El gobierno provincial neuquino expulsó a otros dos empleados que acumularon meses sin presentarse a trabajar. Ordenaron recuperar los salarios cobrados.
El gobierno provincial de Neuquén dispuso, una vez más, la cesantía de dos ahora exempleados de la administración pública, que registraron ausencias injustificadas durante gran parte de 2024. La medida, oficializada mediante decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa, incluye la instrucción expresa de recuperar los salarios que ambos estatales percibieron de manera indebida durante los meses que no asistieron a sus puestos de trabajo.
Uno de los despidos que se conocieron en las últimas horas alcanzó a un agente identificado como Marcelo Luis Reyna, quien era empleado de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
A través del decreto 1888, se determinó su despido tras confirmarse que no se presentó a trabajar entre el 2 de enero y el 31 de octubre de 2024, es decir que faltó durante diez meses seguidos. Según se explicó en documentación oficial, durante todo ese tiempo, el agente no presentó certificados médicos ni tramitó licencias que justificaran sus incumplimientos. Según determinó la Junta de Disciplina, incurrió en abandono de cargo, la misma falta que le endilgaron a una larga lista de ahora exagentes que no cumplieron con sus obligaciones.
La segunda desvinculación recayó sobre un ahora exempleado al que se identificó como Emanuel Antonio Ibarra, quien se desempeñaba en la Subsecretaría General. El decreto 1887 del año 2026 detalla que este agente no asistió a su lugar de tareas desde el 2 de mayo hasta el 30 de agosto de 2024. Es decir, faltó durante cuatro meses seguidos.
En el expediente consta que al ser citado a declarar durante el sumario administrativo, el agente reconoció las inasistencias que se le atribuyen. Desde la Junta de Disciplina advirtieron que el sumariado mostró una actitud de absoluta indiferencia y desinterés respecto del cumplimiento de sus deberes laborales y de las necesidades propias del organismo.
Ante la gravedad de los hechos, el Ejecutivo no solo definió las cesantías, sino que ordenó revisar las liquidaciones de sueldos. Ambos documentos administrativos establecen que se deberá corroborar a través del ministerio de Economía los importes abonados a los agentes durante los períodos en los que no prestaron servicios.
En caso de confirmarse que cobraron sus haberes con normalidad pese a los faltazos, se habilitarán los mecanismos pertinentes mediante la Fiscalía de Estado para exigir la devolución del dinero. Los decretos advierten que esta situación configura un enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial.
A principios de noviembre, el gobierno provincial neuquino también concretó los despidos de otros cinco trabajadores estatales por faltazos reiterados e injustificados.
Uno de ellos fue identificado como Kevin Tomás Parra, quien tenía cargo de portero en el Jardín de Infantes 76 de Neuquén. Los auditores lo acusaron de haber inasistido en forma injustificada durante distintas jornadas de enero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024.
El mismo destino tuvo Joaquín Andrés Maidana, quien también tenía cargo de portero en esa institución educativa de Neuquén. En su caso, por haber inasistido en forma injustificada en distintas jornadas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024.
Una de esas nuevas cesantías también recayó sobre Lucas Gonzalo Cumilao, quien tenía cargo de enfermero en el Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar.
Los auditores dieron por acreditado que faltó de manera injustificada durante los días 3, 4, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de agosto; 1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de noviembre; y 1, 3, 14 y 15 de diciembre de 2024.
Otro de los despedidos fue Diego Raúl Esteban Ibañez, quien era planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
De acuerdo a lo expuesto en el decreto, faltó en forma injustificada a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de julio de 2024. No avisó que se había ido a vivir a Cutral Co, pero lo que quedó registrado es que “no prestó funciones, dado que nunca se presentó a trabajar desde el cambio de gestión, y no agregó justificación alguna”.
La última cesantía de esta tanda es la que recayó sobre la ahora ex agente María Virginia Rivas, quien era planta permanente del ministerio de Seguridad y faltó en forma injustificada durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 24 de junio de 2024.