En una audiencia judicial, se volvió a solicitar la prórroga de la prisión preventiva sobre los imputados por cometer estafas con planes sociales en Neuquén.
Los presuntos jefes de una asociación ilícita que se dedicaba a cometer estafas con planes sociales irán a juicio, ¿presos o en libertad?
El asunto fue resuelto en una reciente audiencia judicial, mediante la cual la jueza de garantías Carina Alvarez decidió prorrogar por seis meses la prisión preventiva más que vienen cumpliendo los imputados Ricardo Soiza y Marcos Osuna.
La Fiscalía de Delitos Económicos adelantó en la misma audiencia que luego de la feria judicial de invierno, estará en condiciones de solicitar la elevación a juicio de la causa.
Es la segunda prórroga que reciben. En enero, la justicia resolvió lo mismo, es decir, que sigan presos seis meses más. De esta manera, se garantiza la ejecución del juicio y se elimina la posibilidad de que alguno de ellos en libertad pueda fugarse o entorpecer la investigación.
La jueza de garantías avala el planteo de la fiscalía. Por su parte, la defensa había insistido en que los imputados accedan a una detención domiciliaria, pero dos veces le negaron esta posibilidad.
Teoría del caso
Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.
No obstante, se distinguen los niveles de responsabilidad, están acusados como jefes al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
Soiza y Osuna son los que están cumpliendo prisión preventiva, mientras que Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria. Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes.
Desde el MPF informaron que, además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, también con distintos niveles de participación en la maniobra delictiva.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real, con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
Bienes embargados de los acusados
A principios de diciembre del año pasado, un tribunal revisor confirmó la decisión de la jueza de Garantías, Carina Álvarez, en la que prorrogan por el plazo de ocho meses el embargo y la inhibición de bienes para los imputados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna.
La jueza dio por vigentes los riesgos procesales para resolver la prórroga de esta medida cautelar.
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