La diputada nacional denunció mensajes violentos tras su voto en la reforma laboral. Identificaron al sospechoso, se allanó una vivienda y secuestraron un celular.
La escalada de hostigamiento en política con las redes sociales cruzó un límite. La diputada nacional Karina Maureira fue amenazada de muerte luego de su primera intervención en el Congreso de la Nación y tras votar a favor de la ley de reforma laboral.
Todo comenzó con críticas en redes sociales y derivó en mensajes privados con un tenor mucho más grave. Un hombre residente en Neuquén le escribió que, si la encontraba en la ciudad, “la prendería fuego”. En otro mensaje directo fue todavía más explícito: “te voy a hacer mierda”.
La situación dejó de ser una disputa política, y de linchamiento sin freno que ocurre en estos casos -muchas veces desigual-, para transformarse en un caso penal.
Según adelantó la periodista Majo Carrascal en el programa Línea Abierta de LU5, luego de su primera intervención en el Congreso de la Nación -el pasado 19 de diciembre- Maureira comenzó a recibir una ola de mensajes. Más allá de la recepción pública de su voto, algunos usuarios avanzaron hacia el hostigamiento privado.
LM Neuquén pudo comprobar con fuentes directas a la diputada de La Neuquinidad que esas amenazas efectivamente fueron contundentes y que se radicó una denuncia penal. "No se puede dejar pasar esta situación", indicaron.
Uno de ellos, un hombre que vive en Neuquén, envió mensajes con violencia extrema. No fueron simples agravios. Fueron amenazas concretas. La diputada se sintió amedrentada y decidió denunciar.
La presentación se realizó el 20 de febrero mediante un correo electrónico enviado a la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, que dirige el fiscal Diego Azcárate. A partir de allí intervino el Ministerio Público Fiscal.
El pasado domingo por la mañana se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén.
El procedimiento fue solicitado por el fiscal Azcárate, autorizado por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, y ejecutado por la Policía provincial.
Durante el operativo, se secuestró un teléfono celular, y se identificó y demoró a un varón. El sospechoso fue notificado de la investigación en curso. El MPF le impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la diputada. Tras esa notificación, recuperó la libertad.
Según informó oficialmente las amenazas fueron materializadas a través de Facebook, tal como quedó especificado en la denuncia. El trabajo conjunto entre el MPF, el Departamento de Delitos contra la Propiedad y la DAFI de la Policía permitió identificar al presunto autor.
Ahora, el avance del caso dependerá del análisis del contenido del dispositivo secuestrado.
El episodio pone sobre la mesa un tema casi incontrolable, que es el límite entre la crítica política y la violencia directa por redes sociales. En este caso, no se trató de una discusión ideológica ni de una confrontación verbal, sino de una amenaza explícita: “Si la encuentro la prendo fuego”.
La Justicia ya intervino y la investigación sigue abierta.
El pasado 19 de febrero, Maureira votó a favor de la ley de reforma laboral, aclaró que no acompañaría aquello que considere que vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores. En medio de su intervención en la Cámara de Diputados, se emocionó al pedir que la normativa no incluya el capítulo 26, donde se deroga el estatuto de los periodistas.
Maureira, reconocida periodista en la región, en su discurso en Diputados hizo un pedido especial a considerar el capítulo 26, afectará la ley 12.1908 del estatuto de los periodistas. "Es lo único que tenemos para poder salir adelante en nuestro trabajo", dijo y agregó: "Estamos ante una regulación sectorial con una norma vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión y con el derecho de la sociedad a estar informada".
Explicó que el estatuto del periodista tiene un sentido histórico y jurídico que excede lo contractual y que fue concebido para otorgar condiciones de estabilidad en una actividad que cumple un rol estructural. "No se trata de un privilegio corporativo, se trata de una herramienta institucional que lo que busca es preservar la independencia profesional frente a las presiones económicas o políticas. La libertad de expresión no es solamente un derecho individual del periodista, es un derecho colectivo de la ciudadanía", dijo la diputada.
No pudo contener la emoción, se dirigió a sus pares e indicó: "Por eso es que voy a pedirles realmente que, más allá de las diferencias que podamos tener políticamente, ideológicamente en nuestras estructuras y en nuestros espacios, por favor rechacemos el 26".
Finalmente, añadió: "Por favor, no avalamos el capítulo 26, como tampoco podría avalar otros, pero voy a acompañar a mi provincia. Porque mi provincia es un ejemplo y voy a seguir defendiéndola contra todo, porque quiero que la tomen de ejemplo".