Sebastián Fernández y Ana Lía Facal encabezan la lista que el 26 de noviembre busca llevar la mirada del abogado que litiga al Consejo de la Magistratura.
Quien trabaja dentro del Poder Judicial de Neuquén y se anota en un concurso para juez pide unos días de licencia, se encierra a estudiar y, si le va mal, vuelve a su escritorio como si nada. El abogado que tiene un estudio no puede hacer eso. Tiene que buscar a alguien que lo cubra en las audiencias, pagarle y seguir con sus causas mientras se prepara para concursar.
Sobre esa diferencia, que casi nunca se discute fuera del ámbito judicial, arma su campaña la agrupación Abogados Litigantes. Es una de las tres listas que el 26 de noviembre compiten por las dos bancas que la abogacía tiene en el Consejo de la Magistratura de Neuquén.
La encabezan Sebastián Fernández y Ana Lía Facal, que pasaron por LM Neuquén para hablar de sus propuestas. Hablaron también de un momento complicado en la justicia neuquina: el paro de los judiciales, juzgados con vacantes, un nuevo Código Procesal Adversarial que todavía no se acomoda y órdenes de pago por juicios que tardan meses.
Aunque se confunden, son dos elecciones distintas. La conducción del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (CAyPN) se votó hace poco y la ganó Abogados Litigantes. Lo que se define ahora es quiénes van a representar a los abogados en el organismo que selecciona a los jueces, fiscales y defensores de la provincia.
El Consejo tiene siete miembros y está conformado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Legislatura según el peso de cada bloque y dos abogados elegidos por sus colegas. Los mandatos son de cuatro años y, según explicaron los candidatos, no hay reelección.
Compiten tres listas. Dos vienen de la ciudad de Neuquén y una del interior. Las agrupaciones habilitadas son Abogados y Abogadas Pluralistas, Representación del Interior y Abogados Litigantes.
Se vota con boleta única electrónica y la organiza el Juzgado Electoral provincial, que también está capacitando a fiscales y autoridades de mesa. El padrón ya está cerrado y pueden votar los matriculados que tenían la cuota al día a diciembre del año pasado, unos 2.070 abogados según los candidatos.
"Nosotros conocemos cómo funciona el tribunal y cómo funciona el juzgado", dijo Fernández, que trabaja en la abogacía desde los 19 años. Empezó como procurador, se recibió en 2007 y desde entonces tiene un estudio jurídico con dos socios. Además, trabajó en Fiscalía de Estado.
El candidato contó que en los concursos del Consejo de la Magistratura ven "una brecha muy grande" entre los postulantes que vienen de la estructura judicial y los que vienen del ejercicio liberal de la profesión.
"El que está adentro cuenta con otras facilidades. Una persona que necesita concursar y está dentro del Poder Judicial solo basta que pida diez, quince días para estudio, y se los puede pedir tranquilamente. El abogado esos diez días no los tiene", explicó.
Según Fernández, eso se nota después en los currículums, en la cantidad de capacitaciones que suma cada uno. "Que no quiere decir que sean de calidad", aclaró.
Desde Litigantes destacaron también el costo personal. "Uno, cuando toma la decisión de postularse para un cargo, toma una decisión de vida", señalaron.
El abogado tiene que pensar qué hace con el estudio que armó durante años, cómo acomoda a la familia y de dónde saca horas para estudiar mientras sigue con audiencias y juicios. "Es un doble esfuerzo. Si al que está adentro le va mal, alguien lo reemplazó, no se le cayeron los juicios y vuelve a su cargo. En el ejercicio profesional no pasa eso".
Aun así, sostienen que cuando llega la evaluación técnica los postulantes de la matrícula quedan "muy equiparados" con los judiciales. Como ejemplo citaron un concurso abierto para dos cargos de juez laboral donde los dos primeros puestos son de abogados que vienen del ejercicio profesional.
