Estafas a la ART de Petroleros: se reabrió la causa contra el médico que falsificaba pericias para cobrar indemnizaciones

La investigación por una presunta maniobra de fraude contra la ART del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa volvió a ponerse en marcha. Luego de que la causa fuera archivada, la fiscalía de Chos Malal solicitó la reapertura de la causa que esta vez promete llegar a probar las estafas.

El encargado de la nueva investigación será el fiscal Víctor Salgado, quien resolvió reabrirla tras un pedido formulado por los abogados de la querella y ordenó una serie de nuevas diligencias para profundizar la pesquisa sobre un médico acusado de confeccionar certificados médicos falsos que habrían servido para reclamar millonarias indemnizaciones laborales.

La causa gira en torno al médico M.G., quien continúa bajo investigación por la presunta emisión de informes médicos apócrifos en expedientes iniciados contra la ART del sindicato, MEOPP. La denuncia sostiene que esos documentos certificaban incapacidades y enfermedades profesionales que, según los denunciantes, nunca fueron constatadas mediante revisaciones médicas reales.

Una de las sospechas en el caso de estafas es que los siete trabajadores involucrados son integrantes de una "misma cuadrilla" y todos se entrevistaron con el mismo abogado del mismo estudio jurídico. Esos abogados también están en la mira de la fiscalía.

Omar Novoa

Como parte de la anterior investigación, se realizó un allanamiento en el consultorio propio de medicina laboral en el centro de Neuquén.

La reapertura activada en junio fue impulsada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, apoderado del sindicato, quien solicitó revisar el archivo de la investigación al considerar que aún restaban medidas de prueba fundamentales. En su presentación sostuvo que existen elementos que contradicen la versión brindada por el profesional investigado.

La denuncia del Sindicato de Petroleros

Uno de los puntos centrales del planteo es que M.G. aseguró haber evaluado en forma remota a siete trabajadores mediante plataformas virtuales o por intermedio de terceros. Sin embargo, la querella afirma que los propios trabajadores declararon ante un escribano público, una médica y un auditor de la ART que nunca conocieron al profesional ni fueron examinados por el médico. Esas manifestaciones quedaron protocolizadas en una escritura pública realizada en julio de 2025.

La documentación obtenida indica que, en las fechas de las supuestas pericias, los trabajadores se encontraban en el Yacimiento El Portón, de Buta Ranquil, lugar que corresponde al de la empresa empleadora, OIL MYS SA.

En casos específicos, como los de los trabajadores con apellidos Méndez y Costa, se reporta que solo fueron entrevistados por tres letrados, para luego aparecer "mágicamente" revisados clínicamente por un médico que "jamás vieron".

Frente a esa contradicción, el fiscal Salgado dispuso avanzar con nuevas medidas de investigación. Entre ellas figura mantener secuestrados el teléfono celular y la computadora del médico para realizar pericias informáticas, verificar si existieron comunicaciones por Zoom, Meet, WhatsApp o videollamadas con los siete trabajadores involucrados y analizar la geolocalización de los dispositivos en las fechas en que supuestamente se efectuaron las revisaciones.

También se pidió el secuestro de los teléfonos celulares de los demandantes y de los abogados que los representaron, además de la documentación vinculada a esos expedientes.

Cómo sospechan que fue la maniobra para cometer las estafas

La denuncia presentada por el Sindicato de Petroleros sostiene que la ART ya sufrió perjuicios económicos en dos causas anteriores y que existían otros siete expedientes judiciales en trámite con un mecanismo similar.

Según esa presentación, los trabajadores denunciaban enfermedades profesionales que habían sido rechazadas inicialmente por la ART y luego iniciaban demandas judiciales acompañadas por informes médicos presuntamente falsificados, atribuidos al mismo profesional.

De acuerdo con la querella, las entrevistas realizadas a los trabajadores permitieron detectar que los petroleros no habían sido examinados por el médico y que incluso se encontraban trabajando en las fechas en que los informes indicaban que habían sido evaluados por patologías incapacitantes.

También sostienen que algunos de los cuadros descriptos eran incompatibles con las tareas que desarrollaban normalmente.

Para los denunciantes, la maniobra podría configurar una asociación ilícita destinada a cometer una estafa procesal mediante la utilización de certificados médicos falsos para inducir a error a la Justicia laboral y obtener condenas económicas contra la ART. La denuncia menciona posibles delitos vinculados con asociación ilícita, falsificación de documentos y uso de instrumentos falsos.

Los 7 expedientes laborales bajo análisis y nuevas medidas

Como parte de las nuevas medidas ordenadas en la investigación también se requirió al Juzgado Civil de Chos Malal el préstamo de los expedientes laborales señalados en la denuncia para incorporarlos al legajo penal y analizar la documentación presentada en cada uno de ellos.

Los siete expedientes judiciales en curso que fundamentan la denuncia, y cuyas sumas ascienden a los USD 1.800.000, son los siguientes, detallando el porcentaje de incapacidad reclamado y la suma solicitada:

• Expte 40739/2024: Reclamo de 59% de incapacidad, por $163,218,428.16 (con sentencia apelada)

• Expte 40476/2024: Reclamo de 120% de incapacidad, por $116,816,598,62.

• Expte 41455/2024: Reclamo de 73.5% de incapacidad, por $366,068,439.70.

• Expte 41518/2024: Reclamo de 73.5% de incapacidad, por $369,506,206.02.

• Expte 42053/2025: Reclamo de 67.5% de incapacidad, por $772,057,820.57.

• Expte 42062/2025: Reclamo de 102% de incapacidad, por $390,424,241.09.

• Expte 42235/2025: Reclamo de 54% de incapacidad, por $408,031,730,35.

Con la decisión del fiscal Salgado, la investigación quedó formalmente reactivada y buscará determinar si efectivamente existió un esquema destinado a obtener indemnizaciones mediante certificados médicos presuntamente apócrifos o si las irregularidades denunciadas pueden descartarse con las nuevas pericias.

Marcelo Rucci apuntó a los "caranchos" por estafas a la ART de Petroleros

En diciembre de 2025, a medida que el caso tomaba notoriedad de la mano de la cobertura de este diario, Marcelo Rucci, el secretario general del Sindicato de Petroleros, quien presentó la denuncia junto con Gonzalo De La Sierra, Gerente General de la ART, expresó a LM Neuquén: "Es una locura".

Además, en diálogo con este medio, explicó cómo se dieron cuenta de las estafas: "La investigación nace porque resulta que nos notifican del estado de incapacidad de los compañeros por intermedio del gremio, que daban incapacidades de alrededor del 100 %. Entonces decimos, 'che, ¿alguien preguntó cómo estaban esos compañeros?'".

En aquella instancia no había sospecha, solo preocupación por el estado de salud de los petroleros: "Dije 'preguntemos a la familia' porque imaginate, sos una planta, no podés hablar ni siquiera".

Pero la sorpresa invadió a la comisión directiva, que averiguó y encontró quela totalidad de los trabajadores que habían presentado incapacidad del 54%, 59%, 67.5%, 73.5% en dos casos, 102% y 120%, estaban trabajando en el mismo turno y cuadrilla, para el yacimiento El Portón, de Buta Ranquil, de la empresa empleadora, OIL MYS SA.

"En el caso del 120% te agregan daños morales, pero estaban todos trabajando, cuando con esas incapacidades no deberías trabajar ni estar en pie", dijo Rucci y agregó que la sorpresa llegó cuando les pidieron a los trabajadores que se presenten en las oficinas para evaluar su situación y llegaron caminando.