Cinco personas fueron detenidas tras una investigación por intoxicación y trata laboral tras la muerte de un empleado expuesto a gases tóxicos.
Una presunta red de trata y explotación laboral que sometía a trabajadores a condiciones insalubres durante el reciclaje de baterías de automóviles fue desarticulada en la provincia de Buenos Aires. Los operativos permitieron rescatar a 14 personas con distintos grados de intoxicación, detener a cinco sospechosos y clausurar dos fábricas clandestinas en la localidad de Malvinas Argentinas.
La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y se inició después de la muerte de un trabajador que se había intoxicado con gases nocivos en una planta industrial de Tortuguitas. Los cinco detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia, acusados por presunta infracción a la normativa sobre trata de personas y por homicidio culposo.
La causa comenzó a partir de una denuncia realizada por un hospital público tras el fallecimiento de un operario en un establecimiento donde presuntamente se fundían distintos tipos de metales pesados. Los estudios forenses practicados al hombre detectaron elevados niveles de plomo en sangre, un elemento clave para avanzar con las sospechas sobre las condiciones laborales en la planta.
Al tomar conocimiento del caso, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Las primeras evaluaciones indicaron que varias personas podrían estar sometidas a explotación laboral y expuestas de manera constante a sustancias altamente tóxicas.
A partir de los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de la aseguradora, además del testimonio de un familiar del trabajador fallecido, los investigadores identificaron un segundo predio que no estaba declarado ante ninguna autoridad.
Ante esos elementos, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta y con intervención de la Secretaría Nº 8, encabezada por María Eugenia Negrello, encomendó la investigación urgente al Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal.
Las tareas de campo y de inteligencia permitieron establecer que los empleados vivían en contenedores instalados dentro de los establecimientos y no contaban con los elementos de protección adecuados para las tareas insalubres que realizaban.
Las condiciones de explotación se agravaban por la exposición constante a los vapores generados durante la fundición de plomo y otros metales, además de la manipulación de ácidos y productos químicos altamente tóxicos y contaminantes utilizados en el reciclaje y la fabricación de baterías.
Con los elementos reunidos, el juzgado ordenó allanar las dos plantas ubicadas en las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en Malvinas Argentinas. Durante los procedimientos fueron rescatadas 14 víctimas mayores de edad, la mayoría provenientes de la provincia de Misiones.
Los trabajadores fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos para someterse a estudios médicos de alta complejidad, destinados a determinar sus niveles de intoxicación por metales pesados. Una vez finalizadas las evaluaciones, quedaron bajo la custodia y contención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata.
El avance de la investigación permitió identificar otros cuatro domicilios vinculados con la causa, ubicados en las localidades de Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz. Por orden judicial, la Policía Federal realizó allanamientos en esos inmuebles y detuvo a tres mujeres y un hombre, señalados como presuntos integrantes de la organización.
Uno de los procedimientos se destacó por la detención de una de las imputadas cuando llegaba a una propiedad situada sobre la calle La Pista. En su poder, los efectivos encontraron una valija con distintos elementos de prueba que, según la hipótesis de los investigadores, habría intentado ocultar para obstaculizar el avance de la causa.
Durante los operativos también se secuestraron un automóvil, una computadora portátil, cuatro CPU, seis teléfonos celulares y abundante documentación, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.
El quinto detenido fue señalado como el presunto líder de la organización y propietario de la empresa investigada. Se trata de un hombre de 84 años que, ante el avance de las pesquisas, se presentó espontáneamente en el juzgado junto con su abogado. A requerimiento del magistrado, fue identificado y detenido. Además, se realizó un procedimiento en su vivienda, ubicada sobre la calle Urquiza, en el partido de Tres de Febrero.
Los cinco sospechosos quedaron a disposición del juez Culotta, acusados por presunta infracción a la normativa vigente en materia de trata de personas y por homicidio culposo. La investigación busca determinar las responsabilidades de cada uno en la explotación de los trabajadores y en las circunstancias que derivaron en la muerte del operario.
Ante el conocimiento o la sospecha de hechos vinculados con la trata de personas, se puede realizar una denuncia gratuita y anónima a través de la Línea 145, disponible en todo el país durante las 24 horas, todos los días del año.
El servicio recibe denuncias por posibles situaciones de explotación laboral, explotación sexual y otros delitos relacionados. La información aportada puede contribuir a detectar estos casos, impulsar investigaciones judiciales y proteger a las personas afectadas.