Las jóvenes tenían 25 y 33 años. Las familias piden investigar el hecho y dieron a conocer las graves irregularidades.
Ya pasaron dos meses del incendio en la cárcel de mujeres de Bouwer, en Córdoba, que provocó la muerte de dos internas. Las víctimas que perdieron la vida el pasado 20 de diciembre fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza y María Flavia Ramallo, de 25 y 33 años respectivamente.
Este martes, las familias se movilizaron para exigir justicia y pedir a su vez una investigación profunda sobre como ocurrió la muerte de ambas. El caso generó un fuerte impacto debido a que ambas se encontraban en celdas de aislamiento y no lograron salir a tiempo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de las regionales Río Tercero y Villa María, denunció que "una de ellas estaba en celda de aislamiento y reclamaban también por los traslados compulsivos que ejecuta el servicio penitenciario como mecanismo de tortura y castigo hacia las internas".
La mamá de Agostina, Valeria Soledad Romero, presentó un pedido formal para ser querellante y reclamó: "Queremos saber qué pasó realmente y que se haga justicia".
El caso generó fuerte impacto por las condiciones de detención y la responsabilidad del Estado en la custodia de las personas privadas de libertad.
Romero exige participar activamente en todos los actos procesales y manifestó: "No voy a descansar hasta que se esclarezca la muerte de mi hija".
El incendio ocurrió durante la madrugada, cuando Pedraza se encontraba alojada junto a Evelin Romina Charras, cuando se desató el fuego que terminó con la vida de ambas. La denuncia sostiene que la joven no tenía condena firme y estaba bajo custodia exclusiva del Estado.
Su traslado a Bouwer buscaba facilitar el contacto con sus allegados durante las fiestas, especialmente con su hija menor.
"El Estado tenía el deber jurídico de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de libertad", afirmó Romero en la presentación judicial, reveló Infobae.
Desde la querella se reclama que se investigue si los agentes penitenciarios intentaron modificar sus declaraciones tras una reunión con las jefas de los módulos y si existieron conductas orientadas a encubrir los hechos posteriores al incendio.
Allegados a las víctimas remarcaron que "hubo pedidos de auxilio" y que otras reclusas fueron evacuadas antes que ellas. Por este motivo, insisten con que se investigue si existió abandono de persona o incluso homicidio agravado por abuso de función.
La querella, representada por el letrado Diego Casado, apunta a una serie de presuntas fallas en los protocolos de seguridad del penal. Familiares aseguran que las condiciones de detención eran un gran peligro.
Desde colchones inflamables y un presunto encendedor hasta matafuegos sin funcionar dentro de las celdas. Al mismo tiempo denuncian que las autoridades tardaron en abrir las puertas, pese a los pedidos de auxilio de Pedraza.
Por el momento la causa avanza en los tribunales provinciales, la querella solicitó la revisión de los protocolos contra incendios, los registros de mantenimiento de los equipos de emergencia, la nómina del personal de guardia, las imágenes de seguridad y peritajes técnicos, entre otras medidas.
Asimismo, reclamaron que se tomen testimonios de testigos, internas y personal médico para reconstruir lo que realmente pasó esa noche.