La Defensoría debate con desarrolladores privados la reapertura del brazo Todero, un humedal clausurado por los barrios. Hay un amparo judicial ambiental.
Entre las calles Anaya y Saavedra, al fondo de los barrios La Castellana y La Zagala, en el sureste de la ciudad de Neuquén, corre (o debería correr) el brazo Todero. Es un cauce secundario del río Limay que permanece cerrado desde la década de '70 y que hoy es el punto de una disputa entre vecinos, desarrolladores privados y el Estado provincial.
Su cierre se remonta a la apertura original que tenía el cauce hace más de 50 años, cuando un propietario privado lo rellenó para ganar terreno. Ese relleno terminó, con el correr de los años, con buena parte de los humedales que existían en la zona.
El Defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra, adelantó a LM Neuquén que la semana próxima habrá una reunión fundamental para destrabar la obra que permitiría reabrirlo. Es un sector donde desde el aire se pueden ver los barrios La Castellana y La Zagala y otros desarrollos, que rodean al brazo.
El brazo Todero nace en Valentina Sur Rural y vuelve al cauce principal del Limay en la zona de Gatica al fondo, en el límite del balneario Sandra Canale.
El conflicto actual es bastante viejo en la historia de la ciudad de Neuquén. El primer amparo judicial por la situación del brazo se presentó en 2018 y se profundizó en 2020, en plena pandemia, en un contexto que Pereyra vinculó a las obras que en ese momento se realizaban en la península de Hiroki y al reclamo de los vecinos de la costa por la afectación del Paseo Costero.
En los años siguientes, distintos desarrolladores avanzaron con loteos sobre los márgenes del cauce seco, lo que motivó nuevas denuncias de la Defensoría —entonces a cargo de Ricardo Riva— para frenar la tala y el vertido de relleno sobre el humedal.
La obra que debía destrabar la situación se licitó en 2023. Se trata de la "Apertura, Sistematización y Saneamiento del Brazo Todero - Puente calle Anaya" que fue adjudicada a la empresa ARCO SRL, la misma firma que, según había denunciado en su momento la Defensoría, habría sido responsable de parte del taponamiento previo del humedal.
Los trabajos, a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, comenzaron en junio de 2025 y hoy superan el 87% de avance, con una inversión que ronda los 6.200 millones de pesos financiada por el Fondo Hídrico Provincial.
Pereyra confirmó que la primera etapa de la obra —los tres puentes proyectados sobre las calles Anaya, Saavedra e Ignacio Rivas— ya está terminada.
"Esos tres puentes ya finalmente se construyeron. Lo que hay que hacer ahora es el brazo Todero, darle la apertura que tenía originalmente el cauce en la década del 70", explicó el Defensor.
La infraestructura vial está casi resuelta, el amparo ambiental que sostiene la Defensoría continúa vigente y condiciona el paso siguiente, que es la reapertura efectiva del cauce.
Pereyra fue gráfico sobre cuáles son las pretensiones del organismo para acompañar esa etapa, sin levantar el amparo ambiental que está en la justicia neuquina.
"Primero, que haya la menor afectación ambiental posible. Sabemos que restaurar el cauce natural de ese brazo es importante, pero también es importante que no se afecte toda esa biodiversidad que se creó en los años en que el canal permaneció cerrado y se formaron lagunas y otros ambientes naturales en la zona, señaló.
El segundo reclamo apunta directamente a los desarrolladores privados que tienen loteos sobre los márgenes del brazo. "La cesión de parte de los privados de distintos márgenes a la orilla del brazo, para que sea de utilidad pública. Que la gente pueda ir a tomar mate, andar en bicicleta, caminar, que se puedan hacer algún tipo de paseo", indicó Pereyra.
El Defensor fue explícito sobre qué escenario buscan evitar. Que se repita lo ocurrido con el río Neuquén y el sector de Rincón de Emilio, "que tenía hasta la mismísima costa y la gente no tenía acceso a la costa".
"Se pretende que las costas de ese canal sean de utilidad pública, que se afecte la menor cantidad de vegetación posible", resumió.
Para avanzar sobre esos dos puntos, la semana próxima está prevista una mesa técnica que reunirá a la Municipalidad de Neuquén, Recursos Hídricos, el área de Ambiente provincial, la Defensoría y los desarrolladores privados con terrenos linderos al cauce.
Más allá del reclamo ambiental y del acceso público, Pereyra planteó que la reapertura del brazo Todero cumple una función hidráulica concreta: descomprimir el cauce principal del Limay ante crecidas fuertes.
Según explicó, un brazo funcionando permitiría derivar entre 400 y 500 centímetros cúbicos de agua por segundo, lo que evitaría que se aneguen los barrios privados y abiertos de la zona de la costa.
"Vendría a ser el vertedero que le saca caudal al cauce principal", graficó, en una comparación con el funcionamiento de una represa cuando supera su capacidad.
La comparación viene al caso por el comportamiento habitual del río. El caudal erogado desde el compensador de Arroyito —aguas abajo de la represa El Chocón— suele moverse entre los 250 y los 900 metros cúbicos por segundo según la demanda energética, con un límite operativo que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) fija en torno a los 1200-1290 m3/seg.
En julio de 2020, una erogación excepcional que llegó a 1375 m³/seg obligó a autoevacuar a varias familias en zonas ribereñas cercanas a Plottier. Es justamente ante escenarios de esa magnitud (crecidas por mayor generación en El Chocón) que la Defensoría sostiene que el brazo Todero, funcionando como corresponde, actuaría como alivio del cauce principal para los barrios de la costa neuquina.
La reunión de la semana próxima entre el Estado, la Defensoría y los desarrolladores privados definirá si el brazo Todero recupera, más de medio siglo después, el curso que supo tener.