehrens sostuvo que escuelas, hospitales y centros sanitarios recurren a la Subsecretaría cuando detectan violencia dentro de una familia y necesitan una respuesta rápida. “Como somos el organismo que brinda una respuesta inmediata, el primer lugar al que se contactan muchas veces es esta Subsecretaría”, afirmó.

Nueve mujeres continuaban bajo riesgo de femicidio

Además de las 25 situaciones detectadas en los operativos territoriales, el equipo interdisciplinario había registrado 54 casos con Código A durante el período analizado. Al finalizar mayo, nueve mujeres continuaban dentro de esa categoría. En los otros 45 casos, el acompañamiento psicológico, social, legal y territorial permitió disminuir el nivel de riesgo.

“Estamos hablando de mujeres que no pueden poner un pie en la vereda porque tienen riesgo de muerte”, describió Oehrens.

La funcionaria remarcó que la responsabilidad no puede quedar únicamente en el municipio. Para sostener la protección es necesaria la participación de la Justicia, Salud, Educación y los organismos que intervienen en cada situación.

Maria Isabel Sanchez

Violencia psicológica, económica y física

El informe muestra que el 95% de las mujeres atendidas atravesó situaciones de violencia doméstica. La violencia psicológica apareció en el 96,7% de los casos, seguida por la económica, con el 73,6%, y la física, con el 69,2%. También se detectó violencia sexual en casi el 20% de las situaciones.

En la mayoría de los casos, el agresor era una expareja o exmarido. En menor medida, las denuncias involucraron a parejas actuales, hermanos u otros familiares.

Entre las mujeres que iniciaron una entrevista de admisión, el 78,2% había realizado una denuncia en una comisaría o en la Oficina de Violencia. Además, casi el 68% había solicitado alguna medida de protección.

El relevamiento también aportó datos sobre los agresores. El 56,4% tenía acceso a armas de fuego, el 27,7% a armas blancas y un porcentaje similar presentaba antecedentes penales. También se identificaron consumos problemáticos en algunos de los casos analizados.

Maria Isabel Sanchez

Preocupación por adolescentes atrapadas en relaciones violentas

La mayoría de las mujeres atendidas tiene entre 27 y 45 años. Sin embargo, la Subsecretaría comenzó a registrar un aumento de consultas vinculadas con adolescentes y jóvenes de entre 16 y 23 años.

Oehrens recordó que durante el año pasado ya se habían detectado casos de niñas de 12 y 13 años que mantenían noviazgos atravesados por la violencia. Estas situaciones son derivadas a la Línea 102, destinada a la protección de niños, niñas y adolescentes.

En muchos casos son las propias familias las que buscan ayuda porque las adolescentes no pueden alejarse de relaciones vinculadas con amenazas, delitos, venta de drogas o circulación de armas.

Otro dato que preocupa es que el 85% de las mujeres asistidas tenía hijos o hijas. Además, siete de cada diez compartían hijos con el agresor, una situación que dificulta aún más la salida del vínculo violento.

El informe también reveló que una de cada tres mujeres atendidas estaba desempleada y que muchas realizaban trabajos informales, precarios o sin ingresos registrados. La dependencia económica, advirtieron, es una de las principales barreras para abandonar una relación violenta.

Desde la Subsecretaría remarcaron que el acompañamiento no termina con una denuncia o una medida judicial. La asistencia continúa mientras exista peligro, dificultades económicas o riesgo de que la mujer vuelva a quedar expuesta al agresor.