Potenciar Trabajo: ¿empleados públicos de Neuquén cobraban el plan?

La provincia de Neuquén aún no respondió al pedido del fiscal Federal Guillermo Marijuan para conocer si empleados provinciales cobraban el programa Potenciar Trabajo, algo que es incompatible. Hasta ahora sólo diez distritos de los 23 en el país respondieron para cruzar la base de datos de trabajadores estatales, con los del plan social.

En la provincia de Río Negro se encendió un escándalo, ya que se acreditó que 198 empleados estatales sobraban ese beneficio; se abrió una investigación por presunta defraudación contra la administración pública.

Desde el desembarco de Javier Milei en la presidencia, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, se está implementando una "auditoría cero" con los planes sociales y en la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa parece ir por la misma línea.

Desde hace algunas semanas, Fiscalía de Estado y Contaduría General han realizado auditorías, donde se comprobó que al menos 1000 empleados públicos cobraban planes sociales. Una suerte de estafa del Potenciar Trabajo, en versión local. También se puso en la lupa las jubilaciones de privilegios y los pases a planta permanente.

El programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. En el medio, hubo tres personas que pasaron por el ministerio: Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz, pero Pérsico siguió a cargo de ese plan social.

Potenciar Trabajo: defraudación contra el Estado

Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y solicitó en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.

Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.

Marijuan logró acreditar que 8.535 empleados públicos cobraban ese beneficio social. Son las provincias de Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128, de acuerdo a un informe que publicó Infobae.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la "suspensión y/o baja de planes sociales", en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023".

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El fiscal Marijuan detectó a 8.535 empleados públicos del país que cobraban el programa Potenciar Trabajo.

Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.

El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según establece la resolución que lo creó en 2020.

La normativa destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.

A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.