El fiscal de Estado pidió llevar la causa al fuero administrativo. La versión de la cooperativa de cómo se inició el proyecto trunco en 2020.
El conflicto de la Cooperativa 127 Hectáreas en el despoblado lote de La Meseta, que hasta ahora se discutía en términos de estafa y contratos incumplidos, sumó un actor que podría cambiar el eje de la discusión: el propio Estado.
El fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, pidió que uno de los juicios civiles que los adherentes le iniciaron a la cooperativa deje de tramitarse en ese fuero y pase a la justicia procesal administrativa, el ámbito que resuelve los conflictos en los que se discute la actuación de organismos públicos. El pedido llegó después de que la jueza de la causa citara a la Municipalidad de Neuquén y al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) como terceros.
Si el planteo prospera, el juicio ya no girará solo en torno a si la cooperativa cumplió con sus asociados, como el incumplimiento de contrato y la devolución del dinero de lotes. También podría analizarse si los organismos que impulsaron, firmaron y promocionaron el loteo social en La Meseta tuvieron alguna responsabilidad en que los lotes nunca llegaran.
Es la tesis que la cooperativa sostiene desde el principio,pese al avance del conflicto solo en el fuero del Ministerio Público Fiscal. "Nosotros entendemos que esto es una demora en el cumplimiento de lo que legítimamente puedan reclamar los vecinos, pero por incumplimiento del Estado y sus organismos", afirmó a LM Neuquén el secretario de la entidad, Gustavo Aguirre.
Es que, al tiempo que la causa penal avanza contra Jorge Salas y otras dos integrantes de la conducción por presunta estafa, la cooperativa construyó su defensa sobre un argumento central: el loteo de la meseta no fue un emprendimiento privado, sino un proyecto conjunto con el Estado que quedó trunco.
"Nuestro fundamento es que esto es el incumplimiento de un convenio entre la cooperativa y organismos públicos para el desarrollo de un terreno, en el cual había dos funciones: la cooperativa ponía la tierra, que es de su propiedad, y el municipio, el desarrollo de luz y agua", explicó Aguirre. Según el secretario, ese desarrollo estaba previsto en un anteproyecto municipal que finalmente no se concretó.
Para la cooperativa, el planteo de la Fiscalía de Estado respalda esa lectura. "El fiscal de Estado y el municipio reconocen en la causa civil que esto corresponde al ámbito contencioso-administrativo porque hay organismos del Estado que firmaron convenios que son públicos, están publicados en medios oficiales del municipio y de la provincia. Hay fotografías, hay firmas, hay actos públicos", sostuvo.
Sin embargo, esa interpretación va más allá de lo que dice el escrito de Gaitán.
En un escrito firmado el 26 de agosto, Gaitán planteó una excepción de incompetencia. Le dijo a la jueza civil que el caso no le corresponde y le pidió que lo remita a un juez del fuero procesal administrativo.
El fiscal se apoyó en el artículo 5 de la Ley 1305, que establece que la competencia procesal administrativa es improrrogable, es decir, que no puede cederse a otro fuero ni siquiera con el acuerdo de las partes, y en el artículo 79 del Código Procesal Civil, que excluye de los juzgados civiles las cuestiones vinculadas con la responsabilidad del Estado.
Según su planteo, una vez que los organismos públicos forman parte del juicio, resolverlo exige aplicar normas de derecho público, como la Constitución provincial, la Ley 1305 y las ordenanzas municipales que regulan el procedimiento administrativo y la creación del IMUH.
Para respaldar su postura, citó una larga serie de fallos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en casos similares, como reclamos por escrituración de lotes contra las municipalidades de Neuquén y Centenario, o conflictos por la adjudicación de tierras fiscales. En todos ellos, la causa terminó en el fuero administrativo. También advirtió que, si la jueza rechaza su planteo, llevará la discusión directamente al TSJ.
Lo que el escrito no dice es que el Estado sea responsable. Gaitán aclaró en dos oportunidades que su presentación no implica reconocer, ni directa ni indirectamente, los hechos ni los derechos que invocan las partes, ni la autenticidad de la documentación que presentaron. Su planteo se limita a definir quién debe decidir: según el fiscal, determinar si existe o no responsabilidad de los organismos públicos es una cuestión que corresponde al fuero administrativo.
