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La fiscalía dio por terminada la investigación, y antes de pedir la elevación a juicio, la ex primera dama dio a conocer su postura. Los detalles.
El fiscal federal Ramiro González finalizó la instrucción de la causa por presunta violencia de género que denunció la ex primera dama Fabiola Yáñez, contra el expresidente Alberto Fernández. Ahora comenzó la ronda de consultas para enviar el caso a sorteo de Tribunal Oral y, tanto la querella como la defensa, tienen seis días hábiles para presentar por escrito su opinión al respecto, aunque podrían pedir prórroga, informaron fuentes judiciales.
Hasta el momento, ninguna de las partes concretó ese paso necesario para que luego el juez del caso Julián Ercolini resuelva si hace lugar al planteo fiscal y envía la causa a juicio. En este sentido, se indicó que Yáñez pedirá 12 años de cárcel para el expresidente.
El pedido por parte de los abogados de la ex primera dama se basará en plantearle a los fiscales que están de acuerdo, con elevar a juicio el caso y que, tomando en cuenta la sumatoria de todos los hechos que ellos tienen comprobados, más las amenazas coactivas, le correspondería 12 años de condena.
"Se han materializado todas aquellas partes pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario", se indica en el dictamen del fiscal.
En estos momentos Fernández se encuentra procesado y embargado por $10 millones, acusado de lesiones contra la ex primera dama en un "contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder" entre ambos desde 2016 hasta agosto de 2024.
Aún así, respecto al reclamo de una pena de 12 años de prisión, se podrá realizar al término del juicio y a la hora de su alegato, quedará en condiciones de reclamar la pena máxima si considera que en el debate oral quedaron probadas las acusaciones. Ya sea reclamando la pena mínima o algún otro monto, de cualquier forma se trata de expectativas de condenas que contemplan la prisión efectiva.
El fiscal González dio por cerrada este lunes la investigación "sin perjuicio de que las partes consideren que aún restan por producirse medidas de prueba" por entender que todas las necesarias, y "pertinentes" ya se hicieron.
En abril de este año, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex mandatario por lesiones leves en dos oportunidades, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género, relación asimétrica de poder y amenazas con un embargo de diez millones de pesos.
Con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara sostuvo que durante esos años existió un vínculo marcado por la "desigualdad de poder" y "violencia habitual y constante", especialmente de tipo psicológica, pero también con episodios físicos recurrentes.
Según el fallo, los hechos se produjeron en un entorno de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad. “Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, señalaron los jueces.