La vicepresidenta del Concejo afirmó que están dadas las condiciones para la suspensión del intendente. En paralelo, avanza el pedido de juicio político.
La vicepresidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Claudia Namuncurá, aseguró este miércoles en el streaming de LM Neuquén en Vivo que la ciudad atraviesa una crisis institucional “muy grave” luego de la formulación de cargos contra el intendente Luis Bertolini y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y que se aprestan a sesionar para definir la suspensión del jefe comunal.
“No nos pone para nada contentos. Es una crisis institucional muy grave la que está pasando en la ciudad de Plottier”, afirmó Namuncurá, al analizar el escenario que atraviesa la localidad a raíz de la investigación judicial al intendente. La concejal sostuvo que el proceso penal seguirá su curso en la Justicia, pero remarcó que la Carta Orgánica municipal habilita al Deliberante a avanzar con una suspensión del intendente como medida cautelar.
Bertolini y Ramírez fueron imputados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. La fiscalía les atribuyó haber intervenido en un esquema de contrataciones que habría favorecido a dos proveedores entre enero de 2024 y marzo de 2026, por al menos 160 contratos y más de $2.300 millones.
Namuncurá explicó que, con la formulación de cargos ya concretada, el Concejo Deliberante está en condiciones de convocar a una sesión especial para tratar la suspensión de Bertolini. Para aprobar esa medida se requiere una mayoría agravada de 10 votos sobre el total de concejales.
“Estamos en condiciones. Nuestra Carta Orgánica, con una imputación de este calibre, con la formulación de cargos, permite suspender al intendente en sus funciones como una medida cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, señaló.
La concejal precisó que el cuerpo esperaba recibir el acta completa de la formulación de cargos para avanzar formalmente. Ante la consulta sobre los plazos, indicó que el tratamiento podría darse “entre hoy a la tarde y mañana”, en referencia a este miércoles 29 y jueves 30 de abril.
En caso de que el Concejo apruebe la suspensión, se activaría el orden sucesorio previsto por la Carta Orgánica de Plottier. En ese escenario, la presidenta del Concejo Deliberante, Malena Reza, quedaría a cargo del Ejecutivo municipal, mientras que Namuncurá pasaría a ocupar la presidencia del cuerpo legislativo.
Namuncurá descartó la posibilidad de adelantar elecciones en este contexto. Explicó que ese escenario sólo habría correspondido si se producía una renuncia antes de cumplirse los dos primeros años de mandato. En la situación actual, dijo, rige el mecanismo de sucesión institucional.
En caso de que el proceso judicial deviniere en una sentencia firme condenatoria para Bertolini, la destitución operaría “de pleno derecho”. En paralelo, el juicio político podría derivar en la remoción del intendente incluso antes de una definición judicial de estas características. Sobre este punto, detalló que ya se está trabajando en comisiones y que podría tratarse pronto en el recinto.
La vicepresidenta del Deliberante vinculó la crisis judicial con un deterioro previo en la relación política entre el Ejecutivo y el Concejo. Aseguró que Bertolini comenzó su gestión con amplio acompañamiento legislativo, pero que la falta de respuestas, los pedidos de informes sin contestar y los conflictos por servicios básicos desgastaron el vínculo.
“Nosotros tuvimos un Concejo Deliberante que apoyó al intendente con 12 concejales”, recordó. Sin embargo, afirmó que luego se acumularon situaciones vinculadas con la recolección de residuos, el transporte público, la tasa vial, la falta de publicación de ordenanzas en el Boletín Oficial y las respuestas pendientes a informes solicitados por el cuerpo.
Namuncurá sostuvo que hay más de 120 pedidos de informes sin responder y que el Concejo funcionó como “caja de resonancia” de reclamos vecinales. También cuestionó la ausencia de funcionarios municipales en momentos críticos y dijo que, durante la audiencia judicial, vio “todo el gabinete sentado en el juzgado” mientras la ciudad necesitaba continuidad administrativa.
La concejal también relacionó el escenario actual con conflictos previos, entre ellos el sistema de fotomultas. Dijo que ese tema fue uno de los detonantes de la ruptura política con el Ejecutivo, luego de que el Concejo suspendiera el sistema para revisarlo.
Según Namuncurá, los cuestionamientos no apuntaban a la existencia de fotomultas en sí, sino a la forma en que se implementaron. Mencionó reclamos de vecinos, dificultades para ejercer descargos, intervención de una empresa privada en un ámbito que —según planteó— corresponde al Tribunal de Faltas, problemas de notificación y dudas sobre la señalización.
También indicó que el Concejo ya había recibido advertencias en las rendiciones de cuentas. Señaló que en los balances 2024 y 2025 aparecieron observaciones técnicas, entre ellas contrataciones fuera del reglamento municipal y dificultades para cotejar información contable.
“Nosotros no sabíamos que estaban pasando todas estas cuestiones tan graves. En buena hora que se pueda investigar con el Ministerio Público Fiscal”, expresó.
Namuncurá también se refirió a la situación de la otra funcionaria imputada en la causa, la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez. Dijo que su continuidad deberá ser analizada por el Concejo, especialmente porque se trata de una funcionaria con firma administrativa relevante dentro del municipio.
La concejal recordó que Ramírez fue convocada dos veces a una interpelación para dar explicaciones por los balances y no asistió. A partir de ese antecedente, sostuvo que el cuerpo podría evaluar su remoción o una suspensión en términos similares a los del intendente.
“Estamos en condiciones de remover a la subsecretaria ya”, afirmó, aunque aclaró que se trata de una decisión política que deberá reunir los votos necesarios.
Ante la posibilidad de que el Concejo apruebe la suspensión de Bertolini y se produzca un cambio en la conducción del Ejecutivo, Namuncurá sostuvo que la primera medida debería ser una auditoría integral del municipio.
“Hay que auditar el municipio en forma urgente. La auditoría contable tiene que ser urgente, contable y también legal”, afirmó. Según planteó, el objetivo sería conocer el estado real de las cuentas y de los expedientes administrativos para garantizar la continuidad de los servicios.
Entre las urgencias mencionó: garantizar el pago de sueldos, el transporte público, la recolección de residuos, el mantenimiento de plazas y la necesidad de recuperar presencia territorial de los funcionarios.
“El vecino quiere que le arreglemos el problema: que pase el basurero, que arreglen las plazas y que haya presencia de los funcionarios en los barrios”, sostuvo.
En ese marco, la concejal afirmó que cree que están los votos para avanzar con la suspensión. “La responsabilidad es del Concejo Deliberante, que es el control y la transparencia dentro de las instituciones. Es el que pone el equilibrio”, concluyó.