Sobre el examen técnico agregaron una advertencia. "Muchas veces puede ser una foto de un momento. Te puede ir bien, te puede ir mal". Por eso dicen que, si llegan al Consejo, van a tomar las evaluaciones como agrupación y no como una decisión individual de cada consejero.
"Queremos equiparar y enaltecer el ejercicio liberal de la profesión. Que esos profesionales que conocen cómo funciona todo del otro lado del escritorio le den esa experiencia a la Justicia, que hoy es muy necesaria", resumieron. Y explicaron el nombre de la lista: "Por eso nos llamamos Litigantes".
Los últimos días, muchos abogados se quejaron por el paro del gremio judicial y por lo que algunos describen casi como una costumbre: cuando llegan noviembre y diciembre, el Poder Judicial baja el ritmo. Y eso pasa con más causas que nunca y un fuero de Familia saturado.
Los candidatos no cuestionaron el derecho a huelga, pero hablaron de un problema de fondo. "Es un problema crónico del Poder Judicial. No es el primer paro del año ni el primero que nos toca enfrentar en nuestra gestión. Se da todos los años y siempre termina de la misma manera", dijeron.
Para ellos, lo distinto este año es que la paciencia de la sociedad es menor y el paro se suma a otros problemas: los atrasos en la implementación del nuevo código y las vacantes de magistrados que dejaron las jubilaciones.
El ejemplo más claro es el fuero laboral, que hoy trabaja con tres jueces mientras el Consejo de la Magistratura tramita los concursos para cubrir otros tres. "Ojalá que a principios del año que viene podamos contar con esos jueces, porque es fundamental", dijeron.
Todo eso, señalaron, generó "un malestar no solo en los profesionales sino también en la ciudadanía".
Otro tema que preocupa a la matrícula son las demoras en las órdenes de pago judicial (OPJ), que permiten a los abogados cobrar sus honorarios y a los clientes cobrar su capital.
"Hoy tenemos demoras que nunca se habían dado en el Poder Judicial. Antes eran de un mes, un mes y medio. Hoy son de meses", advirtieron.
Contaron que el Colegio de Abogados tuvo varias reuniones con el Tribunal Superior de Justicia para ofrecer ayuda y buscar cómo achicar esos plazos.
El nuevo Código Procesal Civil Adversarial cambió la forma de trabajar del abogado, explicaron. Ahora carga con la prueba y con toda la estrategia del juicio, pero también tiene más control: más sanciones por incumplir obligaciones o por mala fe procesal.
"Genera una responsabilidad del profesional mucho más grande", dijeron, y por eso consideran que debe reconocerse en los honorarios, un tema que el Colegio ya viene trabajando.
También destacaron que los jueces ahora tienen que estar presentes en las audiencias. "Eso es muy importante para la ciudadanía, porque se siente más escuchada", señalaron.
Con unos 16 meses de aplicación, creen que todavía es pronto para hacer un balance. Recordaron que en el fuero penal el cambio de código tardó cerca de tres años en normalizarse y dicen que quieren acortar ese plazo. Para eso, el Colegio organiza capacitaciones en toda la provincia, tanto para abogados como para empleados y funcionarios judiciales.
Ana Lía Facal empezó su vínculo con la Justicia como martillera pública inscripta en las listas judiciales. Ese fue su primer trabajo en Tribunales. Después se recibió de abogada y entró al estudio jurídico de su padre, también abogado, que según contó todavía tiene la matrícula vigente. Lleva unos treinta años en el ejercicio de la profesión y trabaja mucho en temas inmobiliarios.
Los candidatos pidieron a los colegas que vayan a votar el 26. "Son elecciones muy importantes. Tenemos que dignificar el ejercicio de la profesión liberal, y nuestra lista es la que apunta a eso".
El Consejo tiene siete miembros y está conformado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Legislatura según el peso de cada bloque y dos abogados elegidos por sus colegas. Los mandatos son de cuatro años y, según explicaron los candidatos, no hay reelección.