Una pareja compró un inmueble en Confluencia. Nunca construyeron los módulos en tira. La empresa quebró y los denunciantes hicieron su propia investigación.
En 2018 Ailín González tenía un plan junto a su pareja. Iban a comprar su primer departamento propio. Lo eligieron en Confluencia Rural, sobre las calles Boerr y Los Álamos, junto al río Limay, uno de los barrios más cotizados de Neuquén capital.
El complejo se llamaba Vivo Confluencia, prometía 164 unidades en 8 etapas, y la empresa detrás era VM SRL. Firmaron el boleto de compraventa el 8 de febrero de 2018. Pagaron la entrega inicial, cuotas ajustadas por el índice de la Cámara de la Construcción, y un saldo de posesión. Todos los pagos fueron recibidos con factura y pagaré.
El total era de 100.000 dólares y la entrega pactada fue el 11 de agosto de 2021. Pero en esa fecha llegó y no pasó nada. Nunca se entregó el departamento, y ahí comenzó el derrotero judicial.
Durante 2022, VM SRL respondió negando todo respecto a los contratos y adelantos en dinero. Según Ailín, las primeras tiras del complejo, que usaban como vidriera para captar compradores, estaban en su mayoría en manos de los propios socios y sus familias.
“Las usaban para mostrarnos, traerlos, venderlos”, contó a LM Neuquén. La etapa donde estaba su departamento nunca se terminó.
En 2023, la pareja inició la causa civil por incumplimiento de contrato. El juicio avanzó y en 2025 el juez Martín Peliquero, del Juzgado Civil N°2 de Neuquén, dictó sentencia. La empresa tenía diez días hábiles para entregar la unidad funcional, o traducir esa obligación en dinero.
También declaró nulas dos cláusulas del contrato que limitaban los derechos de los compradores: una que restringía la multa por incumplimiento al 25% del valor locativo, y otra que les exigía renunciar de antemano a invocar la teoría de la imprevisión o el abuso de derecho.
Pero antes de que pudiera ejecutarse el fallo, VM SRL se presentó en concurso preventivo. Cuando Ailín revisó la lista de acreedores, encontró algo que no esperaba que entre los primeros figuraban los propios socios de la empresa y sus familiares.
“Cuando empezamos a ver que era una modalidad reiterativa, que iban creando empresas sin ningún tipo de control municipal, fuimos a la causa penal”, explicó Ailín.
La investigación que ella y otras víctimas realizaron de forma independiente identificó cinco empresas vinculadas al mismo operador y seis proyectos abandonados, suspendidos o sin concluir en toda la provincia.
El 2 de febrero de 2026, el primer día hábil tras el receso judicial, presentaron la denuncia formal en la Unidad de Delitos Económicos de Neuquén. El fiscal es Juan Manuel Narváez, bajo supervisión del fiscal jefe Vignaroli. Los delitos denunciados son estafa en concurso real con asociación ilícita, administración fraudulenta y concurso fraudulento de acreedores.
De acuerdo a la denuncia que presentó González, hay nueve personas que podría ser imputadas en la causa, que aún no está en etapa de investigación, sino de datos de pruebas y testimonios. Se trata de un matrimonio que según la denuncia, habría utilizado el concurso preventivo como escudo legal para eludir el pago a los damnificados.
Las sociedades que habrían utilizado para operar son VM SRL, VM Desarrollos Urbanos SRL, Induspet SRL, Conecta Gestión de Negocios SAS y Rebus SAS.
El patrón identificado por las víctimas se repite en seis emprendimientos no sólo en Vivo Confluencia, sino que vieron casos similares en el Loteo Don Ricardo, Loteo Mira Sur, Edificio Custo, Mido 2 y W Center (edificio abandonado en Carlo H Rodríguez y Brown).
Desde que presentaron la denuncia, hace más de tres meses, los únicos movimientos del Ministerio Público Fiscal fueron de carácter administrativo, de acuerdo a lo informado por la denunciante. Ailín fue a declarar y la experiencia fue desconcertante. “Fui como denunciante y me sentí acusada”, dijo.
“Esto no es un conflicto entre privados ni un mal negocio. Esto es un esquema organizado con múltiples empresas, múltiples socios y múltiples proyectos abandonados. Los nombres están, las pruebas están. Lo que falta es que la justicia actúe en consecuencia”, resumió.
Ailín pide celeridad a la justicia, porque si bien en principio intentó resolver el tema por la vía civil, el concurso de la empresa la deja sin posibilidades de recuperar el dinero que invirtió en el departamento en pozo.
Pidió que no la traten como sospechosa por hacer una "investigación propia". Y solicitó, sobre todo, lo que lleva siete años esperando, nada más ni nada menos que las llaves de su departamento.