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El ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, sostuvo que "pusimos todo a disposición de la Justicia", al mismo tiempo que confirmó que separaron a "seis contratados eventuales", en el marco de la investigación por una estafa millonaria con planes sociales que afectaría a casi a 200 beneficiarios. Dijo que su renuncia está a disposición del gobernador Omar Gutiérrez.
En una rueda de prensa, luego de dos semanas de que se conociera la noticia por la denuncia de un damnificado que no había cobrado dos cuotas del plan nacional, el ministro provincial rompió el silencio. Puntualizó que "nosotros no manejamos las tarjetas, las entrega el Banco Provincia".
Di Luca agregó que "todo comenzó por un pedido de información del BPN, y desde allí arrancó la investigación. Aún no sabemos si los afectados corresponden a programas nacionales y/o provinciales lo que determinará la investigación".
El ministro de Desarrollo Social comentó que "hemos tomado medidas, por ejemplo, ya dimos de baja a los contratos de seis personas que están bajo sospecha".
Se trata de planes sociales que se entregaron durante la pandemia por la emergencia que generó la paralización de casi todas las actividades económicas.
En relación a los allanamientos realizados la semana pasada a las oficinas ministeriales, indicó que los investigadores "se llevaron información, legajos de las personas sospechadas, además de la documentación de las beneficiarios que serían los afectados".
El funcionario provincial dijo desconocer el alcance de la estafa como el monto, que superaría los 150 millones de pesos, y aclaró: "Yo tengo la misma información que tenemos todos sobre el modus operandi. La maniobra era que iban a un cajero del BPN con más de una tarjeta del plan social y sacaban la plata".
"Mi renuncia está a disposición del gobernador Omar Gutiérrez desde el primer día", enfatizó el ministro Di Luca. Comentó que "cuando asumimos como ministros, sabemos que es un cargo político, que tiene una fecha de inicio y otra de duración".
Consultado sobre las declaraciones del dirigente emepenista y petrolero, Guillermo Pereyra, el titular de Desarrollo Social prefirió evitar una opinión. "He mantenido silencio por respeto, y abrí las puertas de Desarrollo para que se investigue en profundidad. Para que quede todo claro, y se castigue a quien haya cometido el ilícito".
El pasado viernes 5 de agosto, el beneficiario de un plan social llegó a la fiscalía de Asignación de Casos a radicar una denuncia. Había concurrido a un cajero del BPN para retirar el dinero de dos cuotas de un plan social que percibía, pero en la cuenta estaba casi en cero.
Por esta situación, ingresó a la entidad bancaria a realizar el reclamo correspondiente. Un ejecutivo de cuentas confirmó la documentación esgrimida por la presunta víctima y al revisar la cuenta descubrieron que ya le habían extraído el dinero, pero no solo de esas dos cuotas, sino que desde agosto de 2021 a la fecha se había producido el vaciamiento sistemático de la cuenta.
El fiscal Diego Azcarate inició una investigación por “defraudación contra la administración pública y/o peculado”.