Después del fallo del edificio de las calles Illia y Alderete, el organismo provincial explicó por qué hay demandas de falta de agua en obras sin terminar.
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) salió a explicar lo que pasa en Neuquén cuando un edificio padece la falta agua por obras sin terminar, como el caso del edificio de Illia y Alderete. Son varios casos de desarrollos inmobiliarios que quedan truncos, y después comienzan los dramas vecinales, reclamos y las demandas judiciales.
Es un problema que llevaba años siendo ignorado. Y de acuerdo al comunicado del EPAS, cuando un edificio no tiene agua, o vierte líquidos cloacales a la calle, el problema no es del organismo que administra la red pública. Es de quien construyó y entregó sin cumplir los requisitos de infraestructura.
La advertencia no es nueva, pero cobra mayor peso después de que la Justicia la respaldara con un último fallo judicial del pasado 26 de febrero de 2026, en el cual el juez civil Martín Peliquero condenó solidariamente a Siri Construcciones SRL., a María Isabel Siri y a Raíces Neuquén SRL, a terminar las obras pendientes del edificio “Illia II”, en la esquina de Illia y Alderete.
También a indemnizar a los propietarios que habían comprado sus unidades en pozo más de una década atrás. El edificio fue entregado sin luz, sin agua, sin gas ni ascensor, con departamentos hasta un 20 por ciento más chicos de lo prometido y cocheras inutilizables. La Municipalidad había denegado el certificado final de obra en 2017.
La postura del EPAS es que, si un edificio de decenas de departamentos no puede conectarse a la red con el mismo ingreso de agua que tenía la vivienda familiar que había antes, tampoco puede verter sus efluentes sin la infraestructura cloacal correspondiente.
Esas obras son obligación del desarrollador como condición para obtener la factibilidad de conexión. Si no las hizo, el organismo no habilita, y si el edificio igual se entrega y se habita, las consecuencias las pagan los vecinos.
“La constructora no hizo las obras que tenía que hacer”, dijeron fuentes del EPAS al ser consultadas por la situación del edificio de Illia y Alderete, donde los propietarios debían contratar un camión cisterna cada madrugada para abastecerse de agua.
De todas maneras, estas prácticas de las desarrolladoras se repiten, según el organismo provincial. En julio de 2025, la jueza de Faltas Romina Doglioli sancionó con más de 21 millones de pesos al desarrollador de un complejo en San Luis y Luis Beltrán por arrojar líquidos cloacales a la vía pública, y absolvió al EPAS. Ese mismo mes se detectaron conexiones cloacales ilegales en dos edificios del Bajo neuquino.
El escenario que describen estos casos pega con fuerza entre los damnificados de VM SRL, la desarrolladora que entró en concurso de acreedores y dejó un tendal de obras sin terminar en el Alto Valle.
Hay compradores que pagaron hasta 100.000 dólares por departamentos que nunca se construyeron. Otros recibieron apenas las paredes y algunos, solo la platea.
El circuito que la Justicia y el EPAS describen en los casos judicializados es muy similar. El desarrollador cobra, entrega lo que puede o lo que quiere, y desaparece. Los vecinos quedan con edificios sin habilitación, sin servicios y sin respuestas, según manifestaron desde el EPAS.
El fiscal Juan Narváez, de la Unidad de Delitos Económicos, hizo un llamado público a posibles nuevas víctimas para que se acerquen a declarar. Quienes se encuentren en situaciones similares —departamentos sin final de obra, con diferencias de superficie, sin servicios esenciales o directamente sin construir— tienen vías judiciales disponibles bajo la ley de defensa del consumidor.
La Justicia ya dijo de quién es la responsabilidad. Ahora falta que quienes la tienen no puedan seguir eludiéndola.