La iniciativa toma relevancia mientras el Senado debate cómo funcionará el régimen de tierras nacional frente a agentes extranjeros.
El Gobierno de Neuquén avanzó con un proyecto para modificar la Ley de Tierras Fiscales con una definición central: los terrenos provinciales solo podrán ser adjudicadas en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, busca establecer nuevas condiciones para el acceso a un recurso considerado estratégico para la provincia y, al mismo tiempo, orientar su utilización hacia actividades que generen producción, empleo y desarrollo.
El proyecto modifica el artículo 1° de la Ley 263 y establece que el Poder Ejecutivo deberá promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal mediante su arrendamiento y enajenación "en forma progresiva y orgánica" en favor de los auténticos trabajadores del campo.
La nueva redacción también incorpora como principio de interpretación de la norma que la tierra no debe constituir solamente un bien de renta, sino un instrumento de trabajo.
Uno de los principales cambios propuestos es que las tierras fiscales puedan ser adjudicadas únicamente a personas humanas o jurídicas argentinas.
Pero la iniciativa no se limita a establecer esa condición de nacionalidad. También plantea que el objetivo de la política de tierras debe estar vinculado con la protección del campesinado y con la reactivación de la tierra fiscal mediante el incentivo a distintos proyectos productivos.
El texto menciona específicamente actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas e industriales, además de iniciativas vinculadas al agregado de valor.
La propuesta también incorpora como objetivos la promoción del arraigo, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales que pertenecen al dominio provincial.
De esta manera, el Gobierno provincial busca que la discusión sobre el destino de las tierras fiscales no quede limitada a quién puede acceder a ellas, sino también a qué finalidad tendrán esas superficies una vez adjudicadas.
La iniciativa neuquina se conoce en la previa del debate que tendrá el Senado de la Nación el 6 de agosto, donde está previsto discutir modificaciones al régimen nacional de tierras.
En ese escenario, la posición de Neuquén apunta a defender la potestad provincial sobre su territorio. La discusión nacional incorporó cambios durante el tratamiento en comisión y el texto que llegará al recinto reconoce que cada provincia conserva la posibilidad de establecer el régimen jurídico aplicable sobre las tierras dentro de su territorio.
En paralelo, Figueroa había solicitado a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que planteara un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros en el ámbito nacional, mientras que la Provincia avanza con su propia regulación sobre las tierras fiscales de dominio neuquino.
El proyecto provincial plantea así una mirada que combina propiedad, producción y arraigo. La tierra fiscal es presentada como un recurso que debe cumplir una función social y productiva y no solamente como un activo susceptible de ser utilizado como renta.
La modificación propuesta busca que el Estado provincial pueda orientar esas tierras hacia personas y proyectos vinculados con el desarrollo de Neuquén, con especial atención en las actividades productivas y en la generación de empleo.