La Fiscalía destacó la planificación de la maniobra, el uso de la estructura de la cooperativa y el perjuicio sufrido por decenas de familias.
La Fiscalía pidió 12 años de prisión efectiva para Miriam Claudia Alejandra Godoy, condenada como coautora de 63 estafas cometidas a través de la Cooperativa 14 de Octubre. El pedido se conoció este lunes, al finalizar la audiencia en la que se discutió la pena que deberá cumplir la mujer.
La etapa de determinación de la pena había comenzado la semana pasada y era la última instancia pendiente del juicio, luego de que en abril un tribunal determinara la responsabilidad penal de Godoy por los hechos investigados. El fiscal Juan Narváez, que intervino en el proceso junto a la asistente letrada Tanya Cid, sostuvo que la condena debía contemplar no solo la cantidad de víctimas, sino también la forma en que se llevó adelante la maniobra y el impacto que tuvo en las familias.
Entre los principales agravantes, Narváez mencionó la planificación y sofisticación del mecanismo utilizado, el aprovechamiento de la estructura y el prestigio de la Cooperativa 14 de Octubre y el abuso de la confianza de quienes acudían a la institución con la expectativa de conseguir una solución habitacional.
Para la Fiscalía, la maniobra no ocurrió de manera aislada ni en un período breve. Se sostuvo durante varios años y permitió que numerosas familias entregaran dinero en el marco de proyectos relacionados con el acceso a terrenos.
Esa continuidad fue uno de los elementos que el fiscal consideró al momento de fundamentar los 12 años de prisión efectiva solicitados. Pero durante la audiencia también quedó reflejado otro aspecto: qué significó para las víctimas perder el dinero que habían destinado a cumplir un proyecto familiar.
Dieciséis víctimas prestaron testimonio durante esta etapa del juicio. Sus relatos permitieron conocer las consecuencias que tuvieron los hechos más allá del perjuicio económico.
Hablaron de ahorros perdidos, endeudamiento y dificultades para sostener proyectos familiares. En algunos casos, el dinero entregado estaba destinado a conseguir un terreno y avanzar con la construcción de una vivienda.
Narváez sostuvo que ese impacto debía ser considerado al momento de fijar la pena. Al mismo tiempo, aclaró que la Fiscalía no atribuyó a Godoy consecuencias médicas específicas relatadas por algunas de las víctimas.
El planteo fue que los testimonios fueran valorados dentro del contexto general de los hechos y de las consecuencias que tuvieron sobre las personas afectadas.
La Fiscalía también hizo referencia al destino que tuvieron parte de los fondos. Según expuso Narváez, durante la investigación se detectaron transferencias desde cuentas de la cooperativa hacia cuentas personales de Godoy y de familiares.
El fiscal sostuvo que esos recursos fueron utilizados para gastos personales, entre ellos viajes, compras y otros consumos. Para la acusación, este aspecto constituye un elemento importante para establecer que detrás de la maniobra existió la búsqueda de un beneficio económico personal.
A la hora de establecer la pena, el fiscal también mencionó circunstancias que podían jugar a favor de la acusada. Godoy no registra antecedentes penales, aceptó su responsabilidad por los hechos y, además, la Fiscalía consideró su situación personal y familiar.
Sin embargo, Narváez entendió que esos factores no alcanzan para neutralizar la gravedad de la conducta ni la magnitud del perjuicio provocado, por lo que mantuvo el pedido de una condena de cumplimiento efectivo.
La querella solicitó una pena aún mayor: 14 años de prisión efectiva. La defensa, en cambio, pidió seis meses de prisión en suspenso, acompañados por reglas de conducta.
La Fiscalía no se limitó a solicitar una pena de prisión. También pidió una medida que podría tener un impacto directo sobre las personas damnificadas. Narváez solicitó el decomiso y posterior remate del inmueble donde funcionaba la Cooperativa 14 de Octubre, ubicado en Diagonal España 467 de Neuquén.
La propuesta es que el dinero obtenido de la venta sea distribuido proporcionalmente entre las víctimas, una vez establecido cuánto corresponde a cada una según el perjuicio sufrido.
De esta manera, la discusión sobre la pena quedó acompañada por otro reclamo: que los bienes vinculados al caso puedan servir para recuperar parte de los fondos que las familias perdieron.
Con los argumentos de todas las partes expuestos, el tribunal integrado por Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo cerró la etapa de cesura y comenzó a deliberar. La Oficina Judicial deberá coordinar durante las próximas 48 horas la fecha para comunicar el veredicto. Las víctimas podrán seguir la audiencia mediante videoconferencia.
La decisión definirá finalmente la pena que deberá cumplir Godoy y también permitirá conocer si prospera el pedido de decomiso del inmueble para destinar lo obtenido a la reparación económica de quienes fueron afectados.