Dicho de otro modo, quien afirma que el Estado incumplió es la cooperativa. Lo que el planteo de Gaitán define, si prospera, es qué juez tendrá que responder esa pregunta.
La causa se inició cuando un grupo de adherentes demandó a la cooperativa por cumplimiento de contrato en el fuero civil. Al contestar, la entidad sostuvo que la intervención del Municipio y del IMUH era imprescindible para que la sentencia fuera válida y justa, porque la controversia es común a todas las partes: según su planteo, no se puede decidir si la cooperativa incumplió sin analizar al mismo tiempo qué hicieron esos organismos con los compromisos que habían asumido para incorporar las tierras al ejido y urbanizarlas.
La cooperativa fue más allá y advirtió que, si resulta condenada, iniciará acciones de regreso contra esos organismos, es decir, les reclamará lo que deba pagar a los demandantes. En su escrito, los definió como "actores centrales en el diseño y la ejecución del proyecto".
La jueza hizo lugar al pedido y, el pasado 13 de agosto, citó a la Municipalidad y al IMUH como terceros. Así fue como el expediente llegó a la Fiscalía de Estado.
La documentación que la cooperativa presentó en el expediente permite reconstruir cómo nació el proyecto. Se trata de la versión de una de las partes, pero se apoya en convenios, notas oficiales y actos del Concejo Deliberante.
Todo comenzó en 2020 en plena pandemia. En abril de ese año, la cooperativa obtuvo de Camuzzi Gas del Sur la factibilidad de suministro de gas para el predio de La Meseta, y meses después firmó un primer convenio con el IMUH y la Subsecretaría de Comisiones Vecinales para el desarrollo conjunto de las tierras.
En marzo de 2021, la subsecretaría comenzó a derivar a la cooperativa carpetas de postulantes para el loteo. Según la entidad, eran vecinos inscriptos en el registro municipal de vivienda y seleccionados por el propio Municipio. Una nota oficial de octubre de ese año contabilizó 1.387 carpetas entregadas y cerca de 100 más pendientes. El Municipio también organizó reuniones informativas en barrios como Hibepa, Gregorio Álvarez, Confluencia, Gran Neuquén Sur, Villa María y Valentina Sur.
"Participaron cuarenta comisiones vecinales de la inscripción. Participó el Municipio remitiendo las carpetas de los listados de las personas para incorporarse a la cooperativa", recordó Aguirre.
La pieza fundamental del proyecto era la incorporación de las tierras al ejido urbano de Neuquén, un paso indispensable para urbanizarlas. En mayo de 2021, el Ejecutivo municipal impulsó un expediente para declarar de interés la ampliación del ejido, con un croquis que, según la cooperativa, incluía sus tierras. El 17 de junio de ese año, el Concejo Deliberante aprobó la Declaración de Interés 025/2021, con 15 votos a favor.
El 24 de septiembre de 2021 llegó el convenio más importante, firmado por la Municipalidad, el IMUH y la cooperativa. El acuerdo establecía el trabajo conjunto para urbanizar el predio y ofrecer lotes con servicios, "previa incorporación de las tierras al ejido urbano". Había un compromiso de financiamiento para las obras una vez concretada esa incorporación, y la cooperativa, a no modificar el destino social de las tierras. Ese mismo día, el IMUH anunció en sus redes que esas tierras "próximamente serán anexadas al ejido municipal".
Ese anuncio nunca se concretó. La ampliación del ejido requería una ley de la Legislatura provincial y, según la cooperativa, el lote de La Meseta fue "cortado" y quedó afuera del ejido, algo que especialmente llamó la atención a los directivos de la cooperativa. De ahí comenzó un derrotero polémico que es difícil saber quién metió la cola para que la iniciativa quede trunca.
A partir de entonces, las partes parecieron "pasar de largo" esa observación en el mapa de La Meseta y comenzaron las denuncias civiles y penales.
