El IPVU recuperó tierras en Ruca Antú para construir viviendas. Se busca terminar con los esquemas ilegales de ocupación de tierras e inquilinatos clandestinos.
El desalojo ya se concretó en el barrio Ruca Antú en la meseta de Neuquén. La Justicia actuó con la policía de la Comisaría 20, para sacar a quien era considerado "el Rey de la construcción" de inquilinatos ilegales, en lotes del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
El organismo provincial recuperó los lotes que ese vecino venía usando para levantar una gamela de siete metros de frente por setenta de largo. Era la estructura de un megainquilinato ilegal sobre tierra fiscal. Pero para el organismo provincial, esto es apenas el comienzo.
“Ya recuperamos esos lotes. Ahora vamos a trabajar en proyectos urbanísticos para dar soluciones habitacionales a familias vulnerables”, dijo la secretaria de Hábitat y Urbanismo, Ana Servidio, quien precisó que el terreno recuperado será destinado a módulos habitacionales para viviendas de extrema vulnerabilidad.
Sa sabe que este martes podría haber un reclamo al IPVU y el gobierno ya movió algunas piezas para armar una reunión entre vecinos de la zona y el organismo, para iniciar un diálogo de regularización.
Desalojo en tierras del IPVU: diferenciar el negocio de la necesidad
Es que el caso del desalojo no es algo al azar y aislado. Tiene como telón de fondo un negocio que se repite desde hace años en toda la meseta, sin que ningún gobierno lo haya frenado de verdad.
Si bien en la zona hay muchas viviendas unifamiliares que podrían rgularizarse (más allá de los planes habitacionales del IPVU), hay otro esquema más complejo que raya lo delictivo. Es el esquema es siempre el mismo: alguien toma un lote fiscal, lo divide, lo vende o lo alquila a terceros, corralones, empresas, petroleras chicas, levanta inquilinatos ilegales y cobra como si la tierra fuera propia.
Detrás de esas maniobras, que rozan lo fraudulento y pueden derivar en causas penales, operan organizaciones con estructura criminal que llevan años administrando ese mercado paralelo sobre las 63 hectáreas que el catastro provincial registra como propiedad del IPVU en la zona.
En Ruca Antu y los barrios que conforman esa franja de la meseta (El Trébol I y II, Choconcito, Tomas San Antonio y Las Flores) viven unas 6.000 familias en construcciones irregulares. Es una zona por momentos conflictiva, con profundas brechas sociales, donde el Estado estuvo ausente durante demasiado tiempo y donde la informalidad se instaló como regla.
El IPVU quiere cambiar esa lógica y “volver a ser autoridad en el sector”, llevar redes de infraestructura, recuperar tierra para lotes sociales y planificar el desarrollo urbano con alternativas dignas. Lo que se sabe es que el organismo provincial analizará "caso por caso" en territorio la situación de la gente, más allá de las irrgularidades.
Lo que no está en los planes es tolerar que los de siempre sigan haciendo negocios con tierra pública. “Esta política es para ordenar y generar mejores condiciones de vida”, remarcó la funcionaria.
Una denuncia penal: ¿habrá más?
La intervención se originó a partir de una denuncia penal presentada por el organismo provincial, respaldada por documentación catastral que acredita la titularidad de los lotes y en el marco del proceso de regularización que el IPVU lleva adelante en ese sector.
Desde el organismo señalaron que las personas involucradas toman propiedades con una notoria intención de acumulación económica e inmobiliaria en tierras públicas. Ingresaron materiales de construcción e iniciaron movimientos de obra aprovechando que el terreno se encuentra en una zona descampada y actualmente atraviesa un proceso de ordenamiento y regularización.
El desalojo de esta semana fue el primer paso. El diálogo con los vecinos, el próximo para ordenar la zona.
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