En la misma resolución, el Jurado tomó otras dos decisiones. Rechazó suspender provisoriamente a la magistrada, como había pedido la Comisión Especial, e inadmitió al sindicato judicial SEJUN como amigo del tribunal, pese a que la causa nació de una denuncia del propio gremio.
Di Prinzio tendrá que enfrentar 16 cargos que la Comisión Especial consideró sustentados por testimonios videofilmados y por informes técnicos del Poder Judicial. Todos responden a lo que el dictamen describe como un "ejercicio sistemático de modalidades de violencia laboral y de prácticas de gestión incompatibles con los deberes funcionales".
Violencia laboral y jury contra la jueza: "Trabajás muy lento"
Según la acusación, desde 2015 la jueza se habría dirigido al personal con gritos, humillaciones públicas y frases como "hacen todo mal" o "estás trabajando muy lento".
El dictamen habla de un "hostigamiento rotativo" porque las agresiones pasaban de una persona a otra, y quienes trabajaban en el juzgado vivían en "estado permanente de alerta".
Entre los episodios más graves, se le atribuye haber gritado y golpeado el escritorio cuando una funcionaria pidió el pase a otra dependencia, y haberle dicho que podía "echarla de patitas a la calle con su hija".
En otro hecho, durante una discusión en un pasillo, la jueza se habría acercado a una operadora de la Oficina de Violencia, le habría apoyado dos dedos en el pecho y la habría empujado levemente. Al terminar, según el dictamen, invitó a quienes esperaban una audiencia con un irónico "pasen, pasen, no tengan miedo".
Santiago Alonso y Griselda Porro de la conducción de SEJUN.
Claudio Espinoza
La lista de expresiones que se le adjudican es extensa. Habría llamado "traidora", "vaga" y "desagradecida" a una funcionaria, "cucaracha" a otra y "hormigas esclavas" al personal del juzgado. Sobre las Oficinas de Violencia de Junín y San Martín de los Andes habría dicho que "trabajan para la mierda" y que "son inútiles".
También se le reprochan comentarios sobre la vestimenta y el cuerpo de empleadas, y frases a mujeres que llegaban al juzgado por causas de familia o violencia, como "vos elegiste al padre de tus hijos".
Hay además cargos por represalias contra quienes pedían traslados o se presentaban a concursos: le habría retirado el saludo a personal, lo habría aislado o cambiado de lugar como castigo. También se le imputan cuestionamientos a una funcionaria durante su período de lactancia, haber arrojado expedientes al piso e interrumpido entrevistas del Equipo Interdisciplinario con un "vení ya".
"A mí no me van a hacer nada"
Uno de los cargos tiene un peso particular. Según dos testimonios, la magistrada habría repetido ante el personal frases como "que el gremio me denuncie si me tiene que denunciar, a mí no me va a pasar nada", "yo estoy protegida" y "nadie me va a poder tocar". Para la Comisión, por la posición jerárquica de quien las pronunciaba, esas expresiones eran "objetivamente aptas" para desalentar reclamos y reforzar la "percepción de impunidad".
Los informes de Salud Ocupacional y de Gestión Humana completan el cuadro. Registran un "malestar laboral de larga data" en el juzgado y en las Oficinas de Violencia, licencias psicológicas reiteradas y múltiples pedidos de traslado, algunos fundados en un textual "no aguanto más estar acá".
La versión de la jueza
En su descargo ante la Comisión Especial, Di Prinzio rechazó las acusaciones y negó haber pronunciado las expresiones agresivas que se le atribuyen.
Contó que asumió el 1 de enero de 2015 en un juzgado nuevo, sin personal, edificio ni muebles, y que heredó más de 1.500 causas de los juzgados civiles. Admitió que al principio le costó la conducción del equipo. Dijo que por recomendación de Gestión Humana cursó coaching ontológico en 2017 y 2018, y que eso cambió su forma de trabajar.
Recordó que subrogó los dos juzgados civiles, el de Villa La Angostura y el de Familia de Zapala sin conflictos con el personal. También señaló que durante nueve años cubrió en exclusiva la guardia de violencia, sin fines de semana libres.
Ubicó los problemas con la Oficina de Violencia de San Martín de los Andes a partir de 2022 y aseguró que en 2023 pidió al TSJ intervenir esa oficina por sus atrasos. Según explicó, una medida no notificada a tiempo "puede implicar un femicidio".
"No es la persona que se describe en la denuncia", resumió. Dijo que lleva un año sin trabajar, que ella también es víctima de violencia por los carteles y escraches con su foto en edificios judiciales y redes, y que quiere volver a su juzgado.
Por qué no la suspendieron
El Jurado rechazó la suspensión provisoria. Merlo recordó que desde la reforma de la Ley 2.698 esa medida dejó de ser automática y debe aplicarse como "última ratio". De lo contrario, advirtió, podría resultar "más gravosa" que la sanción misma y convertirse en un "virtual adelantamiento de pena".
Además, la jueza está de licencia, "alejada del contacto de potenciales testigos". Su defensa agregó un informe de Psicología Laboral del 17 de septiembre que la Comisión no llegó a valorar. El Jurado aclaró que podrá revisar la decisión si lo exige la investigación y que, ante una eventual reincorporación, el Poder Judicial tiene mecanismos para evitar el contacto con los testigos.
El SEJUN, afuera
El gremio, representado por su secretario general Santiago Alonso y la subsecretaria Griselda Porro, había pedido intervenir como amicus curiae. La defensa de la jueza se opuso porque argumentó que el sindicato es parte interesada, que originó la denuncia y que hizo escraches con carteles en edificios judiciales de toda la provincia.
El Jurado le dio la razón a la defensa. Señaló que el gremio no acreditó su personería ni una "especial idoneidad" sobre el tema. Remarcó además que en el mismo expediente se detectaron indicadores de violencia laboral en "formas mixtas", entre ellas una "violencia ascendente" plasmada en "acciones gremiales inadecuadas". Con ese antecedente, concluyó que la participación del sindicato "no se cristalizaría en un aporte provechoso".
El camino hasta acá no fue lineal. La primera Comisión Especial había archivado la denuncia y en mayo el Jurado anuló ese dictamen por falta de investigación. Una nueva Comisión, integrada por el fiscal general José Gerez, el diputado Francisco Lépore y la abogada Cecilia López, declaró admisible el jury en julio. Desde el SEJUN denunciaron después que el proceso se había trabado por recusaciones de la jueza contra integrantes del tribunal.
¿Cómo sigue el caso?
El expediente pasa al fiscal jefe Agustín García, porque Gerez no puede intervenir tras haber integrado la Comisión Especial. García tiene seis días para formular la acusación. Después, la jueza y sus abogados tendrán el mismo plazo para presentar su defensa. Por la complejidad del caso, ambas partes pueden extender sus plazos otros seis días con solo comunicarlo.
El Jurado quedó integrado por Vanina Merlo, los conjueces Lucas Yancarelli y Federico Sommer, los diputados Yamila Hermosilla y Alberto Bruno, y los abogados Carlos Omar Bustos y Alejandro Héctor Jofré.
