Docentes pararon y pidieron cárcel para los responsables de la muerte de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Frances y su sobrino Mariano Spinedi.
La semana arrancó con un paro de ATEN, a cinco años de la explosión y muerte en la Escuela 144 de Aguada San Roque, que se llevó la vida de la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino-ayudante, Mariano Spinedi.
En el medio hubo una causa penal histórica, con condenas a funcionarios y empresarios de la obra pública, pero nadie en la cárcel, que es el pedido del gremio y los familiares de las víctimas, en la recordada esplosion durante la pandemia.
El gremio convocó para este lunes a una medida de fuerza que afectó el normal dictado de clases en las escuelas públicas y que tuvo como actividad central una movilización por las calles de la capital.
La concentración fue convocada para las 10 en el Monumento al General San Martín. Desde ese punto, docentes, trabajadores de la educación y representantes de las distintas seccionales del sindicato marcharon por el centro neuquino bajo la consigna "Nunca más morir en una escuela", para recordar a Jara, Francés y Spinedi, las tres víctimas de la tragedia ocurrida el 29 de junio de 2021.
En su discurso durante la jornada, la secretaria general de ATEN Provincia, Fany Mansilla, eligió empezar por atrás: por el año previo a la explosión.
Recordó que 2020 fue el año de la pandemia, de la enseñanza sin elementos tecnológicos, de cuadernillos y bolsones de comida, de cerca de 400 cargos sin cubrir solo en primaria y especial, y de un sindicato que tuvo que inventar formas de lucha —apagones, ayunos, ocupaciones de la Casa de Gobierno— para arrancarle al Estado una mesa de negociación salarial.
Ese contexto, dijo, es inseparable de lo que pasó después, que fueron escuelas que terminaron el 2020 "como si hubieran transitado una guerra", el debate sobre la vuelta a la presencialidad en 2021 sin que se resolvieran los problemas edilicios, y resoluciones gubernamentales que presionaban para reabrir aulas mientras ATEN advertía que la prioridad debía ser garantizar condiciones seguras, no solo cumplir el calendario escolar.
Mansilla repasó también el camino judicial que siguió a la explosión. La decisión de ir a Aguada San Roque ese mismo 29 de junio, la conformación de un equipo de abogados especializados y de un perito criminalístico, y una estrategia que combinó lo jurídico con la movilización política sostenida durante años de audiencias y juicio.
Ese proceso tuvo su desenlace en septiembre de 2024, cuando un tribunal integrado por los jueces Ignacio Pombo, Maximiliano Bagnat y Lisandro Borgonovo declaró responsables de estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta a cinco personas vinculadas a la obra.
Fueron los exfuncionarios de Obras Públicas Sergio Percat, Carlos Córdoba y Alfredo Capdevila, y los representantes de la empresa Arte Construcciones —con domicilio en Cipolletti— Diego Bulgheroni y Héctor Villanueva Montalbán. En febrero de 2025 se conocieron las penas: cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para Percat, y condenas de entre cuatro y cuatro años y medio para el resto. El subsecretario Roberto Deza fue el único absuelto.
En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó todos los recursos extraordinarios presentados tanto por las defensas como por las querellas, y dejó firmes tanto las condenas como la absolución, cerrando la instancia provincial de la causa.
Pese a ello, ninguno de los condenados está detenido: al no haber sentencia firme con agotamiento de todas las instancias hasta hace pocos meses, y por tratarse de penas que admiten distintos regímenes de cumplimiento, todos permanecen en libertad.
Para Mansilla, el fallo (que calificó de "sin precedentes") repara en parte, pero no alcanza. "Nada nos devuelve a nuestros compañeros y a sus familias y sus hijas a su mamá", planteó.
Apuntó además contra la lógica de entregar obras públicas apuradas y sin la supervisión correspondiente, y pidió que la sentencia "retumbe en cada oficina del Estado" donde haya responsabilidad sobre la vida de las personas.
La dirigente cerró su discurso con el reclamo que ATEN viene sosteniendo desde la condena y es que la justicia se ejecute y que los responsables cumplan efectivamente la pena impuesta.
"Que se cumpla la sentencia, que los condenados vayan a la cárcel", concluyó.
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