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El ministro de Trabajo, Lucas Castelli, confirmó la investigación que podría terminar con estatales cesanteados. Provincia envió otros datos al fiscal Marijuan.
El gobierno de Rolando Figueroa comenzó a enviar cartas documentos a los empleados públicos que cobraban planes sociales junto con el sueldo del estado, luego de más de un mes de investigación en las auditorías, que impulsó el equipo de la Fiscalía de Estado, que conduce Raúl Gaitán.
Son 950 personas las que se detectaron que realizaron estos cobros indebidos, a las que se les instruirá un sumario administrativo y, posiblemente, una causa judicial. ¿El objetivo? Echarlas del estado a corto o mediano plazo, un tema que podría terminar además en una fuerte disputa judicial.
El dato de la cantidad de empleados públicos investigados, actualizados a la fecha, lo confirmó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, Lucas Castelli, encargado además de brindar la información sobre las planillas de los programas sociales, beneficiarios y la mecánica de altas y bajas.
“Tenemos personas de la administración pública que han cobrado subsidios de índole provincial, son alrededor de 950 personas, se ha avanzado con los sumarios, con lo cual se le está solicitando bajo carta documento que se devuelva el dinero que han percibido”, dijo el ministro en diálogo con el programa Línea Abierta de LU5.
Desde el inicio de la gestión de Figueroa, se ha puesto el foco en la sobredimensión de la planta política y de empleados del estado provincial, ya que de los 63.064 empleados públicos que tiene la provincia de Neuquén, más del 92% están en planta permanente.
Hay tres frentes abiertos que tiene Figueroa respecto al trabajo dentro del estado: uno son las irregularidades con el cobro de planes sociales; otro, la revisión de plantas permanentes atado al convenio de encasillamiento que hizo ATE y por último, los denominados “ñoquis”, empleados que no van a trabajar hace años o que tienen dos trabajos en el mismo horario.
También hay otro tema pendiente, que quedó en el freezer y son los cientos de sueldos VIP que perciben 11 organismos del estado, con salarios de millones de pesos, mediante la Ley 3374. Son organismos “de contralor” y una gran parte son abogados y contadores, que desde hace años vienen pidiendo un régimen especial remunerativo.
Pero dentro de ese paquete, se investiga a personas que no son de los 11 organismos y que hicieron un cambio de planta permanente para gozar del beneficio.
En este esquema, el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, dijo detalles a LMN sobre un grupo de empleados de su cartera, que no cumplía funciones, además del sobredimensionado sector de Termas de la provincia.
Castelli sostuvo que se continuará con el relevamiento de planes sociales, no solo para detectar irregularidades y cobros indebidos, sino para conocer la realidad de la situación socioeconómica de los beneficiarios. Es decir, si están en condiciones de percibir el beneficio del estado.
“En ese trabajo nosotros a nivel local vamos a hacer un relevamiento muy importante, necesitamos saber realmente quiénes son las personas que están cobrando, no estos subsidios o estos programas de ayuda, de asistencia, sino como también conocer el parámetro de cada persona a partir de un censo socioeconómico”, indicó el funcionario provincial.
Respecto al programa Potenciar Trabajo, el gobierno provincial se puso a disposición del fiscal federal Guillermo Marijuan, en la causa por del programa Potenciar Trabajo, donde se detectó que 8.535 empleados públicos del país cobraban el plan, siendo incompatible.
“No nosotros no tenemos forma de detectarlos porque la plantilla de potenciar trabajo a nivel nacional lo manejaba el criterio del ministerio de Desarrollo Social de Nación y justamente esa plantilla es la que tiene el fiscal lo que nos está solicitando”, dijo Castelli.
Sostuvo que en estos días se cargó la información al sistema, para ponerla a disposición del fiscal federal.