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La queja es por las percepciones en jurisdicciones donde las empresas no están inscriptas.
Entidades empresarias y contadores a nivel nacional se disponen a dar batalla contra el Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias. Las quejas son de todo tipo, pero lo que más se cuestiona es el régimen de percepción.
El esquema es el siguiente. Si una empresa radicada en la Provincia de Buenos Aires le vende a otra empresa o una persona que tiene su domicilio en una provincia, paga el tributo en la jurisdicción donde está radicada, en la del cliente aunque no esté inscripta.
Las empresas y profesionales se quejan porque de ese modo se está generando en la práctica una doble imposición. A nivel nacional existe un sistema que compensa los saldos entre provincias, denominado convenio multilateral. Ese mecanismo, por ahora, no ha resuelto este problema. Las empresas acumulan saldos a favor que no se pueden aplicar contra nada.
Al respecto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) firmó con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) un convenio de colaboración para analizar las consecuencias del Consenso Fiscal 2021.
En una nota, la CAME señala que debido a ese acuerdo “miles de pymes sufren retenciones y percepciones del Impuesto a los Ingresos Brutos de jurisdicciones que no están inscriptas en la actualidad”.
“Eso termina constituyendo un costo adicional para las pequeñas y medianas empresas”, se quejaron los empresarios.
Además, la entidad expresó que “se estudió la problemática de los saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos y se planteó la necesidad de conformar una mesa técnica para elaborar la propuesta de un nuevo acuerdo fiscal que impida la situación casi anárquica que se da en algunas provincias con la creación de distintas retenciones y percepciones”.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de CAME, Alfredo Gónzalez; el director de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo; el titular de FACPCE, José Ignacio Luis Simonella, y su secretario, Oscar Fernández.
Aunque las aduanas internas están prohibidas por la Constitución Nacional, algunas jurisdicciones implementan medidas fiscales que las asemejan. Están cobrando un anticipo de Ingresos Brutos a los camiones que entran a su territorio con mercaderías.
Es decir, aunque el producto que se transporta todavía no haya sido vendido en el mercado local, ya están pagando el impuesto por anticipado.
Los tres casos hasta ahora son los de Misiones, Formosa y Jujuy. Un informe de la Cámara Empresaria de Misiones (CEM) señala que debido a ese esquema el 64% de un grupo de empresas pymes encuestadas indicó que perdió un proveedor en el último año.
Eso se debe, según revela el estudio elaborado entre 287 casos, a que los proveedores de Buenos Aires y Gran Buenos Aires están dejando de vender a ese distrito.
El relevamiento desarrollado por la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM arrojó también otros datos relevantes que grafican la situación actual que el empresariado misionero sortea a diario. Señala que el 84% de las empresas traslada eso se traslada a los precios al precio final, por “hasta el doble y el triple”.