El hombre había iniciado una demanda para recuperar la propiedad. Según su planteo, él había comprado la casa y su expareja permanecía en ella sin contar con un título que justificara su ocupación. Por ese motivo, solicitó que la Justicia ordenara el desalojo.
Sin embargo, la mujer presentó otra versión de los hechos. Explicó que la relación había comenzado en 2007, que ambos habían convivido en el inmueble y que la vivienda fue adquirida durante la pareja. También denunció que durante esos años sufrió violencia física, psicológica y económica por parte del hombre.
La separación se produjo después de un episodio de violencia ocurrido en 2012. A partir de ese momento se iniciaron distintas actuaciones judiciales vinculadas con la situación familiar.
En primera instancia, la jueza María Guadalupe Losada ya había rechazado el pedido de desalojo. Para resolver, consideró que existían suficientes elementos para reconocer que la mujer podía tener una situación de posesión sobre la vivienda y que esa discusión excedía los límites de un proceso judicial destinado únicamente a recuperar un inmueble.
La Cámara coincidió con ese criterio y confirmó la resolución.
Las pruebas que acreditaron la convivencia
Uno de los principales puntos que analizaron los camaristas fue la convivencia que había existido entre ambos. El hombre negó que hubieran vivido juntos como pareja en la vivienda, pero la documentación incorporada al expediente permitió acreditar lo contrario.
Entre las pruebas consideradas, se destacó que durante varios años la mujer figuró ante el Instituto de Seguridad Social del Neuquén como concubina del demandante. También aparecía registrada como titular del suministro eléctrico de la casa.
Otro elemento fue la documentación vinculada al nacimiento de una de las hijas de la pareja. En esa oportunidad, ambos declararon el domicilio de la vivienda de Plottier, lo que también permitió establecer que compartían ese lugar.
Para la Cámara, estos antecedentes demostraron que existió una convivencia y que la compra del inmueble se produjo mientras la relación estaba vigente. Además, los jueces tuvieron en cuenta los trabajos que se realizaron en la propiedad a lo largo de los años. Durante el proceso declararon testigos que dieron cuenta de diferentes modificaciones y mejoras.
Entre ellas mencionaron ampliaciones, cambios en las paredes, arreglos en la instalación eléctrica y la colocación de cámaras de seguridad. Estos trabajos fueron considerados relevantes para evaluar la relación que la mujer había mantenido con el inmueble.
De esta manera, los magistrados entendieron que no correspondía tratarla como una simple ocupante que debía abandonar una propiedad por pedido de su supuesto único titular.
Los antecedentes de violencia familiar
Otro de los aspectos centrales del fallo fue el contexto de violencia que había atravesado la relación. La jueza Cecilia Pamphile sostuvo que el caso debía analizarse con perspectiva de género y que no podían dejarse de lado los antecedentes judiciales vinculados con las denuncias realizadas por la mujer.
En el expediente constaban actuaciones anteriores en las que se habían dispuesto medidas cautelares contra el hombre. Una de ellas se dictó en 2012, después de uno de los episodios de violencia denunciados por la mujer, y estableció que el demandante no podía ingresar a la vivienda.
Con el paso de los años continuaron las actuaciones por violencia familiar. Incluso se dictaron nuevas medidas de protección que permanecieron vigentes hasta 2024.
Para Pamphile, estos antecedentes debían ser considerados al momento de analizar el conflicto por la propiedad, ya que la situación habitacional de la mujer estaba relacionada con una historia de convivencia y violencia que no podía ignorarse. En ese sentido, la magistrada recordó que los conflictos judiciales en los que aparecen situaciones de violencia o vulneración de derechos por razones de género requieren una mirada que permita reconocer esas circunstancias y evitar que las decisiones judiciales profundicen sus consecuencias.
La jueza María Guadalupe Losada había señalado en su resolución de primera instancia que toda controversia judicial atravesada por una situación de violencia de género debe tener en cuenta ese contexto para visibilizarlo y eliminar o reducir sus efectos.
Por qué la Justicia rechazó el desalojo
El punto central de la resolución fue determinar si el conflicto podía solucionarse mediante un juicio de desalojo. Este tipo de proceso está destinado a recuperar un inmueble cuando existe una obligación de restituirlo, pero no permite resolver discusiones complejas sobre quién tiene derechos de posesión o propiedad.
En este caso, la Cámara consideró que había elementos suficientes para entender que la mujer no podía ser considerada una ocupante sin derechos sobre la vivienda. La convivencia acreditada, la adquisición del inmueble durante la relación, las mejoras realizadas y los antecedentes de violencia familiar conformaron un escenario que requería otro tipo de análisis judicial.
Por eso, los camaristas confirmaron el rechazo de la demanda y mantuvieron la decisión de primera instancia. La resolución no implica que la Cámara haya definido de manera definitiva quién es el propietario del inmueble ni cómo deben distribuirse los derechos sobre la vivienda. Lo que estableció es que esa discusión no puede resolverse a través de un juicio de desalojo, debido a la complejidad de los antecedentes y de los derechos que podrían corresponderles a las partes.
