Se trata de vecinos que viven en el barrio de la meseta, donde algunos lotes pertenecen al IPVU para desarrollar casas. No quieren ser tratados como usurpadores.
Decenas de vecinos del barrio Ruca Antú se concentraron este jueves frente a Casa de Gobierno con un mensaje directo al Estado provincial: que los reciba y, antes que nada, que deje de tratarlos como usurpadores.
“No somos usurpadores”, decían algunas pancartas. Otras iban contra el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y sostenían leyendas como “Basta de atropellos” y “Basta de desalojos”.
La protesta empezó a gestarse desde hace varios días, cuando el IPVU realizó una denuncia por usurpación de tierras, específicamente en lo que consideró para un uso de comercio ilegal y construcción de inquilinatos clandestinos.
La justicia provincial desalojó al llamado “rey de la construcción” en la zona que es un vecino que levantaba una estructura de siete metros de frente por setenta de largo sobre tierra fiscal, en lo que el organismo describió como un megainquilinato ilegal.
La orden fue solicitada por la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero y la convalidó un juez. Eso alcanzó para encender las alarmas en todo el barrio sobre cómo vienen las reglas de juego en estos tiempos.
El asunto es que los límites en la zona son claros en los papeles, pero no en la realidad, en un sector que fue tomado desde hace años, y que se conoce como el "patio trasero de Vaca Muerta".
Las 63 hectáreas que rodean Ruca Antú y los barrios vecinos —El Trébol I y II, Choconcito, Las Tomas San Antonio y Las Flores— figuran en catastro como tierras de la Provincia, bajo titularidad de la Administración Central. Sobre ese suelo se fueron asentando con los años unas 6.000 familias, en construcciones irregulares que en muchos casos llevan algunas décadas.
El IPVU insiste en que el operativo apuntó a quienes hacen negocios con tierra pública, no a las familias. Días atrás, la secretaria de Hábitat y Urbanismo, Ana Servidio, aclaró cuál es el rol del estado provincial en esa zona.
“El eje de la gestión es volver a ser autoridad en el sector y en forma rápida llevar redes de infraestructura, recuperar tierra para la ubicación de lotes sociales”.
Y agregó que el terreno recuperado será destinado a módulos habitacionales para familias en situación de extrema vulnerabilidad. “Se trata de una política de orden para generar mejores condiciones de vida”, sostuvo.
Si bien en la zona hay muchas viviendas unifamiliares que podrían regularizarse (más allá de los planes habitacionales del IPVU), hay otro esquema más complejo que raya en lo delictivo. El esquema es siempre el mismo: alguien toma un lote fiscal, lo divide, lo vende o lo alquila a terceros, corralones, empresas, petroleras chicas, levanta inquilinatos ilegales y cobra como si la tierra fuera propia.
Según pudo saber LM Neuquén, el gobierno no tiene en carpeta avanzar en desalojos masivos. La postura es dejar que la justicia resuelva las denuncias puntuales y, si hay mesas de negociación, serán para comenzar a regularizar situaciones muy concretas, no para dar vuelta la zona con conflictos.
El reclamo central de los vecinos es uno solo y es que ninguna familia pierda su tierra sin que haya una conversación con el Estado de por medio.