"Presentamos en su momento un proyecto de ampliación del ejido urbano para resolverlo", explicó Aguirre. Según su relato, la Legislatura consideró que no era viable avanzar porque se trataba de una sola cooperativa la que lo reclamaba.
La versión de la cooperativa choca de frente con la de la fiscalía penal. El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos de estafa reiterada contra tres integrantes de la entidad y, al declarar el proceso como causa compleja, le otorgó a la fiscalía seis meses para completar la investigación antes de presentar la acusación para un juicio oral. Además de Salas, la imputación alcanza a quienes ocupaban la secretaría y la tesorería.
Para la fiscal Rocío Rivero, la cooperativa nunca fue dueña de los terrenos que vendió y cobró, y los lotes estaban fuera del ejido de la capital. Además, sostiene que se brindó información falsa sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano y sobre la propiedad del loteo. Es decir, lo que la cooperativa presenta como un incumplimiento del Estado, la fiscalía lo interpreta como parte de un engaño.
"La acusación habla de un ardid, un engaño, en donde una persona captaba gente, otra hacía los papeles y otra cobraba", resumió Aguirre, quien cuestionó la solidez de la investigación.
Recordó que la fiscalía había anunciado inicialmente cargos contra un número mayor de integrantes de la antigua comisión directiva, pero finalmente los concentró en tres personas.
Según la cooperativa, tras los allanamientos de 2025 ya les fueron devueltos dos vehículos y parte de los elementos secuestrados. "Lo que vemos es que no hay consistencia. Por eso decimos que recién empieza la investigación", señaló.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de los vehículos de la cooperativa que había pedido la acusación.
La causa penal también condiciona el dinero. Según Aguirre, los adjudicatarios pagaban sus lotes mediante transferencias a una cuenta de la cooperativa en el Banco Credicoop, por lo que todos los fondos quedaron registrados. "La plata se bancalizaba automáticamente y está en una cuenta de alrededor de 400 millones de pesos, que pierden valor anualmente", afirmó. Esa cuenta permanece inmovilizada por una medida dispuesta en la causa penal, y seguirá así mientras avance la investigación.
El expediente en el que intervino la Fiscalía de Estado no es el único que la cooperativa enfrenta en el fuero civil, y en algunos ya obtuvo resoluciones favorables.
En abril, la jueza María Eliana Reynals declaró la caducidad de instancia en otro juicio por cumplimiento de contrato que habían iniciado 48 adherentes en marzo de 2025. La caducidad es una forma anticipada de terminar un proceso, que se aplica cuando quien demanda deja de impulsarlo durante el plazo que fija la ley. Según la resolución, los demandantes no hicieron ningún movimiento durante más de 200 días y tampoco respondieron al pedido de la cooperativa.
La jueza les impuso las costas y reguló honorarios cuyo monto final todavía debe calcularse. Desde la cooperativa estiman que cada demandante podría tener que afrontar entre 18 y 26 millones de pesos.
La caducidad no implica una decisión sobre el fondo del reclamo, es decir, no determina si la cooperativa cumplió o no con sus asociados.
La entidad informó además que la justicia levantó embargos civiles en su contra en al menos tres causas, entre ellas la que hoy tramita con intervención de la Fiscalía de Estado, donde se liberaron 165 millones de pesos. En otro expediente, según la cooperativa, el levantamiento de un embargo por 415 millones quedó firme tras pasar por el TSJ.
En el fuero civil, la jueza deberá resolver si acepta el planteo de Gaitán. Si lo hace, un juez del fuero administrativo tendrá que analizar tanto el reclamo contra la cooperativa como el rol del Municipio y del IMUH. Si lo rechaza, la discusión llegará al TSJ. En el fuero penal, la fiscalía tiene seis meses para presentar su acusación.
Cinco años después del anuncio de que las tierras serían "próximamente anexadas" al ejido, el loteo sigue sin concretarse, el dinero continúa congelado y las respuestas dependen de al menos dos tribunales distintos.
El propio TSJ, en uno de los fallos que cita el fiscal, reconoció que las disputas sobre qué juez debe intervenir suelen demorar los procesos. Mientras tanto, las familias que en 2021 fueron derivadas por el Municipio para acceder a un lote en la meseta siguen esperando.