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El Ministerio Público Fiscal (MPF) desistió de la acusación contra dos de los imputados en la causa. Este jueves empezaron los alegatos.
El juicio por la estafa con planes sociales entró en su etapa de alegatos este jueves y la fiscalía adelantó que acusará a 12 de los 14 imputados.
Antes de iniciar la audiencia, desde el tribunal compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, se encargaron de distribuir un listado de 38 testigos que no pueden ser nombrados por la prensa, bajo reserva, que son parte de la petición de la fiscalía y todos los defensores.
El fiscal Juan Manuel Narváez abrió la exposición y confirmó que no avanzará contra Ariel Krom (empleado de planta de Desarrollo Social) por problemas de salud, ni contra Fernando Cardozo Regidor, que siguió casi todas las audiencias por Zoom debido a ataques de ansiedad. Regidor estaba sospechado de cobrar un plan sin reunir condiciones.
La estructura de la acusación se dividió en seis bloques: desde el BPN, los beneficiarios, la dirección de Programas y Planes Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, la Contaduría General de la Provincia, y el bloque Contable con el perjuicio económico.
Todo comenzó con la denuncia del beneficiario Esteban Maegna Mendoza en junio de 2022 a quien le faltaba dinero de un plan social en la cuenta y ahí se motorizó la denuncia.
“Hemos cumplido con esa promesa, no sólo contamos con los datos de los testigos propios, sino de la defensa”, dijo Narváez, al iniciar su presentación. Según explicó, la maniobra comenzó con la denuncia de un beneficiario y luego se descubrió un sistema armado para desviar los pagos de los planes. El dinero que debía ir a las cuentas de los beneficiarios se trasladaba a otras entidades bancarias y se distribuía entre los acusados. “Fueron montando su modalidad, hecho tras hecho, durante dos años, con el objetivo de quedarse con el dinero de la gente”, sostuvo el fiscal.
Según la acusación original, Krom cobró 20 cheques del subsidio provincial por desempleo laboral por un total de 968.000 pesos entre octubre y diciembre de 2020. Los fondos se depositaron en su cuenta sueldo vinculada al CBU 0970099455001937360029.
La imputación señalaba que luego entregaba el dinero a Néstor Pablo Sánz o Marcos Osuna, identificados como presuntos cabecillas de la maniobra. Con el retiro de la acusación fiscal, Krom quedará automáticamente desvinculado del caso.
La investigación determinó que entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022 se montó una estructura para desviar fondos destinados a beneficiarios de planes sociales. El monto actualizado del fraude, calculado con la tasa efectiva anual del Banco Provincia del Neuquén, asciende a 1.147.719.216,40 pesos al 12 de agosto de 2025.
En los tres años de pesquisa, el número de imputados llegó a rondar los 30. Hubo caminos judiciales distintos porque nueve imputados aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso. Fueron Omar Ulises Rodríguez Quezada, Aaron Escobar, Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo Adrián López y Andrés Meza Lizama.
Otras cuatro personas que inicialmente fueron imputadas aceptaron colaborar con la Fiscalía, declararon contra sus jefes y a cambio fueron sobreseídas. Sus nombres se mantienen en reserva por decisión del Tribunal.
En tanto que el auditor Julio Arteaga, de la Contaduría General que tenía la responsabilidad de auditar la cuenta de Subsidio a la Desocupación Laboral, logró postergar el juicio por tres meses, también por problemas de salud.