Sejun brindó una conferencia este miércoles. Exige que se constituya el nuevo órgano con suma urgencia ya que tendría 30 días para investigar si se ejerció maltrato.
Tras la anulación del dictamen de la comisión especial, el proceso de jury contra la jueza Andrea Di Prinzio, del Juzgado de Familia de Junín de los Andes, sospechada de maltrato laboral, ingresa en una nueva etapa. Se espera la conformación de una comisión renovada que deberá retomar la investigación desde cero.
Santiago Alonso, secretario general del Sindicato de Judiciales de Neuquén (Sejun), reclamó que la designación se concrete sin demoras. “No hay plazos concretos para la designación y desde Sejun estamos exigiendo que rápidamente se constituya”, advirtió en diálogo con LM Neuquén.
Subrayó que el proceso del Jurado de Enjuiciamiento sí tiene plazos propios que no pueden seguir postergándose, es por eso que lalmaron a una urgente conferencia de prensa en Ciudad Judicial para dar a conocer detalles del caso.
Los suplentes que asumirán la comisión especial (en la anterior estaban Soledad Gennari y el diputado Ernesto Novoa) son los diputados Darío “Pampa” Peralta y Francisco Lépore, junto a los abogados Jorge Calfunao y Roxana Grosbaum. Podría estar presidida por el vocal José Gerez. (en el caso de que no haya alguna incompatibilidad si fue parte del dictamen fiscal), también la defensora Vanina Merlo o conjueces.
Una vez constituida, la comisión tendrá hasta 30 días para recolectar pruebas y emitir un dictamen, según lo establece el artículo 18 de la ley 1565.
El dirigente gremial destacó que son 20 las denuncias presentadas, todas en la misma dirección: que Di Prinzio ejerció maltrato, violencia y burlas contra sus compañeras de trabajo.
“Sobran pruebas”, sostuvo, y aclaró que lo que el sindicato no quiere es que las víctimas sean sometidas a una revictimización mediante nuevas declaraciones ante el jurado.
Para Alonso, el caso excede ampliamente el ámbito laboral. “No es solamente un problema entre el jefe y el empleado; está claro que es un problema de toda la comunidad y de los abogados de la matrícula”, concluyó.
Este miércoles a las 10.30, Sejun convocó a una conferencia de prensa en Ciudad Judicial para dar a conocer públicamente los detalles del caso y exigir la rápida constitución de la nueva comisión.
El Jurado de Enjuiciamiento de Neuquén había declarado el pasado lunes la nulidad del dictamen de la Comisión Especial que había declarado inadmisible la denuncia contra la jueza de Familia de Junín de los Andes, Andrea Di Prinzio Valsagna, sospechada de ejercer maltrato laboral sistemático contra empleados, funcionarios y abogados de su juzgado.
El expediente vuelve ahora a esa Comisión, pero con una integración completamente renovada, y con un plazo de 30 días corridos para producir la información sumaria y emitir un nuevo dictamen conforme a derecho.
La decisión fue unánime. Los tres vocales del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, Roberto Busamia y Alfredo Elosu Larumbe, junto a los diputados y las abogadas designadas por la Legislatura (los diputados Ludmila Gaitán y Matías Martínez, las abogadas Stella Maris Petri y Cintia Cid) coincidieron en que la Comisión Especial nunca realizó la información sumaria que la ley le exige, cerró sus actuaciones 13 días antes de que venciera el plazo legal y emitió un dictamen sin sustento probatorio.
El presidente del Jurado, el vocal Mazieres, dijo que la Comisión admitió que necesitaba investigar para precisar los hechos, pero no produjo ninguna diligencia útil.
En tanto que Busamia sumó un dato de peso institucional porque si bien el Tribunal Superior de Justicia solo puede imponer apercibimientos, el Jurado tiene facultades para sancionar con suspensión de hasta 60 días o incluso la remoción. Esa diferencia fue precisamente la razón por la que el TSJ derivó las actuaciones al Jurado, al estimar que los hechos denunciados podrían exceder una simple corrección administrativa.