El antecedente judicial vincula a Sebastián Favre con un trágico accidente aéreo en el que murieron dos personas.
Sebastián Favre, el ex piloto de avión de 49 años que fue filmado mientras le disparaba a carpinchos en Nordelta en un pijama de cuadros, no es un desconocido en la Justicia. En abril pasado el juez federal de Campana Adrián González Charvay lo embargó por $ 300 millones y lo procesó por defraudación mediante abuso de confianza y tras un episodio que tuvo un saldo trágico.
La causa en su contra comenzó en octubre de 2021, cuando fue denunciado por la firma “Compañía de Trade S.A.”, propietaria de una aeronave de aviación general modelo Piper PA-24, Comanche 180, que se encontraba en guarda en el centro de vuelo Zárate S.A., propiedad de Favre y ubicado en Colectora Norte, Km. 83, de Zárate. La empresa le pagaba mensualmente el servicio de hangaraje.
Según detalló Infobae, la firma aclaró en el expediente que los responsables del centro de vuelo tenían las llaves de la aeronave, para poder moverlo dentro del hangar y, eventualmente, ponerlo en marcha para evitar su deterioro, y que oportunamente se había designado formalmente a un piloto para que sea el comandante, o en su defecto, el piloto de seguridad, quien, en ambos casos, debía estar siempre a bordo.
El 22 de agosto de ese año, cuando todavía regían las restricciones por la pandemia de COVID, el avión ligero se desplomó en proximidades de Maldonado, en Uruguay, en la zona de las Sierras de las Ánimas. Sus dos jóvenes tripulantes murieron.
La compañía aérea tomó conocimiento que, días antes, el 18 de agosto, una persona llamada Lucas Guzmán, a quien desconocían, había solicitado a la ANAC la aprobación del vuelo a Punta del Este, desde San Fernando. Nunca fueron notificados del movimiento. A bordo viajarían autorizados por el organismo, Kevin Alonso Raggio y Pamboukdjian Acevedo.
El primero era instructor en el Hangar de Zárate, donde -supuestamente- permanecía la aeronave. Luego, se supo que Alonso y Acevedo iban a recoger a dos pasajeros en el país vecino.
Cerca de las 13 del día del accidente, recibió un llamado del Centro de Control Ezeiza, debido a que la aeronave perdió contacto con los controladores de Montevideo y le solicitaban al dueño de la aeronave que aporte un número de teléfono del piloto para contactarlo, con el fin de constatar si había aterrizado en algún lado o si había decidido regresar al Aeropuerto de origen.
Horas más tarde, la Fuerza Aérea Uruguaya le informó que habían encontrado los restos de la aeronave y de sus ocupantes, según publica Infobae.
Con intervención del fiscal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó la investigación en torno al caso. Determinaron que Guzmán era un despachante de la empresa “Aerowise S.A.” y que Favre, junto a Alonso, había estado la tarde previa al accidente en el hangar del aeropuerto de San Fernando donde el Piper había sido dispuesto antes del vuelo.
El ahora conocido vecino de Nordelta regresó al día siguiente con el piloto de la aeronave y Acevedo. Favre se retiró por tierra, mientras que sus dos acompañantes abordaron la aeronave.
La Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación de la República Oriental del Uruguay informó que el piloto fallecido poseía una autorización del dueño de la aeronave para volar como piloto al mando. Según la investigación, era falsa.
Alono y Acevedo iban a buscar a una mujer y a su hija que debía realizarse estudios médicos a raíz de una quemadura de primer grado en el pecho. La pasajera había tomado conocimiento, a través de un chat de mujeres de Punta del Este, de un flyer que ofrecía vuelos hacia San Fernando, con el número de teléfono de contacto para la cotización.
La mujer, que declaró como testigo, indicó que se comunicó con una persona de nombre “Franco”, quien luego de conversar, le envió fotos de la aeronave y el certificado de esta, propiedad de la firma “Compañía de Trade S.A.”. Por el vuelo debía abonar USD 750, más USD 250 por gastos de aeropuerto.
En tanto, Favre sostuvo en su descargo que el avión se utilizaba con autorización del denunciante, Diego Lanús, piloto y socio de la empresa propietaria. Si bien se negó a declarar en la indagatoria, presentó dos descargos escritos en agosto de 2024.
Según su versión, Lanús tenía deudas por el hangaraje y había autorizado expresamente la realización de vuelos comerciales y gestiones de venta del avión para cubrirlas. Como respaldo, mencionó la entrega de las llaves y de toda la documentación de la aeronave, los registros de vuelos y conversaciones de WhatsApp que, sostuvo, demostraban que Lanús conocía y consentía esas actividades.
También señaló que ambos coordinaron gestiones tras el accidente y que el comportamiento del denunciante no reflejaba sorpresa ante un supuesto uso no autorizado. Por último, afirmó que la denuncia buscaba desligar a Lanús de eventuales responsabilidades civiles por el siniestro, cubrir la falta de un seguro adecuado y obtener pruebas mediante la causa penal.
Sin embargo, Favre no pudo acreditar los argumentos de su defensa, por lo que Charvay decidió procesarlo y embargarlo. No tuvo responsabilidad en las muertes.
Ahora, a Favre se lo investiga por maltrato animal, por haber disparado contra un grupo de carpinchos desde el jardín de su casa en Nordelta el 17 de septiembre. Tras la denuncia de la Asociación Vecinal Nordelta, la Policía allanó su domicilio y secuestró un arma de aire comprimido. Además, recibió una multa interna de $4,5 millones.