El fallo formaliza el pacto alcanzado en mayo pasado, cuando el acusado modificó su defensa original —que pretendía enfrentar un juicio por jurados— y admitió su responsabilidad en los delitos económicos. A cambio de dicha confesión, la Fiscalía retiró de la causa la imputación por narcotráfico internacional, la cual contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de cárcel.
Fraude millonario y maniobras con aviones
La investigación reconstruyó un esquema de captación de inversiones fraudulentas mediante la compraventa simulada de aeronaves. Machado operaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing en Florida, en combinación con empresas de Oklahoma dedicadas al depósito en garantía. Su socia estadounidense en esta red, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya había sido condenada en 2023 a cumplir 16 años de prisión.
Entre las maniobras acreditadas en el expediente figuran la comercialización ficticia de aviones vinculados a firmas de China, Japón y Air India. En uno de esos contratos, firmado en noviembre de 2020 por un depósito reembolsable de 5 millones de dólares, se constató que 550.000 dólares fueron desviados directamente a cuentas personales de Machado para fines totalmente ajenos a la transacción.
Allegados al empresario indicaron a La Nación que confían en que pueda recuperar la libertad en el corto plazo. La defensa solicitó que se le compute el tiempo que permaneció detenido en la Argentina desde su arresto en el aeropuerto de Neuquén en abril de 2021 hasta su traslado a Texas, lo que restaría cuatro años y medio de cumplimiento efectivo. En tanto, el tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de febrero de 2027 para determinar el monto final de la reparación económica.
El impacto judicial en la política argentina
La condena de Machado vuelve a proyectar consecuencias directas sobre el ámbito político nacional. En la causa estadounidense consta una transferencia bancaria de 200.000 dólares realizada en enero de 2020 a favor del dirigente José Luis Espert, vinculada a una aeronave de matrícula N28FM que el empresario facilitaba para los traslados del economista durante su campaña presidencial de 2019.
El exdiputado argumentó en su momento que esa suma respondía a un adelanto por un contrato de consultoría minera en Guatemala que finalmente se canceló por la pandemia. Sin embargo, en octubre pasado, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó a Espert por presunto lavado de activos, trabándole un embargo de 1000 millones de pesos junto a la prohibición de salir del país, decisión que el legislador apeló tras rechazar las acusaciones
