La jueza de garantías Leticia Lorenzo avaló que la Fiscalía retome el proceso. Acusan al profesional de falsificar pericias para cobrar indemnizaciones.
Una jueza avaló que continúe la investigación contra un médico por una presunta maniobra de fraude contra la ART del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Luego de que la causa fuera archivada, la fiscalía de Chos Malal había solicitado su reapertura tras la incorporación de nuevos elementos de prueba.
La decisión fue tomada por la jueza de garantías Leticia Lorenzo, quien rechazó un planteo del abogado del profesional, identificado como M.G. El letrado cuestionó la decisión de la fiscalía de reabrir el legajo y sostuvo que no correspondía avanzar nuevamente luego de que la desestimación había sido confirmada judicialmente el 5 de mayo.
La defensa planteó que la reapertura vulneraba el principio de legalidad y sostuvo que la querella debía haber recurrido la resolución anterior mediante una impugnación. También argumentó que la evidencia invocada por la fiscalía como nueva ya se encontraba disponible al momento en que se había dispuesto la desestimación.
Por su lado, la fiscal Natalia Rivera explicó que la reapertura se ordenó luego de un pedido de la querella, conformada por los abogados Marcelo Herzricken Velasco y Joaquín Herzricken Catena en representación de la mutual y la ART del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y a partir de nuevas medidas realizadas sobre dispositivos que habían sido secuestrados. Esas diligencias permitieron avanzar sobre información vinculada con una nueva línea de investigación.
Al resolver, la jueza Lorenzo señaló que la desestimación y el archivo no tienen carácter de cosa juzgada y que el Código Procesal Penal permite continuar una investigación cuando aparecen nuevos elementos que resultan conducentes.
Además, indicó que en esta etapa el control judicial es limitado y que no corresponde al juzgado determinar si la fiscalía debió realizar determinadas medidas con anterioridad.
Con esta resolución, la fiscalía podrá continuar con las medidas de investigación y analizar, en caso de reunir elementos suficientes, una eventual formulación de cargos.
La investigación se vincula con la posible falsedad de informes médicos o peritajes presentados en expedientes judiciales de carácter civil. Se encuentra en una etapa preliminar, sin que se haya producido una audiencia de formulación de cargos.
La causa gira en torno al médico M.G., sospechado de la presunta emisión de informes médicos apócrifos en expedientes iniciados contra la ART del sindicato, MEOPP. La denuncia sostiene que esos documentos certificaban incapacidades y enfermedades profesionales que, según los denunciantes, nunca fueron constatadas mediante revisaciones médicas reales.
Una de las sospechas en el caso de estafas es que los siete trabajadores involucrados son integrantes de una "misma cuadrilla" y todos se entrevistaron con el mismo abogado del mismo estudio jurídico. Esos abogados también están en la mira de la fiscalía.
Uno de los puntos centrales del planteo es que M.G. aseguró haber evaluado en forma remota a los siete trabajadores mediante plataformas virtuales o por intermedio de terceros. Sin embargo, la querella afirma que los propios trabajadores declararon ante un escribano público, una médica y un auditor de la ART que nunca conocieron al profesional ni fueron examinados por el médico. Esas manifestaciones quedaron protocolizadas en una escritura pública realizada en julio de 2025.
La documentación obtenida indica que, en las fechas de las supuestas pericias, los trabajadores se encontraban en el Yacimiento El Portón, de Buta Ranquil, lugar que corresponde al de la empresa empleadora, OIL MYS SA.
En casos específicos, como los de los trabajadores con apellidos Méndez y Costa, se reporta que solo fueron entrevistados por tres letrados, para luego aparecer "mágicamente" revisados clínicamente por un médico que "jamás vieron".
Frente a esa contradicción, el fiscal Salgado dispuso avanzar con nuevas medidas de investigación. Entre ellas figura mantener secuestrados el teléfono celular y la computadora del médico para realizar pericias informáticas, verificar si existieron comunicaciones por Zoom, Meet, WhatsApp o videollamadas con los siete trabajadores involucrados y analizar la geolocalización de los dispositivos en las fechas en que supuestamente se efectuaron las revisaciones.
También se pidió el secuestro de los teléfonos celulares de los demandantes y de los abogados que los representaron, además de la documentación vinculada a esos expedientes.
Hay siete expedientes judiciales en curso que fundamentan la denuncia, cuyas sumas ascienden a los USD 1.800.000.